Los clubes de barrio de la Ciudad continúan en la disputa del partido más difícil. Es que ya pasaron más de tres años de la ostensible suba en los servicios de luz, gas y agua y sólo algunas entidades sociales pudieron salir adelante, el resto se encuentra en aprietos por no poder paliar los costos.
La situación se podría comparar con la crisis del 2001 y hasta con la película Luna de Avellaneda, filme que refleja la delicada situación que vivían los clubes en la década del 90. La analogía cabe perfectamente.
La batalla librada por los clubes de barrio 20 años atrás no se aleja mucho de la actualidad: aumentos tarifarios exorbitantes, cese de actividades y medidas drásticas, como el cierre de piletas y la baja de servicios esenciales para mantener la supervivencia de esos espacios sociales sin fines de lucro.
En diálogo con Revista Qué, el presidente del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines (OSECBA), Cristian Font, relató la delicada situación que vive el club Sportivo Devoto, que, por una deuda que tiene con el servicio de agua (AySA), empresa constituida mayoritariamente por el Estado, puede llegar a perder la propiedad.
“Estudios de abogados que poseen las deudas de esas empresas prestadoras de servicio empiezan a iniciar acciones legales contra los clubes porque las deudas que tenemos son millonarias, a tal punto que Sportivo Devoto recibió una carta documento en la que se notifica que si no paga la deuda en efectivo pueden llegar a rematarles la propiedad”, explica el dirigente. Agrega que “a esa problemática se suman los clubes que debieron pasar de tener red de gas natural a gas envasado y muchos se vieron obligados a cerrar sus piletas y gimnasios”.
Astutos, desde el Gobierno porteño, y en plena campaña electoral, a través de la resolución N° 142/SECDCI/19, crearon el Programa de Ayuda a las Instituciones Deportivas de la Ciudad, que consiste en “brindar apoyo y fomentar la labor de dichas instituciones mediante el otorgamiento de una ayuda económica para hacer frente al pago de las tarifas de servicios públicos, y así proveer al normal funcionamiento de sus actividades”, según detalla la resolución.
Indignados, desde el Observatorio de Clubes de Barrio dijeron a este medio que la medida es una “especie de extorsión y burla, porque ese dinero tenía que ser destinado para pagar
servicios y a los clubes le llegan facturas de más de 300 mil pesos, y que te den una ayuda de 50 mil pesos, no alcanza. Nos parece que hay una doble moral y son medidas hipócritas, que tienen que ver más con un tiempo electoral que con ayudar a los clubes de manera seria y responsable”.
A la problemática se le suma que alrededor de un cuarenta por ciento de los clubes de la Ciudad tienen problemas con la documentación que exige el gobierno larretista para que estén habilitados o puedan ingresar en el RUID (Registro Unico de Instituciones Deportivas).
“El Gobierno nos controla como su fuéramos empresas, no pueden entender que somos asociaciones civiles sin fines de lucro que buscamos el bien común de los porteños”, dijeron varios dirigentes de clubes de barrio que solicitaron no exponer los nombres de las instituciones porque “el Gobierno de Rodríguez Larreta toma represalias, nos manda a clausurar y nos hace la vida imposible”.
Revista Qué consultó a la Coordinación Operativa de Servicios Públicos, que de-pende de la Defensoría del Pueblo, sobre la problemática que atraviesan las entidades sociales, y desde el organismo señalaron que han recibido consultas de representantes de clubes de barrio “por aumentos excesivos en las facturas de gas durante el período invernal. Estos aumentos se deben a que en las instalaciones de la mayoría de los clubes de barrio de la CABA cuentan con natatorios (piletas climatizadas), lo que impacta directamente en las facturaciones de gas”.
Las instituciones barriales tampoco escapan de los negocios inmobiliarios tan asiduos durante la administración de Rodríguez Larreta. Según dijeron los propios dirigentes a este medio, “el Gobierno porteño está tratando de fundir un club en la zona de Caballito para instalar un shopping para los turistas”. La misma situación vive una institución en el barrio de Palermo.
“Es lamentable que un Estado, que debería proteger a las instituciones que tienen más de 100 años de historia, las trata de fundir para generar emprendimientos inmobiliarios”, remarcaron. La venta de tierras del Tiro Federal es un caso emblemático, ya que el predio se vendió a Landmark Buenos Aires por $5.620 millones.
