Sobre el ocaso de 2017, la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) completó un informe referido a la concesión de ocupación, uso y explotación de los espacios públicos del predio Costa Salguero. El documento, al que tuvo acceso Qué, aborda el período antecesor a la tragedia de Time Warp, ocurrida casi dos años atrás, donde murieron cinco adolescentes en plena fiesta electrónica.
Como ya informó este medio en varias ocasiones, en la investigación, no se incluyó el lapso en el que transcurrió el trágico evento, debido a que, en votación interna, los auditores del oficialismo, junto a Mariela Coletta, auditora de Martín Lousteau, bloquearon la premisa de incorporar, en el análisis, al período 2016.
De todas formas, el trabajo efectuado por el organismo de control porteño arrojó algunas perlitas. “La concesión del predio de Costa Salguero a la firma Telemetrix S.A. configura un perjuicio económico para la Ciudad” es la conclusión a la que llegó el informe.
Entre los puntos clave del asunto, se desprende que Telemetrix, que regentea el predio desde 1988, además de abonar un canon insuficiente a la Ciudad, mantiene deudas millonarias por falta de pago de ABL (ver aparte). Asimismo, se constató que hay locales que no cuentan con la documentación y habilitaciones correspondientes para su funcionamiento.
Una de las principales hipótesis de la AGCBA, según confiaron a Qué desde este organismo, es que el bajo valor del canon tiene su origen en una manipulación arreglada entre Telemetrix y las firmas subconcesionarias. Sin embargo, no pudo corroborarse ningún cruzamiento societario, debido a la falta de información. Es que la Inspección General de Justicia (IGJ) nunca respondió a los pedidos que hizo la Auditoría para verificar la composición societaria de Telemetrix y de los 22 subconcesionarios del complejo, cuyos precios de venta de servicios intervienen en la fijación del canon. Tampoco brindaron respuesta la propia Telemetrix ni ninguna de las firmas subconcesionarias a las que la AGCBA también solicitó información. Lo mismo sucedió con la Dirección General de Concesiones, que esquivó el bulto.
Cecilia Segura Rattagan, quien preside el ente de control porteño, y en diálogo con Qué, comentó: “Primero, nos dijeron que los datos actualizados iban a estar disponibles, pero después dejaron de responder. Que ninguna fuente de información haya respondido a nuestros pedidos da a pensar que existe un encubrimiento”. Y amplió: “Por más que no estén obligados a responder, se trata de una cuestión ética de colaborar con organismos de control”.
En el último cuatrimestre de 2008, el canon recibió una adecuación y ascendió a 65 mil pesos. Además, se estableció redeterminarlo en lo sucesivo por períodos semestrales, y teniendo en cuenta el porcentaje de variación promedio de los servicios que se prestan en Costa Salguero. Entre ellos, se encuentran el valor del balde de pelotitas de golf, el valor del metro cuadrado cubierto, el de alojamiento en habitación base doble y el de estacionamiento en cochera cubierta. Ese mecanismo implicó, según el informe de la Auditoría, un perjuicio al Estado de 345 mil pesos.
Las vinculaciones del macrismo con Costa Salguero son conocidas, y tuvieron relevancia en abril del 2016, con Time Warp. En ese entonces, Carmen Polledo, ex vicepresidenta de la Legislatura porteña y actual diputada nacional, tuvo que admitir que su marido era accionista de Telemetrix.
Desde el año 2011 se viene planteando la necesidad de auditar la concesión de Costa Salguero, pero, al tener el PRO mayoría en el organismo, siempre se terminó poniendo trabas a esa premisa.
Telemetrix y la deuda de ABL
Uno de los puntos destacados del informe detalla que Telemetrix no pagó ABL hasta el 2007, porque el Gobierno porteño se demoró en empezar a enviarle las facturas y luego prescribió la deuda. Cuando Rentas empezó a exigir el pago, se iniciaron acciones judiciales y demoraron el proceso hasta 2016, con una serie de apelaciones. Hoy, la firma que explota Costa Salguero tiene una deuda millonaria por ABL. Según detalla el informe, son $ 29.460.634,16 en concepto de Impuesto Nominal, cifra que, actualizada al 28 de febrero de 2017, con los intereses y punitorios correspondientes, asciende al monto de $ 57.384.549,68.
“Una connivencia al límite de lo ético y lo legal”
Al no poder acceder a la información sobre la composición de las contratistas, la AGCBA no logró descartar que existieran participaciones societarias cruzadas entre las subconcesionarias y Telemetrix.Cecilia Segura, que preside el organismo, deslizó: “No pudimos corroborar que no hay connivencia entre las partes para determinar un precio de la concesión, que ya de por sí siempre fue irrisorio”. Y agregó: “Gastan mucho en promover la transparencia, pero no colaboran para brindar información de empresas que explotan predios en la Ciudad. Hay una connivencia muy evidente entre el Gobierno y Costa Salguero, que está al límite de lo ético y lo legal”.
LA NOTA COMPLTEA, EN LA EDICIÓN #170 DE REVISTA QUÉ |
