A la medida de Larreta

“Deberíamos haber insistido más”, dijo, con tono autocrítico, Horacio Rodríguez Larreta sobre el traspaso de la Justicia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Fue a principios de abril, en una entrevista televisiva, donde criticó la decisión de una jueza porteña de liberar a un motochorro tras un asalto. El jefe de Gobierno continuó con el sinceramiento: “Apenas Macri asume, nos traspasa la Policía. No fuimos tan enfáticos para que, de la mano de esto, nos pasen también la Justicia. Y ahí queda una pata floja. De esto me arrepiento, deberíamos haber insistido”. 

Luego recordó que en aquel momento, la idea era ir “paso a paso”. Primero, con la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad, y luego, con el traspaso de la Justicia. “Tendríamos que haber hecho todo junto y más rápido”, se lamentó el alcalde. 

Días después de esas declaraciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación envió un guiño político que puede jugar a favor del deseo de Larreta de contar con todas las competencias judiciales en su distrito. Dos fallos del máximo tribunal de Justicia nacional respaldaron la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y le dieron sustento institucional. 

El primero reconoció que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino es la instancia superior de los jueces nacionales que actúan en territorio porteño. De esta manera consideró que el carácter de jueces nacionales de los magistrados que juzgan delitos graves en la Ciudad es “transitorio”, pues la Justicia debe traspasarse. La sentencia va en sintonía con la idea de autonomía de la CABA planteada en la Constitución de 1994.

El segundo fallo de la Corte apuntó a la resolución de conflictos de competencia entre jueces nacionales. Antes, los resolvía la Cámara Nacional respectiva, y luego, la Corte Suprema. Pero ahora se estableció que es el TSJ el que debe dirimir los conflictos de competencia que se traben entre jueces nacionales, por ser una cuestión entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal. Este punto es clave, porque implica un aval explícito al traspaso de la Justicia nacional a la local. 

Pero, más allá de las sentencias del máximo tribunal, la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo un tema que despierta adeptos y detractores. Revista Qué consultó a actores políticos, gremiales y judiciales, quienes brindaron su punto de vista sobre el tema.

Daniel Presti, diputado y presidente de la comisión de Justicia en la Legislatura porteña, se mostró entusiasmado con últimas sentencias de la Corte. “Nosotros lo analizamos con optimismo, también teniendo presente lo que no debe discutirse a esta altura de los acontecimientos, que es la autonomía plena de la Ciudad. Y además hacer el traspaso definitivo de todos los fueros ordinarios de la Nación a la Ciudad, con sus presupuestos, con sus magistrados, con sus funcionarios, empleados y estructuras”, dijo a este medio.

El legislador de Vamos Juntos detalló que “en el país hay 24 jurisdicciones, y la única que tenía un procedimiento no igual a las otras 23 éramos nosotros. La Corte viene a poner equidad en una circunstancia y una desigualdad entre la Ciudad de Buenos Aires y las otras provincias”. El Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad hizo público su beneplácito para con los fallos del máximo tribunal. Y agregó que los mismos “significan un avance trascendente en la institucionalización de la Capital Federal”.

Desde el organismo que nuclea a los judiciales porteños expresaron que “estas decisiones (de la Corte) colocan a los ciudadanos de Buenos Aires en paridad con sus connacionales del resto del país”, y añadieron que las sentencias “vienen a subsanar un déficit en los derechos políticos que los vecinos de la Ciudad Autónoma padecían por la demora en hacer efectivas las mandas que la Constitución Nacional reformada en 1994 hizo sobre estas materias”.

Pero tras los fallos, también, surgieron las voces en contra del proyecto de traspaso judicial a CABA. Desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) dijeron que “lo que está haciendo la Corte hace un tiempo es diseñar institucionalmente el traspaso”. 

Pablo Serdán, secretario del Ministerio Público dentro de la UEJN, sostuvo que con la transferencia judicial “hay una especulación política del Gobierno de la Ciudad, que tiene la necesidad de continuar el ajuste que se está realizando a nivel nacional, por lo que necesitan tener sus propios jueces que no impidan ese ajuste”. 

El dirigente gremial planteó que, en caso de perder las elecciones presidenciales de octubre, con este traspaso, los funcionarios que integran el Gobierno de la Ciudad buscarían garantizar su impunidad, ya que serían juzgados por los propios magistrados que nombre CABA.

