En medio de la crisis económica que atraviesa el país, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un proyecto de ley que establece una nueva moratoria por 10 años para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), en el que se incluirán deudas vencidas al 31 de julio del 2019 y el plazo para inscribirse finalizará el 31 de diciembre próximo. En ese marco, funcionarios del Ejecutivo participaron de la reunión para explicar el proyecto y aclarar dudas de los legisladores. El Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos -AGIP-, Andrés Ballotta, tomó la palabra e hizo un repaso por los puntos principales. La propuesta normativa propicia "una condonación de ciertos tributos de escasa significación y que para los contribuyentes en el contexto actual son administrativa y económicamente difíciles de enfrentar", según manifestaron. La dispensa abarca los gravámenes que inciden sobre el Abasto, Cajas metálicas -volquetes, Mesas y Sillas; Plataformas Gastronómicas; Calesitas o Carruseles -todos tributos no vigentes al día de la fecha- y los gravámenes que recaen sobre Quioscos de venta de flores y Toldos y/o Parasoles. Este beneficio está dirigido exclusivamente a los contribuyentes que revisten el carácter de PyMEs o personas humanas, no incluidas en el sistema referido. Además, se prorrogan los beneficios establecidos en la Ley N° 6.169, que exime del Impuesto de Sellos a las operaciones de compraventa de ciertos automóviles O Km o sin uso, hasta el 31 de diciembre de 2019. Por otra parte se propone establecer un Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, con importantes beneficios para pequeños y medianos contribuyentes -PyMEs o personas humanas-, a fin de salvaguardar su capital de trabajo y coadyuvar a su reactivación económica. Entre los principales aspectos a destacar del citado Régimen, pueden señalarse la condonación de intereses y sanciones, el otorgamiento de un plazo de hasta 120 cuotas para pequeños y medianos contribuyentes -PyMEs o personas humanas-, la realización del primer pago a los 90 días, el levantamiento de embargos a aquellos contribuyentes y/o responsables que regularicen su situación, la posibilidad de refinanciar planes caducos, así como de incluir retenciones y percepciones y de culminar con las acciones penales iniciadas, entre otros. Estos beneficios resultan temporales, ya que el proyecto prevé que el acogimiento no podrá exceder el último día del corriente año. El proyecto de ley tiene pedido de tratamiento preferencial por el Pleno según lo solicitara el oficialismo para la Sesión Ordinaria del próximo jueves 5 de septiembre. |