REVES JUDICIAL
12-03-2022

La Justicia impugnó el convenio entre IRSA y el GCBA por la Costanera Sur

El juzgado en lo Contencioso Nº10 dio lugar a un amparo presentado por organizaciones sociales en las que se solicitaba la nulidad de ese convenio, a fin de evitar la construcción de torres en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors.

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En las últimas horas el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, sufrió un duro revés, es que el juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 10, a cargo de Aurelio Ammirato, dio lugar a un amparo colectivo presentado por organizaciones sociales que pedía la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el GCBA y la empresa IRSA, el cual buscaba habilitar un emprendimiento inmobiliario en unos terrenos situados en la Costanera Sur.

El amparo colectivo había sido impulsado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (La Defe). En el mismo criticaron  “la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final”. 

Según informó el portal de noticias Télam, la sentencia dictada por Ammirato sostiene que “el procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio urbanístico está viciado, en tanto omitió la instancia participativa que la ley impone” y añade que “este vicio del trámite se traslada al convenio que es su consecuencia y a la ley que lo aprobó”.

Con estos argumentos, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo entablada “admitiendo en parte la pretensión formulada en la ampliación de la demanda, y, en consecuencia, acogiendo la impugnación del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA”.

Al respecto de este fallo judicial, el abogado patrocinante de la causa judicial y del ODC, Jonatan Baldiviezo, señaló que “firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes” y sentenció que “este fallo viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”.