La iniciativa contempla que a ese predio se trasladen el Ministerio de Economía y Finanzas porteño, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y el Archivo General de la Nación. En esa unidad estatal convergerán diariamente 4.700 empleados de la Ciudad.
El Gobierno de la Ciudad construirá dos nuevos edificios, uno para el Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad y otro donde van a funcionar las oficinas centrales de la AGIP. Mientras que el Gobierno Nacional está construyendo en el mismo terreno un nuevo edificio para que el Archivo General de la Nación se mude de su actual ubicación en el Congreso. La iniciativa también contempla la apertura al tránsito de la calle Rondeau, que servirá como conexión entre el nuevo edificio y la futura sede del Archivo General de la Nación. En el proyecto se explica que esta ley "permitirá mejorar el entorno inmediato del inmueble en la que se asentaban las ex Unidades Carcelarias U1 y U16, teniendo en cuenta que las mismas no funcionan allí desde el año 2001". Además está prevista la apertura al tránsito de la calle Rondeau, que servirá como conexión entre el nuevo edificio y la futura sede del Archivo General de la Nación Un poco de historia El edifico actual de la excárcel de Caseros comenzó a construirse en 1960 bajo la presidencia de Arturo Frondizi, y luego de ciertas reformas fue inaugurado en 1979 por el presidente de facto Jorge Rafael Videla. En el mismo terreno existe todavía el edificio original de la cárcel, concebido en 1870 como Casa de Corrección de Menores Varones, y de valor histórico aunque sin uso. Luego de tres décadas de reclamos y quejas por parte de los vecinos de la zona, en el año 2000 se tomó la decisión de cerrar la cárcel y proceder a su demolición. En 2001, la Nación celebró un acuerdo con la Ciudad por el cual cedía esa manzana con el compromiso de que el Gobierno porteño se hiciera cargo de los gastos de demolición y de urbanización. Finalmente, en 2008 terminó la demolición manual, quedando sin demoler el muro perimetral para evitar intrusiones. El Gobierno Nacional de aquel entonces debía llamar a licitación para las obras civiles, pero nunca lo hizo: argumentó que la demolición no había terminado. |