La empresa es de la familia Werthein, vinculada al presidente del Comité Olímpico Argentino y del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevaron a cabo en la Ciudad en 2018.
Un rol social, imprescindible
El principal ingreso de los clubes barriales es la cuota social, que sólo el 30 por ciento de la masa societaria paga de forma efectiva. El arancel para que los vecinos realicen las diferentes actividades en un club no se asemeja con el nivel de gasto que requiere el funcionamiento de la entidad, y el pago de los servicios es sólo una de esas erogaciones.
Cabe destacar que los clubes son instituciones de puertas abiertas, es decir que la persona que no puede pagar la cuota, no deja de concurrir. Además, en tiempos de crisis, esos espacios “se han convertido en comedores comunitarios, en clubes de trueques, y hasta abrimos las puertas para que la gente sin techo encuentre un lugar donde poder pasar la noche y recibir un plato de comida dentro de nuestras instituciones”, dijeron a
Revista Qué desde la Unión Nacional de Clubes de barrio.
Cambio radical en las consultas
Desde la Defensoría del Pueblo dijeron a Qué que entre 2014 y 2015, los reclamos de los clubes eran dirigidos a consultas sobre trámites vinculados a la presentación de documentación ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y a temas de infraestructura y habilitaciones frente a requerimientos por parte del Gobierno porteño. Sin embargo, a partir del año 2016 y hasta la actualidad, “el eje de los reclamos cambió debido al aumento que esas instituciones tuvieron en las tarifas de los servicios públicos”.
La Defensoría interpuso un recurso de amparo a fin de que se arbitren los medios necesarios para que exista una tarifa social en los servicios públicos adecuada a las necesidades de las instituciones barriales.
Una salida postarifazo
Una de las estrategias que utilizaron los clubes barriales para enfrentar la crisis fue organizarse. “Los clubes de barrio, dentro de todo lo malo que nos pasó estos 4 años, pudimos organizarnos”, dice el dirigente. Añade: “Creamos un observatorio, la Confederación Argentina de Clubes, y trabajamos mancomunadamente para que los clubes podamos seguir sobreviviendo”.
Un club con “una deuda ilegítima”
El Club Sportivo Devoto recibió una intimación de embargo de las cuentas y del remate del inmueble por una deuda con AySA de 1.500.000 pesos. Desde la empresa de servicios de agua les propusieron abonar 700 mil pesos en efectivo y lo que resta en cuotas de más de 100 mil pesos. Del total de la deuda, 500 mil pesos son sólo de intereses.
Desde el club señalan que la deuda se generó debido a una pérdida que la empresa tenía en el inmueble, pero una vez que la repararon, el costo del servicio bajó de manera radical. “Con la pérdida de agua, la boleta era de $40 mil; una vez reparada, el costo bajó a $9 mil. Es una deuda ilegítima”, remarcan las autoridades.
En el RUID figuran 215 entidades
A través del Registro Unico de Instituciones Deportivas (RUID), los clubes de barrio deberían poder obtener diferentes tipos de subsidios, participar de los eventos, programas
y actividades organizadas desde la Ciudad, acceder a beneficios especiales y a tarifas sociales para servicios públicos. Además pueden solicitar la exención del pago de Ingresos Brutos y recibir asesoramiento legal y contable. Actualmente integran el Registro Unico de Instituciones Deportivas sólo 215 espacios, de los 350 clubes que existen en la Ciudad. Alrededor de 150 instituciones están al borde de la quiebra por no acceder a los subsidios y no poder afrontar los costos de las tarifas de los servicios.
Tarifas sociales para unos pocos
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, realizado sobre más de la mitad de los clubes de la Ciudad, se desprende que la mayor preocupación de los dirigentes se relaciona con el aumento en los servicios públicos, que en los últimos dos años se han incrementado en algunos casos hasta en un 400%.
Del informe surge que solamente el 22,58% accede a una tarifa diferenciada para el agua y apenas el 12,90% tiene acceso al beneficio para los servicios de gas y de electricidad, “situación que hasta la actualidad genera que se continúen atendiendo reclamos que buscan asesoramiento para el acceso a dichas tarifas sociales”.
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