Las repercusiones por la detención del jefe de la Policía de la Ciudad. Legisladores del oficialismo y la oposición analizan los costos políticos para el gobierno de Rodríguez Larreta por el escándalo de corrupción policial. Mientras la Justicia continúa investigando, José Pedro Potocar sigue preso.
La detención de José Pedro Potocar sigue su curso hasta nuevo aviso. Se lo señala como supuesto jefe de una oscura red de comisarios acusados de coimear a comerciantes y trapitos de Núñez y Saavedra, a cambio de protección policial.
La trama que se vislumbra detrás de la caída del mandamás de la Policía de la Ciudad esconde variadas aristas: pa-ses de factura entre miembros de la fuerza, cruces por la designación, “arrepentidos”, e incluso un prófugo, entre otras cosas.
El fiscal de la causa, José María Campagnoli, aseveró en su acusación que “la organización delictiva era dirigida por Potocar". Ricardo Farías, juez a cargo de la investigación, denegó el pedido de excarcelación y afirmó que el por ahora suspendido jefe policial tiene suficientes medios para "en-torpecer el curso de la investigación".
Más allá de la resolución judicial del tema, en el seno del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, persiste la preocupación por las consecuencias políticas que podría dejar el affaire a pocos meses de las elecciones de medio término. Revista Qué pudo consultar a diferentes actores políticos, quienes opinaron sobre el escándalo.
Por caso, el legislador Gabriel Fuks (Corriente Nacional de la Militancia), planteó al respecto: “Me parece correcto que el Gobierno haya decidido suspenderlo a Potocar hasta que termine la investigación. Lo que no me parece es que la investigación comenzó antes de que Potocar fuera nombrado jefe de la fuerza. El Gobierno tenía que estar en cono-cimiento de eso”.
Otro punto de conflicto fue el contexto del nombramiento de Potocar. Fuks recordó que el Gobierno porteño sostenía que un civil iba a ser el nuevo jefe de la fuerza. “Se implantó una cláusula transitoria en la ley de seguridad, que votamos el año pasado, que sostenía que el primer nombramiento no tenía que atravesar una serie de equerimientos, y que fue preparado para nombrar efectivamente a una persona, sin atravesar los requisitos de audiencia pública y los pedidos de información sobre los antecedentes”, apuntó el Legislador porteño.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, diputado Juan Pablo Arenaza (PRO), justificó lo actuado en la designación de Potocar: “El Jefe de Gobierno hizo lo que dictó la ley votada por 55 diputados. Una cláusula transitoria permitía a Rodríguez Larreta designar el primer Jefe de la Policía. Independientemente de eso, cualquier ciudadano podía acercarse y hacer una presentación a la Comisión de Seguridad, cosa que no ocurrió”.
En tanto, Gustavo Vera, legislador por Bien Común, hizo hincapié en la falta de controles de las jefa-turas policiales: “Fue un gran error haber hecho el traspaso sin inventario, sin revisar ni dar a conocer, por lo menos a los legisladores, las declaraciones juradas con los patrimonios de todos estos comisarios. ¿Quién chequea los ante-cedentes para elegir jefes policiales? No sabemos.
Desde la Legislatura, habíamos exigido que se pidieran las declaraciones juradas de los comisarios porque, desde el jefe de brigada hacia arriba, ninguno pasa el test de enriquecimiento ilícito”, sentenció el titular de la ONG La Alameda.
El legislador Gabriel Fuks expresó su parecer político al respecto: “Lo que veo es que hay una pérdida de credibilidad por parte del gobierno de la Ciudad. Se está despilfarrando el crédito que se tiene cuando se construye una fuerza nueva, basada en un consenso que sur-ge de la ley que votó la gran mayoría de los diputados, prácticamente en conjunto”.
Por otra parte, desde el oficialismo, intentan minimizar la cuestión política. Arenaza aseveró que el tema “es totalmente judicial”. El diputado macrista negó la versión que indicaría que la detención del exjefe policial se debe a pases de factura dentro de la misma fuerza: “De ninguna manera esto es una interna”, indicó. Y para finalizar, Arenaza apuntó: “Nosotros queremos una policía transparente, y estamos trabajando en ese sentido; por eso, el Gobierno lo suspendió, para que la Justicia actúe”.
Además, señaló que la oposición, en otro momento, defendía a Milani hasta último momento y al fiscal Campagnoli lo perseguían” pero, “ahora, cambiaron las cosas, y creemos que la Justicia tiene que investigar. Estamos trabajando por una Policía que sea transparente”, remató el Legislador del PRO.
