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Además de elegir Jefe de Gobierno, legisladores y comuneros, el domingo 5 de julio los ciudadanos de la Comuna 9 participarán de la primera consulta popular de la Ciudad sobre el nombre de la zona, que se realizará por el flamante sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) que debutará en esa fecha.

Así, los vecinos de Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda deberán aprobar o no que la Comuna 9 pase a denominarse Lisandro de la Torre, nombre propuesto a partir del frigorífico homónimo, fundado en 1923 en Mataderos, que constituye parte inescindible de la identidad de esa zona.

De esta manera, en las máquinas de BUE destinadas a estos barrios, el sistema estará configurado para que aparezca una pantalla adicional con la leyenda: “Apruebo que la actual Comuna 9 pase a denominarse ´Lisandro de la Torre' Sí / No / No Participo de la Consulta".

Este procedimiento sin precedentes en la Ciudad es el resultado de una iniciativa llevada a cabo a fines de 2014 por la Junta Comunal 9, que fue aprobada a principios de junio de este año por unanimidad por el Tribunal Superior de Justicia y que tuvo acompañamiento de ciertos legisladores.

Por caso, la diputada María Rosa Muiños (Frente para la Victoria), titular de la Comisión de Descentralización, que tiene entre sus expedientes el tratamiento de proyectos que buscan reformar la Ley de Comunas para especificar más sus competencias, respaldó la iniciativa y criticó la falta de difusión del gobierno porteño.

“En el caso de la Comuna 9, el Gobierno debe encargarse además de comunicarles a los ciudadanos que tienen el derecho por ley a participar de la consulta popular. Hasta el momento los candidatos del PRO no han cumplido con nada y siguen demostrando que no quieren una sociedad informada, que conozca sus derechos y que participe en la toma de decisiones”, opinó Muiños.

El frigorífico recibió el nombre de “Lisandro de la Torre” en la gestión presidencial de Juan Domingo Perón, como reconocimiento a quien se enfrentó y denunció a la corrupción de su época y a las grandes corporaciones y grupos económicos extranjeros en pos de proteger a las empresas y al trabajo local. Durante el gobierno de Arturo Frondizi, y ante el peligro de despidos, los nueve mil obreros tomaron el establecimiento para evitar su venta, historia que varios conocen en la zona.

Con todo, se trata de la primera vez que la Ciudad utilizará la herramienta de la consulta popular. “Que sea algo novedoso y sin antecedentes es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, que viola una y otra vez la ley y bloquea toda posibilidad de participación y de descentralización del poder”, achacó Muiños.

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