Vínculo precarizado

La brutal muerte de Cinthia Choque, una trabajadora de la Ciudad que se encontraba precarizada por el Estado, dejó al descubierto las irregularidades laborales que sufre una gran cantidad de personas en el territorio porteño, distrito con el presupuesto más alto del país ($358.103.864.457). La joven de 28 años que murió atropellada estaba contratada como monotributista por la Dirección de Tránsito, que dirige Juan José Méndez.  

Según datos que surgen de un pedido de información pública presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, desde que Horacio Rodríguez Larreta asumió, en diciembre de 2015, el Gobierno porteño sumó 22 mil nuevos contratados y empleados de planta en el Ejecutivo, que creció de 160 mil a 182 mil trabajadores. 

De los números oficiales se desprende también que del total de 182.000 emplea-dos públicos, apenas 46.841 son de planta permanente, es decir, menos del 30 por ciento. De ese total, 1.795 son personas con discapacidad, el 3,83 por ciento (por debajo del 5 por ciento que exige la ley). Mientras que los contratados, a través del monotributo suman 135 mil.

La falta de garantías socioeconómicas se replica en otros sectores sensibles de la Ciudad. Es que entre los 130 mil trabajadores de la educación, sólo un 29% goza de plena estabilidad, con cargos titularizados, mientras que el resto se divide entre puestos de suplencia, interinatos o transitorios. Además, entre los 84 mil empleados que incluyen funcionarios y autoridades superiores, según estimaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), alrededor de 17 mil se desempeñaban bajo diversas modalidades precarias de contratación (sea monotributistas o contratados con modalidades de renovación anual y sin estabilidad). Se trata del 20% de la planta total.

“El ‘monotributo’ como modalidad de contratación es una de las tantas que precarizan el empleo en una ciudad que tiene un nivel de recaudación equiparable al de países europeos. En la cartera educativa, pese a la lucha docente que había logrado incorporar al estatuto a la mayoría de los programas socioeducativos, aún persistían formas precarias de contratación, como FINES, Centro de Actividades Infantiles y Juveniles y Educación No Formal. Sin embargo, en los últimos tres años, la flexibilización laboral en educación propia del neoliberalismo aumentó drásticamente con nuevas estrategias. Una de ellas es la tercerización de servicios educativos a empresas o fundaciones”, opinaron el secretario general y el de Comunicación de UTE, Eduardo López y Mariano Denegris, en una columna de opinión.

Lo cierto es que a fines del 2015, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que acataría la orden de Nación de reducir la estructura gubernamental que, entre 2014 y 2015 -último año de gestión de Mauricio Macri- había aumentado 3,7 por ciento. Sin embargo, cuatro años después, el crecimiento fue de un 13 por ciento. 

En ese marco, el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, manifestó que el incremento de empleados (dentro del Gobierno capitalino) no se refleja en la garantía y protección de los derechos de los sectores más vulnerables”, y recordó “el vaciamiento del Bue-nos Aires Presente (BAP), que atiende a personas en situación de calle, o del Programa de Créditos Colectivos Autogestionados, para cooperativas, son una clara muestra de esto”.

Otro caso representativo del accionar de la administración larretista con respecto a los derechos de los trabajadores es el caso de los enfermeros de la Ciudad, que, como oportunamente contó Revista Qué, pusieron el grito en el cielo después de que los legisladores oficialistas votaran la modificación de la ordenanza 41.455, y se transformó en la ley que re-gula el régimen de los profesionales de la Salud porteña. 

Lo que enfurece a los licenciados en enfermería es que, como la nueva ley no los reconoce (continúan su labor como “personal técnico administrativo”), aunque realizan una carrera de cinco años, perciben menor salario, discrecionalidad en las designaciones (el Poder Ejecutivo tiene la facultad de designar y remover a las autoridades hospitalarias) y menos derechos laborales. 

El peronismo quiere precisiones
La presidenta del bloque Peronista de la Legislatura, María Rosa Muiños, presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo informe sobre diferentes puntos relacionados con la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial. “Nos interesa saber ciertas cuestiones en las que, aparentemente, el Poder Ejecutivo y el Cuerpo de Agentes de Tránsito brindan información diferente. Por ejemplo, la modalidad de contratación que tiene la mayoría de los agentes o si tienen cobertura de salud o para Accidentes de Riesgo de Trabajo (ART), ya que ellos afirman que carecen de los mismos”, indicó Muiños. 

Ley de Seguridad Pública, vulnerada
Desde el peronismo señalan que según información que surge del Presupuesto 2019, “sobre un total de 2.600 agentes, 1.700 serían monotributistas, sin seguro, a pesar de que existe la ley de Seguridad Pública, que enmarca su actividad, los reconoce como funcionarios públicos y establece que todos deberían tener esa jerarquía dentro del Gobierno y ser planta permanente”.

Exigen que Moccia dé explicaciones
Los legisladores de la izquierda Gabriel Solano (PO-FIT), Myriam Bregman (PTS-FIT) y Laura Marrone (IZ) exigen que se cite al ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, a la comisión legislativa del Palacio capitalino, que se encarga de esa área, para que dé explicaciones sobre la modalidad de contratación de los trabajadores, las medidas de seguridad con las que cuentan, las horas de labor, los turnos que realizan, si se acredita de alguna forma la antigüedad, cómo funciona su régimen de vacaciones, si cuentan con aguinaldo, entre otras solicitudes. “Lo de Cinthia y Santiago se da en un contexto de precarización y desidia. Nuestra solidaridad con los agentes de tránsito que reclaman pase a planta y mejores condiciones  laborales”, dijo Myriam Bregman

Promesas que no se concretan
Agentes de tránsito aseguran que “cada vez que llega diciembre escuchamos la promesa de que nos van a pasar a planta transitoria, pero no ocurre”.

El Gobierno, no cumple la ley
Desde la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información señalaron que “al 14/05/2019, la dotación de Planta Permanente del Escalafón General de la administración Pública del GCABA es de 46.841, de la cuales 1.795 son 
personas con discapacidad”. Es decir un 3 por ciento cuando la ley establece que debe haber al menos un 5 por ciento.

Mismos reclamos desde hace años
En 2016, la Auditoría General porteña remarcó la necesidad de normalizar la situación laboral de los agentes de tránsito. En ese entonces, el documento elaborado por el organismo descentralizado señalaba que los trabajadores “padecen situaciones de violencia de parte de los infractores, de los ‘trapitos’, con choferes y ayudantes de grúas, además de la demarcación y señalamiento de lugares prohibidos para estacionar, lo que acarrea problemas e inseguridad a la hora de desempeñarse laboralmente”. En ese sentido habían solicitado al Director General prestar “atención a lo observado respecto de la capacitación de los integrantes del Cuerpo de Agentes, por cuanto ‘promover la capacitación permanente de los agentes’ es una de las funciones” del área.