El diputado de Consenso Federal (CF) y uno de los más recientes aliados de Ramiro Marra y el liberalismo porteño, Eugenio Casielles, presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual buscará que esa Casa exprese su intención de “liberarse de los instrumentos jurídicos nacionales que imposibilitan que la ciudadanía decida sobre la aplicación de la pena capital para delitos graves”.
En los fundamentos del polémico proyecto, Casielles aseveró que en la Ciudad se produjeron más de 100 homicidios dolosos y que en el último año que se tiene registro (2020) esa cifra aumentó un 22% con respecto al año anterior. “Más allá de los homicidios dolosos, otros crímenes de una gravedad inhumana como violaciones y violentos ataques a los más vulnerables de nuestra comunidad, se suceden a diario”, agregó.
A la vez que precisó que “todo esto acontece en un distrito cuya inversión anual en seguridad supera los 53 mil pesos por habitante. Semejante esfuerzo de los contribuyentes porteños en garantizar seguridad la no tiene como correlato una vida sin miedo como la que todos merecemos” y remarcó que “el presupuesto en seguridad se puede y debe aumentar. Tenemos que tener a las fuerzas de seguridad equipadas y capacitadas para afrontar con las mejores herramientas a esta delincuencia enraizada. El sistema penitenciario también debe sufrir una reforma integral para lograr cumplir la Ley en un punto tan crítico como es la necesidad de reinserción de los convictos”.
Sobre esa misma línea, Casielles argumentó que “un elemento remarcado desde los sectores abolicionistas es que la solución debe partir en la causa del problema, siendo esta la vulnerabilidad económica o las desigualdades sociales. Sobre este punto me permito un comentario, la responsabilidad del diseño de una sociedad con un sistema social y económico que permita y fomente el ascenso social es de la clase dirigente” y consideró que “esta clase es la que ha fracasado rotundamente en garantizar el estado de derecho y la libertad necesarios para que la sociedad florezca en la sana competencia que dictan nuestras las normas de la democracia liberal”.
“Frente al fracaso de la política tradicional en su defensa al delincuente, aferrándose a la doctrina abolicionista, hay quienes siguen alagando que se debe atacar simplemente la causa del delito, que reside en el proceso de socialización y educación de los ciudadanos. Con esta declaración no se refuta la totalidad de este discurso. Se comprende que mientras de mitigan la delincuencia desde sus causas sociales. Se debe avanzar hacia un sistema penal que desincentive tajantemente los delitos con castigos efectivos y un régimen penitenciario enfocado en la reinserción, pero justo para las víctimas y los contribuyente”, añadió.
Al mismo tiempo que afirmó que “frente a los peores delitos imaginables, el castigo de la privación de la libertad bajo un régimen de reeducación no es suficiente como respuesta estatal. Los asesinatos, los tratos inhumanos a niños o adultos mayores y las violaciones son actos cuya represalia no se puede asemejar a otros distanciamientos de la Ley” y subrayó que “el régimen de castigo que como sociedad le damos a delincuentes que cometen semejantes actos debe ser cercano al mal que ellos produjeron, no únicamente para aleccionar y desincentivar, sino para ser moralmente justos. Un sistema de valores moral y justo es condición necesaria para que vivamos en una sociedad prospera”.
Además remarcó que “nuestro federalismo nos manda a respetar las autonomías locales. Esta forma de organizar el territorio otorga más libertad a los ciudadanos para que en el proceso democrático su voz tenga mayor repercusión. Los ciudadanos son libres en la medida que se dan a si mismo sus propias reglas. En una sociedad, esas reglas deben ser comunes así las libertades se potencian, estableciéndose los límites necesarios” y detalló que “el Estado Nacional Argentino se ha encargado de sobrepasarse de sus competencias invadiendo la libertad y la autodeterminación de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. El tema que nos convoca es un claro ejemplo de esta vulneración a los principios federales”.
“Entre las normas nacionales que imposibilitan a la Ciudad de tener un debate alrededor de la aplicación de pena capital a las que se hace referencia en el texto del proyecto son, se destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece en el inciso 3 del artículo 4° que “no se establecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”. Sin embargo, Argentina no la ha abolido ya que nunca tuvo pena capital para ningún delito”, agregó.
Finalmente, Casielles concluyó señalando que “la decisión sobre la implementación de la pena capital debe ser exclusiva de la ciudadanía porteña. Por lo cual necesitamos poder decidir autónomamente en materia penal y dejar de sufrir los impedimentos nacionales para tener una efectiva democracia en nuestro distrito”.
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