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12/03
URBANIZACIÓN
El Gobierno porteño apuesta a que no haya más villas en cinco años
Diego Fernández, secretario de Integración Urbana y Social, dijo que el Ejecutivo porteño espera que “para el 2023, en la Ciudad de Buenos Aires, no haya barrios informales”. También aseguró que "la Villa 31 estará terminada arquitectónicamente en 2019".
El Gobierno porteño apuesta a que no haya más villas en cinco años
El Secretario de Integración Urbana y Social de la ciudad de Buenos Aires, Diego Fernández, afirmó que "la Villa 31 estará terminada arquitectónicamente en 2019". Y fue por más: expresó su anhelo de que, en sólo cinco años, no haya más villas en territorio porteño.

“El sueño que compartimos es que para el 2023, en la Ciudad de Buenos Aires, no haya barrios informales. Hoy tenemos el ocho por ciento de los porteños que viven en la informalidad”, dijo Fernández en una entrevista para el portal Infobae. 

Sobre la Villa 31, cuyo proceso de urbanización es uno de los ejes del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y no está exento de conflictos, Fernández sostuvo: “La parte física del proyecto va a terminarse para el 2019 aproximadamente. Pero la parte más importante del proyecto es el trabajo que estamos haciendo para que los vecinos que viven en la 31 se integren en la Ciudad, tengan más oportunidades de trabajo, puedan formalizar sus comercios, eso va a tomar más tiempo porque el desarrollo de las personas toma tiempo”.

Si bien aseguró que el año que viene la obra estará terminada, reconoció que por el momento sólo hay “siete plazas terminadas hechas a nuevo” y “aproximadamente el veinte por ciento de la infraestructura del barrio totalmente renovada”.

Sobre cómo están siendo recibidos los cambios en el barrio, Fernández señaló que “el primer cambio que hubo en la lógica del barrio es que la gente empieza a tener esperanza. Y cuando caminas en el barrio lo ves, la gente empieza a cambiar sus decisiones en función de ver un futuro mejor”. Recientemente se vieron, sin embargo, otro tipo de postales. Por ejemplo la del desalojo violento y sin orden judicial de una familia que se resistía a ser relocalizada en función de la traza de la nueva Autopista Illia. 

“La decisión de mover la autopista era una decisión de urbanizar o no el barrio 31. No se podía concretar el barrio con una autopista que lo atraviesa en la mitad. Si nosotros no movíamos la autopista íbamos a tener que mover a un montón de familias que estaban al lado de la autopista y el costo de mover a esas familias era mayor que el costo de hacer una nueva”, argumentó el funcionario.
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