¿COMO QUEDA PARADO LARRETA?
En otro orden, Qué entabló diálogo con diversos consultores y especialistas políticos, que dieron su punto de vista acerca de cómo puede afectar el escándalo policial a Rodrí-guez Larreta, en vísperas de lo que significan, para su mandato, las elecciones de medio término de octubre.
Tal es el caso del especialista Carlos Germano, que opinó que el asunto no salpica al mandamás capitalino en sus aspiraciones electorales. “La investigación está abierta y no se está ocultando nada”, explicó, y añadió: “Mediáticamente, no está la idea de que Larreta obstruye la investigación, sino al contrario”. También sostuvo: “Veo una oposición con críticas menores y que no está haciendo un uso político del asunto. Lo de Potocar no afecta políticamente a Larreta”.
Asimismo, Roberto Bacman, titular de CEOP, apuntó: “No es bueno lo que pasó. El tiempo dirá si este asunto toma o no tenor electoral. Por ahora, la candidata del PRO en la Ciudad es Carrió, y tiene una intención de voto alta. Veremos si lo de Potocar se convierte en un tema de campaña o no”.
Opiniones van, opiniones vienen, y el caso Potocar asoma como una réplica del de Jorge “Fino” Palacios, mandamás de la Metropolitana, en el que terminó involucrado Mauricio Macri. En este caso, Larreta pareciera escaparles a ciertas responsabilidades.
“La policía nació muerta”
El presidente del FIT en la Legislatura porteña, Marcelo Ramal, pidió la presencia del ministro Martín Ocampo en el recinto y expresó: “La policía de la Ciudad nació muerta”, al tiempo que agregó: “Estamos frente a una crisis política y es un tema que se debe debatir en el recinto”.
Legislatura “fuera de la realidad”
La diputada kirchnerista, Paula Penacca, que pertenece a la comisión de seguridad en la Legislatura porteña, le dijo a Qué que “es una vergüenza que con todas las cosas que suceden en términos de seguridad, y con la cantidad de normativas que están pendientes de debate y de sanción (hay más de 30 proyectos de diferentes bloques que no son tratados), la comisión de seguridad no se está reuniendo”.
Y agregó: “Hay un incumplimiento tácito de no poner en debate los temas vinculados con la seguridad cuando, al mismo tiempo, hay un funcionamiento irregular de la policía que termina con el jefe de la misma preso (nombrado apenas hace 4 meses), a causa de una denuncia de corrupción; y esta casa legislativa pareciera estar fuera de la realidad, sin poder formar parte del proceso natural del funcionamiento del Estado, donde el Poder Legislativo tiene que cumplir un rol. Es un reclamo que estamos llevando a cabo los diputados de todos los bloques”, finalizó Penacca.
Cláusula transitoria impuesta
El diputado massista, Javier Gentilini, dialogó con Qué sobre la detención de Potocar, y dijo que “el artículo 77 de la Ley de Seguridad que votamos el año pasado, en la Legislatura porteña, establece que el Gobierno debe publicar en el Boletín Oficial, durante 10 días, los antecedentes del jefe de la Policía de la Ciudad, previamente a su designación, para que puedan hacerse eventuales impugnaciones”.
Sin embargo, “el oficialismo se empecinó en imponer una cláusula transitoria para eludir este mecanismo en el caso del primer jefe de la nueva fuerza. Al momento de la votación de la norma, fuimos varios bloques los que nos opusimos a esta cláusula. Por lo tanto, no nos extraña que hoy tengamos que estar pasando por esta grave situación institucional de tener al responsable de la nueva policía preso”, señaló el Legislador.
Potocar rompió el silencio
El Jefe de la Policía escribió una carta pública a puño y letra en la que asegura tener “vocación de servicio”, y continúa: “Amo mi profesión. Basta con preguntar a los vecinos, a cuántos de ellos tuve el placer de recibir, escuchando, cara a cara, sus problemas, siempre para intentar dar una solución acorde a la del servicio público para el cual me formé. Siempre estuve a disposición de la Justicia y nunca evadí mis responsabilidades. No puedo entender, entonces, por qué, con nula prueba, se me priva de mi libertad”.
Caso Potocar: “La punta del iceberg”
“La comisión de seguridad en la Legislatura es como una arteria tapada. Hay más de 30 proyectos que no se han discutido, y la Ciudad tiene un Jefe de la policía que está siendo investigado. La comisaría 35 es la punta del iceberg”, dijo el legislador de Corriente Nacional de la Militancia, Gabriel Fuks.
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