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Jueves, 28 marzo 2024
SHOPPING IRSA
17 de abril de 2019

Permisos bajo sospecha

La empresa IRSA fue denunciada porque tendría vencidos permisos ambientales y accedió a certificaciones en sus shoppings que serían irregulares. Apuntan a la falta de controles de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad. La empresa niega que esté en falta.

Permisos bajo sospecha - Revista Que

Una denuncia del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) disparó la polémica sobre el otorgamiento y control de los permisos ambientales en territorio porteño. La empresa IRSA, propietaria de seis shoppings en CABA, quedó en la mira por tener vencidos los certificados de aptitud ambiental en cuatro de sus centros comerciales. En tanto, en los otros dos, los permisos vigentes estarían mal otorgados, debido a una incorrecta categorización.

Desde la ONG realizaron un pedido de información pública al Gobierno de la Ciudad sobre los permisos ambientales de los shoppings de la firma Inversiones y Representaciones S.A., más conocida como IRSA. Y argumentaron que pusieron la atención en el holding inmobiliario por haber estado judicializado a raíz de la falta de estudios de impacto ambiental. 

A partir de la información entregada por la Agencia de Protección Ambiental (APrA), desde el ODC notaron que “algunos shoppings nunca tuvieron permisos ambientales; como el Shopping Abasto, que está funcionando hace más de 20 años sin ningún tipo de permiso ambiental. Ni regularizó nunca su situación en estas dos décadas”. 

Agregaron que en otros casos se encontraron con que había certificados de aptitud ambiental vencidos; algunos hace más de cinco años, como en el caso del DOT Baires, y otros hace más de uno: Alto Palermo y Distrito Arcos. Y apuntaron que lo grave de la situación es que 
“no se ejerce el poder de policía que tiene la Ciudad de Buenos Aires”. 

Al respecto, Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y miembro del ODC, expresó que “la Agencia de Protección Ambiental, que es la máxima autoridad en temas de ambiente de la Ciudad, debería estar clausurando por no tener los permisos ambientales en regla. Es lo que suele hacer en los locales de la Ciudad. Es una obligación que tienen”.

En sintonía con lo señalado en la denuncia, el legislador porteño Marcelo Depierro (Mejor Ciudad) indicó: “Acá, la que está en falta es la Agencia de Protección Ambiental; porque ya hay fallos de la Justicia que dijeron que hay que hacer los estudios de impacto ambiental, y eso, APrA no lo está controlando”.

El diputado recordó que en octubre de 2018 se votaron en la Legislatura reformas a la ley N° 123 (de Impacto Ambiental). Una de las modificaciones del proyecto, impulsada por el Ejecutivo, proponía que APrA fuera la que determinara discrecionalmente qué era de impacto ambiental y qué no. 

El oficialismo desistió de esa iniciativa, que fue calificada como “un escándalo” por la oposición. Pero Depierro, quien es vicepresidente de la comisión de Ambiente de la Legislatura, aclaró que dentro de la normativa está vigente el punto que obliga a los centros comerciales, hipermercados y supermercados a seguir contando con los estudios de impacto ambiental.

Para poder conocer la postura oficial, Revista Qué tomó contacto con la Agencia de Protección Ambiental, dependiente de Ambiente y Espacio Público. Empleados del organismo manifestaron su voluntad de colaborar, pero dijeron que debían “consultar con sus superiores”. Este medio no obtuvo ninguna respuesta desde la cartera a cargo de Eduardo Macchiavelli.

A raíz de las denuncias, hace un tiempo se comenzó un proceso de regularización de los tres centros de compras que no estaban judicializados: Patio Bullrich, Paseo Alcorta y Buenos Aires Design, que ya no pertenece a IRSA. En estos tres últimos casos se categorizó a la actividad como de impacto ambiental “sin relevante efecto”; la usual cuando se construye un edificio de viviendas o se habilita un restaurante, casi una simple declaración jurada.

Desde el Observatorio sostuvieron que se está violando la ley 123, que establece que este tipo de actividades deben categorizarse como de impacto ambiental “con relevante efecto”. Según expertos, en los shoppings se llevan adelante actividades energívoras, es decir, que generan un gran consumo de energía, de impacto en los servicios públicos y de transformación barrial. 

