Revista Qué

17 Jun 2015 | Descentralización

Las comunas en debate

La oposición presiona al macrismo para avanzar en normas que garanticen el poder real de las comunas. Se busca especificar sus competencias y garantizar su rol en la promoción de la participación.

Símbolo de la democracia participativa, las quince comunas en que se organiza la Ciudad están desde hace tiempo en el centro del debate por las competencias difusas de sus autoridades y las críticas a las políticas de descentralización que la oposición denuncia como incompletas.

El Frente para la Victoria y el resto de la oposición proyecta una discusión que se estima álgida para la segunda parte del año sobre las funciones de las Juntas Comunales. La atención está puesta en la Comisión de Descentralización que ya ha motorizado distintos debates al respecto y que en la actualidad discute la visibilidad de las reuniones de los comuneros.

Pero el tema es más de fondo y alude al rol de las comunas dentro de la organización administrativa porteña y expone las resistencias del PRO a dotar de po-der real a estas unidades de gestión. El eje de la polémica es la falta de un presupuesto propio para cada comuna, y en un contexto en el que el gobierno porteño impulsó la cre-ación de la secretaría General de Atención Comunal y Participa-ción Ciudadana que es vista como obstacularizadora de la labor de los juntistas. De acuerdo a la ley 1777, las Juntas Comunales tienen, como competencias exclusivas, la planificación, ejecución y control del mantenimiento urbano de las vías secundarias, obras de menor jerarquía, y de los espacios verdes, además de la elaboración de su proyecto y la administración de su patrimonio.

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No obstante, el área de Atención Comunal tiene un presupuesto de más de 1200 millones de pesos y es la que autoriza los gastos que definen las Juntas Comunales. En el medio aparece el dilema de los alcances de las competencias. ¿Qué pueden hacer y qué no los comuneros?

“No se reconoce a las comunas como el cuarto poder del Estado de la Ciudad, como debería ser, sino que se las quiere asemejar a los antiguos Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) que eran dependientes. Sus miembros son ninguneados por el PRO” afirmó a esta revista el diputado Pablo Bergel (Verde al Sur).

La discusión atraviesa a todo el arco político. Ni siquiera Mauricio Macri está conforme con la actual ley Orgánica y envió dos proyectos con modificaciones a la Legislatura, uno en 2011, y otro en 2013. Pero, la oposición también tiene su propuesta y resaltó sus diferencias al respecto.

Mientras el Jefe de gobierno elimina el manejo de un “patrimonio” por parte de las autoridades comunales, el Frente para la Victoria -segunda fuerza en las Juntas Comunales actuales- incorpora una auditoría interna y la integración de la primera fuerza opositora en los órganos de decisión.
De uno y otro lado los argumentos son similares y se basan en la participación ciudadana. En su último proyecto, Macri aseguró que su iniciativa “posiciona a las Comunas en efectivas condiciones de operatividad, facilita su funcionamiento” y “tiende hacia una mayor eficacia, y eficiencia en el proceso de descentralización”.

En la actualidad, todos los presidentes de las Juntas Comunales responden al PRO. Y eso parece tener vinculación con la propuesta gubernamental de que sea sólo el titular de la Junta el que cobre un sueldo. De hecho, indica que el resto de los miembros “desempeñan sus funciones en forma honoraria”.

La iniciativa, que quedó en stand by, generó por entonces un enorme conflicto y derivó en acusaciones al mandamás de buscar coartar las funciones de las comunas. Es que, entre otros puntos, planteaba un “tope” por parte del gobierno porteño para la confección de cada presupuesto comunal, eliminaba la posibilidad de ejecutarlo a los comuneros y suprimía controles del Consejo Consultivo.

La espuma por los alcances de las competencias aún se mantiene. La titular de la Comisión de Descentralización, la diputada María Rosa Muiños (Frente para la Victoria) presentó este año un proyecto de ley para delimitar aún más los alcances de las funciones que están plasmadas en la ley actual y evitar cualquier tipo de interpretación.
“La ley 1777 es buena, pero tiene algunos grises, algunas inconsistencias que hacen más fácil que el Poder Ejecutivo la incumpla. No están bien definidas las funciones de los juntistas y la idea es ajustar estas cuestiones que quedan a interpretación”, le dijo Muiños a QUÉ.

El proyecto de Muiños, por caso, precisa los trabajos de mantenimiento urbano y las obras de menor jerarquía que corresponden a la órbita del control comunal y propone la asignación de áreas de trabajo para los distintos comuneros en las que tienen respon-sabilidad de acción como Salud, o Educación.

APERTURA

La visibilidad de las reuniones de las Juntas Comunales es el puntapié que anticipa la discusión de fondo. La Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana tiene en tratamiento un proyecto de Bergel para que las reuniones de los comuneros sean abiertas.

Se trata de un proyecto que presentó por segunda vez en 2014. La iniciativa fija que las reuniones de Juntas Comunales sean “públicas” y en el que se tiene que reservar la primera media hora para que los vecinos puedan expresar “inquietudes” y propuestas”. No obstante, los diputados del PRO solicitaron en la reunión del lunes 8 de junio que se consulte a los comuneros. Hay un plazo de 15 días para esperar su respuesta.

LA NOTA COMPLETA, EN LA EDICIÓN N° 36 DE QUÉ.

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