Después del encuentro entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la líder de la Tupac Amaru, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual prevén expresar su preocupación por el estado de salud de Milagro Sala y manifiesta su repudio por el “hostigamiento y la persecución que contra ella ejercen el Gobierno y el Poder Judicial de la provincia de Jujuy”.
En los fundamentos de la iniciativa, los opositores recordaron que Sala fue internada el pasado 28 de junio en la clínica Los Lapachos de San Salvador de Jujuy ante un delicado cuadro de trombosis venosa profunda. “Aún estando internada, Milagro es constante y persistentemente hostigada por efectivos de la policía de Jujuy que se encuentran dentro y fuera de su habitación, portando armas, registrando cada movimiento”, indicaron y precisaron que “este cuadro representa una grave violación al derecho a la salud y la intimidad de Milagro y se enmarca en la activa persecución que llevan adelante contra ella el Gobierno y el Poder Judicial de la provincia, responsables de que Milagro Sala lleve más de seis años como presa política”.
Al mismo tiempo que plantearon que la situación de la dirigente “despierta gran preocupación en materia de derechos humanos y podemos afirmar que es una de las primeras víctimas del lawfare en nuestro país” y rememoraron que “fue detenida en enero de 2016 por acampar en una plaza y se la mantuvo privada de su libertad en primer término solo con una orden de prisión preventiva. La proliferación de causas promovidas desde el poder político de Jujuy llegan al absurdo de haberla denunciado por tirar huevos al actual gobernador, Gerardo Morales”.
“En 2020, se conocieron expresiones de Pablo Baca, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, donde admitía que Milagro estaba presa ‘porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos’. Al día de la fecha lleva 2.358 días privada de su libertad sin sentencia firme a cumplir condena efectiva de prisión”, añadieron.
Sobre esa misma línea indicaron que “hoy la salud y la vida de Milagro están en riesgo. Desde el año 2017 existe una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para todas las autoridades de nuestro país que ordena proteger la integridad física y psíquica de Milagro. Su incumplimiento genera responsabilidad internacional para el Estado nacional” y concluyeron señalando que “en ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por Horacio Pietragalla Corti, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y a las autoridades judiciales de Jujuy que tomen las medidas necesarias para que frene de una vez el hostigamiento padecido por la dirigente”.
El texto lleva la firma de Lucía Campora, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Maia Daer, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Berenice Iañez, Juan Pablo Modarelli, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Claudia Neira, Cecilia Segura, Manuel Socias, Magdalena Tiesso y Franco Vitali.
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