Además plantearon que la irregular categorización exime a la empresa encargada de la obra de contratar a una consultora para que le haga el estudio de impacto ambiental, y de llamar a una audiencia pública. Qué se comunicó con representantes de IRSA, quienes aseguraron que las denuncias en su contra son “infundadas” y que no entienden “a qué obedece” la acusación (ver recuadro). 

Otro tema es la apropiación de tierra pública por parte de la firma inmobiliaria. En el ODC pusieron el ejemplo del Distrito Arcos, donde funcionaba una estación ferroviaria. Según apuntaron, por ley se le tendría que haber entregado el 65 % del predio a la Ciudad, y remarcaron que IRSA no entregó ni un metro. Una reciente sentencia judicial dispuso que la empresa debe compensar a la Capital con 23.000 m² de suelo o, bien, su equivalente en dinero. IRAS lo apeló, pero la ilegalidad seguiría vigente.

El ODC espera a ver qué hará la gestión Larreta, a través de las medidas que tome la APrA: si va a controlar, si convoca a audiencias públicas o si clausura los shoppings. “Vamos a ver la reacción que tiene el Gobierno ante esta denuncia y luego veremos si iniciamos o no acciones legales. Estamos evaluando comenzar por la cuestión de la ocupación del espacio público; luego veremos si avanzamos con la falta de los permisos ambientales”, finalizó Baldiviezo. 

IRSA asegura que son denuncias infundadas
Sobre la denuncia por irregularidades en los permisos ambientales hecha por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, desde IRSA dijeron que “es tan infundado todo lo que dice esta gente que no lo podemos creer. Honestamente, no entendemos a qué obedece esto”. Fuentes de la firma indicaron a Qué que todos sus shoppings “tienen su habilitación vigente, y hay una que está en trámite normal, que fue iniciado antes de que se venza”. Añadieron que el Distrito Arcos tenía permiso ambiental por cuatro años, otorgado en 2014, y que en el 2016 se inició el trámite para renovarlo. “Estamos en eso. Si no hubiéramos hecho nada estaríamos en falta, pero no lo estamos”, aseveraron desde la empresa. Como el Shopping Abasto y el Alto Palermo son anteriores a la ley 123 aclararon que ambos tienen sus certificados vigentes.

“Alto Palermo tuvo hace poco una audiencia pública por la ampliación; si hubiera habido algún tema ambiental habría salido ahí; y de hecho, se aprobó la ampliación porque estamos bien en el tema ambiental”, aclararon. Sobre Patio Bullrich expresaron que tiene Certificado de Aptitud Ambiental desde agosto de 2018 y vigente por 6 años. “Entonces, no sabemos qué es lo que está vencido”, agregaron. Además, el 13 de marzo presentaron el pedido de renovación para el DOT Baires. “Paseo Alcorta está vigente hasta 2023, y Buenos Aires Design ya no es nuestro, pese a lo cual lo entregamos con el certificado ambiental en vigencia”, finalizaron.

Una empresa sospechada siempre
La firma Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA), presidida por Eduardo Elsztain, siempre aparece involucrada en situaciones irregulares. Dedicada a los bienes raíces conforma, junto a otras empresas, el grupo inmobiliario más grande del país. Si bien también se dedica al desarrollo y venta de edificios de oficinas y residenciales, uno de sus puntos fuertes es la adquisición, desarrollo y explotación de centros comerciales. En la Ciudad se encuentran ubicados seis de los quince shoppings que maneja en el todo el país: Abasto Shopping, Paseo Alcorta, Alto Palermo, Patio Bullrich, DOT Baires Shopping y Distrito Arcos. Además de las irregularidades en los permisos ambientales, la empresa fue apuntada por la ocupación ilegal de tierras públicas, como en Distrito Arcos y en Abasto Shopping. 

Sin responsabilidad por la inundación
Cuando en 2013 se inundó el barrio Mitre, el Shopping DOT Baires fue acusado como responsable. Desde IRSA respondieron: “No es ninguna responsabilidad nuestra, en absoluto. Nunca la hubo. Eran acusaciones desde la política, y nosotros habíamos hecho todo lo que la Ciudad nos había pedido que hiciéramos”. Detallaron que “habíamos hecho un reservorio y una canalización del agua, justamente, para que el agua escurriera”. Y agregaron que “el barrio Mitre no se inundó por el agua que cayó sino porque está en el punto más bajo de la cuenca del arroyo Medrano”.

LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION #827 DE REVISTA LA TECLA

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