Acuña habilitó la transferencia de más de $745 millones a escuelas privadas porteñas

Si hay algo que caracteriza al gobierno porteño es el ímpetu para mercantilizar la educación y apostar a la formación privada de los niños y jóvenes de la Ciudad. Al menos así lo demuestran los números en las ejecuciones presupuestarias y nuevos números para esa cartera en 2019. 

A través de la resolución N.° 3102/MEIGC/19 publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad, la ministra de Educación Soledad acuña le transfirió $745.821.242 a la Dirección General de Educación de Gestión Privada dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa.

El objeto de la transferencia colosal fue para solventar el pago del aporte gubernamental para los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior y las modalidades de Educación de Adultos, Especial, Artística, a percibir con los haberes del mes de abril de 2019 de los docentes de los Institutos Privados Incorporados de la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe recordar que en su edición #196 Revista Qué realizó la ejecución presupuestaria en la que El Ministerio de Educación e Innovación, tuvo subejecución otra vez. Aunque presentó cifras generales aceptables con un 20,92 por ciento de su partida presupuestaria devengada, se divisó un gasto muy lento en Infraestructura Escolar (8,66 por ciento), en el primer trimestre de 2018.
 
Otro dato saliente pasa por la diferencia existente entre las áreas de Educación de Gestión Estatal y las de Gestión Privada. Mientras que en la primera se ejecutó un 23,59 por ciento del dinero que tiene asignado, en la segunda se devengaron montos de forma impecable y se llegó al 25,21 por ciento. El karma educativo pasa por la infraestructura escolar.

Además de la creación de la Universidad Docente (UNICABA) que desfinanciará los más de 20 institutos de formación docente porteños, en terrenos de gran valor inmobiliario; además del decreto para cerrar las 14 escuelas nocturnas que el gobierno debió derogar, gracias a la lucha de estudiantes y docentes para que esos establecimientos continúen en funcionamiento.