Jóvenes en conflicto con la ley: avanza el proyecto que los manda a la villa para hacer negocios inmobiliarios

Larreta logró que los radicales le dieran los votos, con varias pretensiones, para avanza con un nuevo negocio inmobiliario para desafectar el dominio público de tres edificios cotizados en dólares donde funcionaban institutos de detención de menores. Los chicos serán enviados a un nuevo complejo, que construirán en una de las zonas más postergadas de la Ciudad.

El proyecto que se votó con el aval de Vamos Juntos y los radicales busca incorporar al código Urbanístico un "Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa", que impulsa nuevas normas urbanísticas en ese sector de Monte Castro para conformar “zona destinada a la localización de vivienda de densidad media, comercio, servicios y equipamiento de escala urbana”.

Se trata de los edificios y predios que corresponden al Centro de Régimen Cerrado “General San Martín”, ubicado en calle Baldomero Fernández Moreno 1783 y Curapaligüe 727, valuado en 14,5 millones de dólares; el Centro de Régimen Cerrado “Manuel Rocca”, en calle Segurola 1651, en desuso desde 2014 a causa de un incendio, valuado en 10,8 millones de dólares; y el Centro de Admisión y Derivación (C.A.D.), ex Instituto Inchausti, en calle Perón 2048, valuado en 1,2 millones. Es decir que con la venta de los tres predios, la administración larretista garantiza un negocio que rondaría los 26,5 millones de dólares.

Según detalla el proyecto, la venta de estos terrenos, codiciados por los especuladores inmobiliarios, serviría para solventar la construcción de un nuevo centro de detención para niñas, niños y adolescentes en una manzana frente a la villa 1-11-14, cuya edificación se estima en un costo de 18 millones de dólares. En ese sentido, la legisladora de la izquierda socialista, Laura Marrone, se preguntó: “¿A dónde van a parar los 8,5 millones de diferencia entre la venta de estas tierras y la construcción del nuevo centro de detención?”. Y se respondió: “Una posibilidad es que vaya al 20 % establecido por norma que permite sobreprecios en cualquier licitación sin ningún control del Estado, para enriquecer los bolsillos de las empresas privadas”.

Desde el radicalismo justificaron el voto positivo y en ese marco, Inés Gorbea, presidenta del bloque Evolucón, explicó que "acompañan porque los jóvenes van a estar en casas de 30 adolescentes como máximo, para que haya un trabajo personalizado". Además dijo que "se logró reducir la cantidad de adolescente con esas penas, ya que no hay más de 60 privados del a libertad, gracias al trabajo de la Justicia y las políticas llevadas a cabo por el poder ejecutivo”.

"Desde Evolución lograron que de estipulen las condiciones mínimas para los adolescentes" aunque "quedan cuestiones importantes para trabajar de cara a la segunda lectura, para que en la segunda lectura, de ninguna manera represente un retroceso para los jóvenes".

La presidenta del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, explicó todo lo contrario para justificar el voto negativo de su espacio y en ese sentido explicó que esta ley se comenzó a discutir hace dos años y "el proyecto tuvo que retirarse", por la falta de discusión y comunicación". Además recordó que el Ejecutivo volvió a insistir en abril de 2019, pero como legisladores tuvieron acceso a la norma complementaria un día antes de la última sesión del año. 

"Hay un diseño de un proyecto institucional que trata el por qué  queremos vender y por qué necesitamos construir un centro para los jóvenes con la ley penal, pero no tuvimos tiempo de leerlo porque ingresó ayer". Sin embargo, la parte que hace alusión "al diseño urbanístico no fue modificada". 

"Pedimos el giro a DDHH, Mujer y Justicia, pero no sucedió y nos e trató en ninguna comisión y de todas las preguntas que hicimos, no obtuvimos respuestas", denunció Muiños durante su intervención en el recinto.