Un proyecto de ley para agravar las penas a los conductores de vehículos que transporten pasajeros de manera ilegal, que incluyen la retención de la licencia de manejo y multas que rondarán los 200.000 pesos, comenzó a ser analizado en la Legislatura porteña, en un intento de frenar el avance de la empresa Uber.
Luego de decenas de casos de ataques de parte de personas que se oponen al funcionamiento de Uber como servicio de traslado de pasajeros, el bloque de Vamos Juntos puso en debate una iniciativa que, en rigor, modifica varios artículos del actual Código de Tránsito y Transporte.
De esta manera, la propuesta no se enfoca directamente en la problemática que se registra en las calles de la Ciudad, donde automovilistas son agredidos por desconocidos que les endilgan ser "choferes de Uber", sino que plantea cambios jurídicos para terminar con "el transporte ilegal".
El proyecto que fue debatido por los asesores de los diputados de las Comisiones de Tránsito y Transporte y Justicia, estipula que los agentes viales puedan retener la licencia de manejo en aquel conductor "que preste un servicio de transporte de pasajeros sin el permiso, autorización, concesión, habilitación, o inscripción que la normativa aplicable requiera, sin perjuicio de la sanción pertinente".
Y agrega la medida en los casos en que "el conductor de un servicio de transporte de pasajeros preste un servicio para el cual no está habilitado o en infracción al mismo".
"El transporte ilegal de pasajeros es muchas veces utilizado por desconocimiento o desinformación de los contribuyentes ya que no saben que el mismo no ha cumplido con los requisitos de un transporte de pasajeros legal. Los peligros e inconvenientes que esta situación pueda acarrear nos obligan a sumar esfuerzos para impedir que funcione en la ilegalidad", advierte el texto
Explica, también, que "las exigencias de esta reforma buscan mejorar la eficacia de estos controles teniendo mayores herramientas para sancionarlo e impedir que continúe incumpliendo la ley".
La reforma contempla multas económicas para "el/la titular o responsable de un vehículo que transporte pasajeros y que lo explote sin la autorización y/o habilitación para prestar el servicio establecida por la normativa vigente".
Puntualmente, propone multas de hasta 10.000 unidades fijas, que equivalen a montos que rondan los 200.000 pesos dado que su valor depende del precio del medio litro de nafta de mayor octanaje- y la inhabilitación para conducir de cinco a diez días.
Por otro lado, el legislador porteño, Marcelo Guouman, que responde al espacio Evolución, que lidera el diputado nacional Martín Lousteau, presentó semanas atrás un proyecto de ley para regular el "Transporte Privado de Pasajeros con Chofer" y establece las normas que regulan a los prestadores del servicio y a quienes ejerzan su administración mediante plataformas o aplicaciones de vinculación.
Según explicó el diputado, "el servicio que prestan este tipo de empresas es irregular y nuestro proyecto es regularlas".
"Informaron que trabajan unos 40.000 choferes para un millón de usuarios en la Ciudad y la Región Metropolitana, pero el oficialismo intenta penalizarlas con su iniciativa en lo que veo como una salida que no es convincente porque hay una negación al desafío que nos proponen las nuevas tecnologías", consideró. El proyecto propone, entre otros aspectos, una limitación geográfica para la circulación, la prohibición expresa del arrendamiento del vehículo, la exigencia de la inscripción en AFIP con su correspondiente pago actualizado y la obligatoriedad de las empresas de tener domicilio fiscal en la Ciudad e inscripción en todos los impuestos requeridos. |
