Larreta logró la reforma judicial para poder controlar sus gastos

Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires sancionaron una ley que modifica las cartas orgánicas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público para coordinar y unificar criterios en materia de organización administrativa, presupuestaria y de gestión.

La iniciativa establece que un nuevo secretario será designado por los consejeros, con respaldo de la Legislatura. De acuerdo con sus funciones, el secretario podrá disponer de las contrataciones de bienes y servicios, la liquidación de sueldos y la ampliación o supresión de cargos dentro de la Justicia.

La Secretaría de Presupuesto interviene en las compras, en la infraestructura, en las paritarias, en el personal, incluso en cuestiones administrativas de los ministerios públicos. En el proyecto enviado por Larreta que se sancionó con los votos del oficialismo y sus aliados políticos, se argumenta que así se ahorran estructuras administrativas. 

Los fundamentos de la norma aludieron al “fortalecimiento de la gestión judicial y una administración austera de los recursos” y se hizo hincapié “generar procesos más ágiles y transparentes, propendiendo a la unificación presupuestaria, la implementación de sistemas informatizados como el presupuestario, de expedientes electrónicos, procesos de compras y contrataciones, designación de personal y digitalización de documentos”.

Ahora, la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial fue sustituida por la Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial, la que pasará a ejercer algunas de las funciones administrativas que competen a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial.

Se establece también que las competencias y facultades de administración del Ministerio Público, en su conjunto, serán ejercidas por esa nueva Secretaría, la que presidirá la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del Ministerio Público, que se constituye en lugar de la actual Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público.

Según trascendió el cargo sería para Genoveva Ferrero, que viene de ocuparse de las cuestiones administrativas del Ministerio de Seguridad porteño y llegó de la mano de Edgardo Cenzón, un ex ministro porteño y bonaerense que días atrás mantuvo un encuentro Larreta en medio de rumores de cambios en el gabinete luego del escándalo de los barbijos con sobreprecio.

La oposición había pedido al Ejecutivo que, al menos, el cargo esté en manos de la oposición, pero no hubo acuerdos. El proyecto les da mayores facultades disciplinarias a las cabezas de los fiscales, defensores públicos y asesores tutelares. Incluyen nuevas sanciones, como la cesantía y la exoneración.

Las decisiones, previo sumario, solo pueden recurrirse al Consejo. Si este no les da tratamiento, quedan firmes. Desde el sindicato Sitraju enviaron una carta al presidente de la Comisión de Justicia, Martín Ocampo, en la que plantearon que no se consultó a los trabajadores antes de avanzar con la reforma y que las nuevas facultades disciplinarias generan "un absoluto estado de indefensión para los/as trabajadores/as" y violan "el principio de no regresividad en materia de derechos laborales, lo cual transforma a la modificación propuesta en inconstitucional", según consignó Página12.

En la actualidad el Consejo de la Magistratura controla, a través de la Oficina de Administración y Financiera, su presupuesto anual; mientras que el Ministerio Público; que nuclea a la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General; tiene una administración autárquica.