Diputados porteños reclamaron al Gobierno nacional avanzar con los convenios para financiar el Programa de Agenda Digital del Sistema de Salud Porteño y la modernización de la línea B del subte.

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El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó un proyecto en el que insta al Poder Ejecutivo Nacional a que autorice en forma urgente el endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) solicitado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la financiación del Programa de Agenda Digital del Sistema de Salud Porteño.

Al respecto, reclamó que, a través del Ministerio de Economía, priorice con urgencia el Proyecto de Modernización de la Línea B de Subterráneos para la renovación de los vagones de la Línea B de, a ser financiado con recursos de financiamiento externo a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

También le reclama al gobierno de Javier Milei que, a través del Ministerio de Economía, proceda a transferir al Gobierno de la Ciudad el crédito y proyecto aprobado y suscripto por la República Argentina con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Préstamo CFA Nº 12116 “Programa de Conectividad Urbana: cruces ferroviarios a distinto nivel en la Región Metropolitana de Buenos Aires”, para la construcción de pasos bajo a nivel.

“Desde hace meses, el Gobierno Nacional viene frenando obras e inversiones que son fundamentales para la Ciudad de Buenos Aires y para los porteños. Es vergonzoso que se especule políticamente y haya arbitrariedad con créditos del BID y la CAF que ya fueron aprobados o acordados con esos organismos”, señaló el legislador.

Al respecto, advirtió que “si el Gobierno nacional decidió desentenderse de la inversión pública en áreas clave como el transporte y la salud, no tiene derecho a arrastrar a la Ciudad a esa misma política”.

El proyecto de Ferraro señala que “el proceso de desembolso de dichos fondos se encuentra paralizado en diferentes instancias, según el caso, por la falta de autorización del Ministerio de Economía de la Nación, lo cual genera demoras significativas en la ejecución de obras, afecta a la población usuaria de servicios esenciales y compromete la eficiencia del uso de recursos ya comprometidos internacionalmente. A ello se suma el riesgo institucional de entorpecer la relación de la República Argentina con los organismos multilaterales de los que forma parte, al incumplir con los compromisos asumidos o demorar su ejecución sin fundamentos técnicos ni jurídicos”.

El proyecto recuerda que conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional, las provincias podrán celebrar convenios internacionales. Así las cosas, se remarca que “la intermediación de la Nación en la toma de estos préstamos no debe ser utilizada con fines de condicionamiento político, o como herramienta de presión sobre gobiernos locales, sino como parte de una política federal orientada al desarrollo equitativo y a la continuidad institucional de proyectos de interés público”.

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que la Ley Nº 25.917 de Responsabilidad Fiscal, en su artículo 25, establece que los antecedentes de endeudamiento presentados por provincias y la Ciudad deben ser evaluados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, sin margen para decisiones discrecionales o arbitrarias que frustren proyectos técnicamente viables y legalmente autorizados.

“Los créditos solicitados no son fines en sí mismos, sino instrumentos para llevar adelante políticas públicas de alto impacto, como la renovación del material rodante y señalización de la Línea B, la digitalización del sistema de salud porteño y la eliminación de cruces ferroviarios a nivel”, agrega Ferraro en su proyecto. “Estas iniciativas se traducen en mejoras concretas en la calidad de vida de millones de vecinos, reducen la siniestralidad vial, optimizan los tiempos de traslado, y modernizan la gestión pública. Negar o demorar el acceso a estos fondos representa una afectación directa a los derechos de los ciudadanos, y constituye una distorsión grave de los mecanismos institucionales previstos para la cooperación financiera entre niveles de gobierno”, completó el legislador de la CC.

Además, sostuvo que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha demostrado de manera sistemática contar con solvencia fiscal, previsibilidad financiera y una administración responsable del endeudamiento. Mantiene niveles de deuda sostenibles y cumple con los criterios de evaluación del Banco Central de la República Argentina en materia de servicios de deuda respecto de sus ingresos corrientes”.

“Esto no resulta un obstáculo para la Ciudad, que se encuentra por debajo de ese umbral. Esta solidez fiscal habilita a la jurisdicción no solo a gestionar nuevos créditos, sino a cumplir con ellos sin comprometer sus finanzas ni desestabilizar el sistema financiero local o nacional”, añade.

En ese marco destaca Ferraro que este proyecto “no exige privilegios ni excepciones: exige simplemente que el Estado Nacional cumpla con su rol de garante, respete los compromisos firmados y no discrimine entre jurisdicciones por razones ajenas al interés público. La falta de tratamiento equitativo frente a otras provincias -que sí han accedido recientemente a créditos autorizados por el Ministerio de Economía- constituye una evidente afectación al principio de igualdad ante la ley y una lesión al federalismo cooperativo que debe regir en una República como la nuestra”, concluye la iniciativa presentada por Ferraro.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales Paula Oliveto (CC), María Eugenia Vidal (Pro), Carla Carrizo (Unión Cívica Radical), María Coletta (UCR) y Álvaro Gónzález (Pro).

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