Argentina
Viernes, 29 marzo 2024
DURAS CRITICAS AL PROYECTO
7 de mayo de 2020

Con apoyo acotado y la negativa del peronismo, la Emergencia Económica es ley en la Ciudad

Gracias al voto afirmativo de bloque oficialista, de los aliados políticos que supo forjar Larreta y del GEN , el polémico proyecto para establecer la emergencia económica en la Ciudad es ley. El Frente de Todos y los espacios de izquierda votaron en contra de la iniciativa.

Con apoyo acotado y la negativa del peronismo, la Emergencia Económica es ley en la Ciudad - Revista Que

El oficialismo porteño logró aprobar la emergencia económica con 38 votos positivos y 21 negativos. Con duras críticas a Rodríguez Larreta, los legisladores del bloque del Frente de Todos , el principal espacio opositor, y de las bancadas de la izquierda rechazaron el proyecto.

Debido al rechazo contundente del Frente de Todos que no permitió que se tratara el proyecto original en la sesión anterior, Rodríguez Larreta se vio obligado a modificar la iniciativa para asegurarse el apoyo de sus aliados políticos que también se habían mostrado disconformes con la ley .

El oficialismo porteño eliminó del texto legal el artículo 19, que habilitaba la posibilidad de pagar sueldos en cuotas a los empleados públicos y limitó las facultades para reasignar partidas frente a las necesidades generadas por la pandemia del coronavirus sin pasar por la Legislatura.

Como adelantó Revista Qué, el Frente de Todos cuestionó la iniciativa desde el primer momento y presentó una alternativa con el ojo puesto en los más vulnerados y el sector más golpeado de la Ciudad.

La vicepresidenta II de la Casa e integrante del bloque opositor, María Rosa Muiños, cuestionó que la ley de Larreta "no permite un control serio" de la reasignación de fondos. "No estamos para esconder lo que el Estado porteño no hace", agregó Muiños. "La ley de emergencia no cumple con ninguna de las cosas que solicitamos.

"Si la Comisión no lo solicita, la Auditoría de la Ciudad no interviene. Esta ley ordena de donde van a sacar a los recursos, pero no dice dónde van", afirmó Muiños.

Es que el proyecto crea una Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento que se encargará de controlar las medidas implementadas como consecuencia de la emergencia. El kirchnerismo pidió que esa comisión sea presidida por un legislador de la oposición , pero el oficialismo rechazó esa posibilidad.

Sobre la falta de consenso con el Frente de Todos, ya que el oficialismo no incorporó las modificaciones del peronismo, Leandro Santoro dijo que el jefe de gobierno porteño no buscó lograr un consenso con la oposición: "No había ninguna intención de incluir a otros sectores en la elaboración de esta ley", fustigó.

Sin embargo, los radicales no coincidieron con los dichos de del FdT ya que Juan Francisco Nosiglia manifestó que "Ante una emergencia económica, social y sanitaria extraordinaria y la recaudación tributaria de la Ciudad de abril cayó casi el 40% en términos reales. Por lo tanto, es necesario establecer un marco para que el Ejecutivo pueda reasignar partidas, priorizar los servicios esenciales para atravesar la pandemia y al mismo tiempo que la Legislatura cumpla con su rol", y agradeció las modificaciones que hizo el ejecutivo a pedido de su bloque.

Desde el oficialismo fueron tajantes antes de sancionar la ley, en ese marco, el presidente de la Comisión de Presupuesto Claudio Romero dijo que "nunca ninguna ley de emergencia tuvo tanto trabajo como esta ley". Además agregó que existe "la urgente necesidad de reorientar los recursos y de incrementar esa posibilidad en las áreas críticas, tales como la salud y el desarrollo humano; por el otro lado, enfrentar la brutal caída que estamos teniendo en los ingresos públicos”.

Asimismo afirmó que “no hemos previsto ningún despido, ninguna rebaja salarial y resaltó que “todos los empleados pueden quedarse tranquilos; el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su equipo decidió retirar el escalonamiento”.

El socialista Roy Cortina que forma parte del oficialismo porteño fue duro con la oposición "Todas las fuerzas políticas, cuando son opositoras, son críticas a las leyes de emergencia; peor cuando gobiernan, utilizan esas mismas leyes sin ningún tipo de problema" y  agregó que se trata de “una ley razonable", ya que "no genera ningún atisbo de irregularidad jurídica, busca darle herramientas al Estado para abordar una situación inédita a nivel nacional y mundial. Es una ley práctica”, sentenció.

En tanto, Sergio Abrevaya que sorprendió con su voto positivo dijo que se trata de “una ley de emergencia que era inevitable en este contexto" y agregó que presentó un proyecto previendo la caída de la recaudación "porque no se está trabajando y quien no trabaja no puede pagar impuestos” y señaló que “a su vez, si la Ciudad no recauda no tiene cómo financiar sus actividades, de ahí la lógica de endeudamiento y la emergencia de poder reordenar los ingresos”.

Los legisladores de izquierda también justificaron la negativa al proyecto de Larreta. En ese sentido Myriam Bregman del PTS-FIT dijo que es "la excusa perfecta es la pandemia y esta concentración de superpoderes pretenden presentarla como algo un poco mejor o más digerible, porque formaron una pomposa comisión de seguimiento”.

