El GCBA se vio obligado a suspender por 90 días la extensión de los nuevos parquímetros

A pesar de la incertidumbre y angustia que genera el coronavirus a nivel mundial, la Resolución N° 276/SECTOP/20 le dio un respiro a los  ciudadanos porteños, ya que suspende por 90 días el contrato que habilitaba a la empresa francesa Parkeon S.A.S. a instalar más de 2 mil terminales multipropósitos para integrar el estacionamiento regulado, mejor conocido como parquímetros, por un valor de alrededor 611 millones de pesos.

Si bien el stand by con el contrato con la empresa francesa es un respiro para los porteños, días atrás el ejecutivo de la Ciudad demostró que necesita buscar la forma de recaudar y en medio de la cuarentena en el contexto del Covid-19 habilitó el servicio de grúas en puntos estratégicos de la Ciudad.

Es que al gobierno porteño le vino como anillo al dedo el flujo de autos que comenzó a transitar por las calles del territorio capitalino, luego de la apertura de varios de los accesos a la ciudad. Es que muchos conductores utilizaron el aislamiento obligatorio para estacionar de manera incorrecta en las calles porteñas.

Es por ello, que el gobierno que comanda Horacio Rodríguez Larreta dispuso el restablecimiento gradual del acarreo de autos que están en infracción en la zona del micro y macro centro porteño luego de detectar una suba de vehículos estacionados en lugares indebidos como rampas o ingresos a garajes.

Crónica de un aumento anunciado
Cabe recordar que Horacio Rodríguez Larreta, insiste no sólo con inundar la Capital con parquímetros (pasar de 4 mil a 86 mil), sino también en aumentar el precio un 66 por ciento (pasaría a costar 15 a 25 pesos la hora), pese a que una medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo para impedir el avance del gobierno porteño con el estacionamiento regulado

En los argumentos del recurso de amparo, presentado por las legisladoras de izquierda Myriam Bregman y Alejandrina Barry, que lograron frenar por poco tiempo que se aumentara el valor del parquímetro, había un error en la dirección para registrarse y participar del encuentro. Para Gallardo, ese error fue una “clara transgresión al derecho al acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna”, necesaria para poder participar en una audiencia pública. Astutos, desde el Gobierno porteño, a través del Boletín Oficial, volvieron a convocar al encuentro, ya que en la sentencia de Gallardo “no surgen impedimentos para realizar una nueva convocatoria, resulta oportuno convocar a una nueva Audiencia Pública a los fines de efectivizar el tratamiento de la tarifa del Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía pública”. 

Como si fuera poco, Larreta no sólo quiere recaudar con el incremento del servicio, sino que, además, buscará multiplicar más de 20 veces la cantidad de dispositivos en la Ciudad y ubicarlos en 13 de las 15 comunas. Sin ir más lejos, el Presupuesto que el Gobierno destinará para la instalación de las terminales digitales es de 611 millones de pesos. 
En ese marco, el bloque Frente de Todos elaboró un proyecto para que no prospere la iniciativa del Gobierno para ampliar la red de parquímetros. También proponen que la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta se haga cargo del servicio de estacionamiento medido y el acarreo. 

Un dato no menor es que desde 2001, las empresas Dakota S.A. y BDR SAICFI (realizan el acarreo desde la intendencia de Carlos Grosso) monopolizaron un negocio millonario pagando un canon irrisorio, de 55.000 pesos mensuales. Las firmas siguen operando gracias a las prórrogas otorgadas por los gobiernos de los últimos 19 años. 

Hecha la ley, hecha la trampa

Uno de los temas más escabrosos para el Gobierno de la Ciudad es poder explicar por qué tanto STO (Dakota S.A.) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I.) -las empresas que operan las grúas en CABA- siguen prestando el servicio. Es que el contrato de concesión del acarreo de autos y el estacionamiento medido se encuentra vencido hace casi veinte años, desde 2001. Según la ley N° 4.888, la Ciudad debía prestar el servicio desde fines de 2014. Sin embargo, el la administración porteña no cumplió el compromiso y, mediante la ley N° 5.728, otorgó nuevas prórrogas a las dos empresas encargadas de la explotación.

“Errores groseros”
Myriam Bregman y Alejandrina Barry denunciaron que “en el apuro por implementar una medida recaudatoria del Estado contra los vecinos que tienen auto y ante el déficit de estacionamiento público, el Gobierno de Larreta comete errores groseros, demostrando una vez más que lo único que les interesa es el afán de lucro recaudatorio”.     

Cámpora, en busca de una solución
La legisladora porteña Lucía Cámpora  presentó un proyecto que acompañaron todos los legisladores del FdT, para que el Gobierno dé marcha atrás con la ley que busca extender el estacionamiento medido. En ese marco expresó que “si bien la medida tiene como objetivo desalentar el uso del auto, la misma no va acompañada por un fortalecimiento del transporte público”. Además, “el GCBA está en condiciones de hacerse cargo de brindar, por sí mismo, el servicio de acarreo, ya que la concesión de las empresas que lo administran está vencida”.