“Con el traspaso de personal y no de jueces, y a partir de la mayoría que tienen en el Consejo de la Magistratura de Ciudad, al ciento por ciento de los jueces nuevos los nombrarían ellos de cero. En caso de traspasarse la Justicia nacional a la Ciudad elegirían todos los jueces pena-les y laborales de un momento para otro”, advirtió Serdán. Consultado por qué la Asociación de Magistrados y la UEJN se oponen al cambio, Presti dijo: “Simple: por un tema de poder. Es claro”. Y lo argumentó en que la asociación “se va a quedar sin tantos jueces porque van a pasarse a la Ciudad, y en el sindicato, sin tantos afiliados, porque deben pasarse a la Ciudad”.

Desde la UEJN refutaron esa idea y recordaron que el gremio ya tiene una seccional en CABA. Asimismo sostuvieron que, si se traspasan los fueros nacionales, no perderán afiliados, sino que, simplemente, se cambiarán de jurisdicción. “Nosotros no perdemos ni 
un solo afiliado por el traspaso, perdemos afiliados si no luchamos contra el cambio, porque ningún trabajador de la Justicia nacional está dispuesto a perder derechos traspasando a la Ciudad”, concluyó Pablo Serdán. El debate continuará hasta tanto el Senado trate el tema. El desenlace sigue abierto.

Un paso más para concluir el cambio

Desde la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad reconocieron que, a partir de los fallos, “la Corte da un paso más, pues no sólo exhorta a las autoridades a concluir el traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, sino que además genera consecuencias concretas en el ámbito de su competencia”.

Desde el organismo a cargo de Hernán Najenson marcaron que con las demoras en la transferencia “está siendo vulnerada la autonomía de la Ciudad”. Y agregaron que “desde la Ciudad buscamos una Justicia más cercana y eficiente, donde las causas se esclarezcan en cierto tiempo. Es por lo que impulsamos una Justicia de datos abiertos, con transparencia en los índices de gestión”. 

“Para luchar contra la inseguridad necesitamos una Justicia comprometida con los valores de la Ciudad. Y esto se obtiene si son los representantes de la Ciudad quienes eligen a los jueces que van a juzgar los hechos que pasan en su territorio”, concluyeron.

La importancia de una Justicia local
Luis Duacastella Arbizu, Defensor Adjunto porteño, aseguró que el traspaso de la Justicia nacional a Ciudad “es un gran paso, que fortalecerá la Defensa Pública y la acercará más a la ciudadanía”. El representante del Ministerio Público de la Defensa de CABA consideró que “es muy importante que los porteños, como cualquier habitante de otra provincia, tengan su propia Justicia local”. Aseguró que “el traspaso aportará más herramientas para la Defensa Pública” y que la Justicia en la Ciudad “podrá ser aún más rápida y efectiva”.

Magistrados nacionales, en contra
A partir de los fallos de la Corte, los actores del mundo judicial expresaron sus posturas. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) reiteró su firme oposición al traspaso de la Justicia nacional al ámbito de la Ciudad.  “La medida genera sólidas objeciones de orden constitucional, pues CABA no es una provincia”, dijeron, y agregaron que “bajo ningún concepto puede variarse el estatus de un magistrado o funcionario nacional a partir de una ley”. También criticaron el régimen precario de derechos y garantías para jueces y funcionarios en cuanto a la remuneración, régimen jubilatorio y obra social. Además de los mecanismos de nombramiento y remoción de los magistrados.

Autonomía versus federalismo
El traspaso reavivó la vieja dicotomía entre federalistas y autonomistas. Los primeros sostienen que debe haber una ley que garantice los derechos del Estado nacional en la Ciudad. En tanto, los segundos dicen es “una locura” que jueces nacionales resuelvan cuestiones de los porteños (Ejemplo: un conflicto laboral o familiar).

Una comisión a cargo del traslado
El Gobierno porteño se tomó muy en serio el tema del traspaso de la Justicia. Para ello, mediante la ley 5569/16, creó la Comisión de Transferencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación a la CABA. La misma se dedica a la elaboración y ejecución de proyectos relacionados con la transferencia de competencias y fueros de la Justicia Nacional Ordinaria a la órbita de la Ciudad.Integran la mencionada comisión los doctores Darío Reynoso (presidente coordinador), Silvia Bianco y Anabella Hers Cabral (vocales), y Darío Ruiz (secretario).

LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION #828 DE REVISTA LA TELCA