Carrió insiste con el juicio político a Lorenzetti

La diputada nacional Elisa Carrió realizó la primera denuncia contra el titular del Alto Tribunal el 5 de abril de 2017. Un año después llevará adelante una ampliación.

La “inapropiada e intimidatoria injerencia” del presidente de la Corte sobre los otros dos poderes de la República al tratar de impedir la denuncia en su contra; haber “montando un aparato de inteligencia” a través del sistema de escuchas; la acordada impidiendo que jueces ordinarios o nacionales integren los tribunales federales; o una “nueva embestida del Poder Judicial” para volver al statu quo “en materia de lucha contra la corrupción” con el accionar de los jueces que liberaron a Cristóbal López, son algunos de los argumentos que la diputada sumó a su denuncia original.

La líder de la Coalición se refiere a “acontecimientos de extrema gravedad institucional” con un tinte de “presión y extorsión” de Lorenzetti al presidente Mauricio Macri. Así interpreta Carrió que ocurrió cuando el titular de la Corte el 4 de abril de 2017 le envió a ella “una carta documento solicitando se desmienta ciertas afirmaciones que habían esgrimido sobre él”. Y el 18 de abril de 2017 hiciera lo propio comunicándole a la diputada “que iniciaría una acción de responsabilidad civil por daños”.

Luego, cita una serie de notas periodísticas que reflejan supuestos pedidos de Lorenzetti al Poder Ejecutivo Nacional para que Carrió desactive la embestida judicial en su contra.

“Las notas mencionadas revelan los intentos de presión y extorsión del Presidente de la Corte contra el Presidente de la Nación. Ha intentado infructuosamente que el Presidente Macri como líder político de la fuerza de gobierno influya sobre el Congreso de la Nación, que será en definitiva quien decida la continuidad o no de Ricardo Luis Lorenzetti como juez de la Corte”, sostiene el escrito al que accedió Clarín.

En el escrito, Carrió introduce la pulseada entre el Poder Judicial y el Gobierno, en el intento de la Casa Rosada de ascender a jueces nacionales y ordinarios para que cubran vacantes en el fuero federal.

“Por medio de la Acordada N°4/2018 la Corte Suprema, so pretexto de ejercer funciones de Superintendencia y cambiando Lorenzetti su criterio en precedentes anteriores, fuera del marco de un caso concreto, se pronunció en contra de lo dispuesto en la ley 27.307”, de fortalecimiento de tribunales oral criminal federal y penal económico. En ese acordada, la Corte rechazó que el Tribunal Oral Criminal Nº 10 de la Capital Federal se convirtiera en Tribunal Oral Federal Nº 9.
 

Así, la Corte “a través de su presidente”, por medio de “una simple Acordada, invalida no solo una ley regularmente sancionada y que no ha sido objeto de cuestionamiento alguno, sino que además desconoce la facultad constitucional ejercida por quienes son legítimos representantes del pueblo”.

Acto seguido, Carrió cita la polémica que involucró a los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballesteros al ordenar no sólo la liberación de Cristóbal López y Fabian de Souza en la causa en que se investiga una evasión de $ 8 mil millones en su origen, sino el cambio de carátula minimizando la figura de fraude al Estado a simple evasión.

“Los dos acontecimientos relatados precedentemente —y que, reiteramos, tienen como único objetivo garantizar la impunidad de los sujetos imputados— guardan una estrecha vinculación con el Dr. Lorenzetti”, sostiene el escrito. Carrió señala que el titular de la Corte “habría incidido en el dictado de estas dos resoluciones judiciales con el fin de ‘presionar’ al Congreso Nacional para que no le envíe un pedido de informes solicitándole explicaciones sobre varias difusiones de escuchas que se filtraron en los últimos tiempos vinculados a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex titular de la AFI Oscar Parrilli”.