La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad le dio la razón al gobierno porteño en una causa por el derecho a la información ciudadana en la que consideró que e...

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La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad le dio la razón al gobierno porteño en una causa por el derecho a la información ciudadana en la que consideró que el acceso a la información pública no obliga a la administración “a crear o producir informes” sino a la proporción de datos existentes.

De esta manera, la Cámara dio por tierra –en segunda instancia– con el recurso presentado por el Ministerio Público de la Defensa para que se informe, en los términos de la Ley 104 de acceso a la información pública, sobre “obras, intervenciones y construcción de viviendas efectuadas por la administración porteña entre los años 2011 y 2014 en villas, núcleos habitacionales transitorios y asentamientos”.

Se trata de una sentencia firmada el 8 de octubre por los jueces Esteban Centanaro y Fernando Juan Lima, pero que se conoció en las últimas horas, a partir de la difusión del sitio del Poder Judicial porteño, Ijudicial. Los magistrados remarcaron que los pedidos formulados implicarían la producción de información y no la proporción de datos existentes en los términos establecidos en la Ley 104 de acceso a la información pública.

“Con las constancias que se cuenta en la causa y tomando en consideración los propios dichos de la actora, no puede sino entenderse que lo pretendido apunta, en cuanto a los aspectos pendientes, a que se produzca cierta información y no a recabar la ya existente, supuesto este último que, en su caso, habilitaría el acceso a la información de que se tratase. Es que este último parece ser el objetivo buscado por el legislador al sancionar la normativa en la que fue sustentada la presente acción”, expresaron los magistrados.

No obstante, tanto Centenaro como Lima señalaron que el rechazo es por la vía elegida, enmarcado en los términos de la Ley 104 y aclararon que “el criterio adoptado no importa expedirse respecto de las facultades con las que cuenta el Ministerio Público de la Defensa para cumplir con sus atribuciones legales, ni un límite en cuanto a la posibilidad de peticionar ante las autoridades públicas”.

“En los fundamentos de la sentencia, también se resalta que “al contestar la pretensión de la actora, el Gobierno proveyó la información con la que cuenta”, y que “sobre tales bases, no se puede exigir por exceder los términos de la ley 104 que por vía de una decisión judicial se imponga la producción de elementos para dar respuesta a una requisitoria“.

Como dio cuenta Qué en su edición 47, el plan de urbanización de villas se encuentra desde la gestión macrista a cargo de un conjunto de dependencias que aparece en el último tiempo en el centro de críticas por la distribución “desordenada” de funciones, la “superposición” y la “licuación” de responsabilidades en sus tareas, por lo que contar con información sistematizada es deuda pendiente.

En efecto, son cuatro los organismos de la Ciudad en materia de Vivienda: el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SEHCI), la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS) y la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS).

Frente a la falta de información, la Defensoría General exigió que el gobierno porteño responda, de acuerdo a la ley 104 sobre las obras, intervenciones y construcción de viviendas, luego de considerar insuficiente una primera respuesta por parte del organismo, que hasta ahora no comunicó que hará luego del fallo.

La Ley 104, en su artículo 1° establece que “toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Central, Descentralizada, Entes Autárquicos, Organismos Interjurisdiccionales integrados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación Estatal mayoritaria, Sociedades de economía mixta, todas aquellas otras organizaciones Empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo, Judicial, Entes Públicos no Estatales, en cuanto a su actividad Administrativa, y de los demás Órganos establecidos en el Libro II de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”.

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