Su compañero Gabriel Solano del PO-FIT, agregó que son opositores a la emergencia económica de Larreta desde el primer día "por lo que dice y por lo que no también".

"No es cierto que no está en juego el empleo de los trabajadores, están en juego 18 mil puestos de trabajo; por ejemplo en el IVC el 70% de los trabajadores están contratados bajo locación de servicio”, sentenció el legislador porteño.

Marta Martinez de Autodeterminación y Libertad tampoco se quedó callada y expresó que no es otra cosa que un proyecto que le permitirá al Poder Ejecutivo poder reasignar partidas presupuestarias discrecionalmente, pagar salarios de manera escalonada y rebajar los ingresos de los trabajadores que perciban ingresos por encima de hasta tres salarios mínimos, como es el caso de la enorme mayoría de los docentes que realizan jornada doble, y congelar nuevas incorporaciones de personal”.

La Ley

La ley de Emergencia Económica aclara taxativamente que “los ahorros o incrementos de recursos que resultaren del ejercicio de las facultades” otorgadas por la emergencia “serán destinados a reforzar prioritariamente las acciones inherentes a la emergencia sanitaria”.

A partir de su publicación en el Boletín Oficial y hasta fin de año, el Gobierno porteño y las administraciones de los poderes Legislativo y Judicial, así como la Defensoría del Pueblo, quedan facultados a hacer modificaciones presupuestarias y reasignaciones de recursos hasta un monto equivalente al 5% anualizado de cada partida.

Se revisarán compras, contratos de obras y servicios, no podrán comprometerse nuevos gastos, ni designaciones ni ampliación de estructuras ni otorgarse nuevos beneficios o suplementos remunerativos.

“Quedan expresamente excluidos todos aquellos programas creados por leyes que tengan dentro de sus objetivos el otorgamiento de beneficios sociales a través de subsidios, ayudas o transferencias de cualquier tipo, a personas humanas. Asimismo, se encuentran excluidos los programas que se desarrollen en las áreas de salud, educación y desarrollo humano”, expresa uno de los artículos de la norma.

Las demás excepciones “deberán estar enmarcadas exclusivamente en la necesidad de garantizar el funcionamiento de servicios esenciales”.

Como explicó el miembro informante y presidente de la comisión legislativa de Presupuesto, el proyecto que se debatía funda sus razones en la caída de la recaudación fiscal como consecuencia del aislamiento preventivo de la pandemia que impidió muchas actividades productivas. Calculó el diputado Romero que la merma recaudatoria está en el orden del 40% desde el comienzo de la emergencia. Antes, las autoridades ejecutivas de Hacienda habían informado a los diputados que se prevé una caída anualizada de la recaudación impositiva de unos 80 mil millones de pesos.

Incentivos a contribuyentes

Se determinaron bonificaciones y descuentos para los contribuyentes, “a fin de incentivar el pago anticipado de las cuotas con vencimiento en el segundo semestre”. Estos beneficios llegarán hasta el 30% del total a tributar para ABL y Patentes.

Habrá un “reconocimiento de un crédito fiscal” para quienes opten por la modalidad de realizar el anticipo voluntaria del pago por Ingresos Brutos. “El porcentaje del crédito fiscal que se les reconocerá sobre el Anticipo Tributario Extraordinario no podrá exceder el 30% del monto que integre; el que será fijado en relación a la cantidad de anticipos y al plazo en el que se ingrese conforme lo establezca la reglamentación”, se estipuló.

El Anticipo Tributario Extraordinario junto con el crédito fiscal podrá ser utilizado a partir del 01/01/2021 para la cancelación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

A su vez, la Ciudad, “a través de los organismos competentes se abstendrá, hasta el día 30 de Junio de 2020 inclusive, de solicitar judicialmente la traba de medidas cautelares y/o ejecutorias en ejecuciones fiscales (embargos e inhibiciones generales de bienes)”. Ese plazo se podrá extender por el Poder Ejecutivo.

Principales medidas legisladas

- “Facúltase al Poder Ejecutivo a suspender y/o postergar la ejecución de programas creados por leyes específicas, debiendo reasignar y/o reorientar dichos recursos” a “las acciones inherentes a la emergencia sanitaria (…) y a dar respuesta a los efectos que la situación de emergencia económica produzca”.

- Se dispone la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos.

- El contratista, proveedor o concesionario sólo tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que fehacientemente probare haber incurrido con motivo del contrato y el reembolso se hará “una vez concluida la vigencia de la situación de emergencia Económica y Financiera”.

- Se prohíbe “el incremento de cargos en las estructuras orgánico funcionales de Autoridades Superiores y Régimen Gerencial del Poder Ejecutivo” y equivalentes en el resto de los poderes u organismos.

- No se podrán “instrumentar retribuciones extraordinarias ni beneficios, tales como bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales”. (Quedan exceptuados aquellos que se otorguen en el marco de la emergencia sanitaria y respecto de personal que efectúe concretas prestaciones en la materia).

- Se crea en el ámbito de la Legislatura la Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria, integrada por los presidentes de las comisiones de Salud y de Presupuesto más 9 legisladores designados por la Vicepresidencia primera de dicho cuerpo. Competerá a esa comisión “la verificación del estricto cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y sus resultados”.

 

 

 

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