Revista Qué

17 Abr 2015 | Por problemas sanitarios

Reclaman la urbanización en el barrio Ramón Carrillo

Lo exigieron las ex legisladores Laura García Tuñón y Patricia Walsh. Una ley de 2004 declara la Emergencia en Infraestructura en la zona.

Las ex legisladoras Laura García Tuñón y Patricia Walsh reclamaron la inmediata urbanización del barrio Ramón Carrillo en Villa Soldati en la Comuna 8, establecida en la ley 1.133 de 2008 que declara al lugar en “Emergencia en Infraestructura”, pese a que las obras se encuentran paralizadas.

Según expusieron las ex legisladoras, sólo se encuentra terminada la estación de bombeo, pero los vecinos padecen desbordes de líquidos en sus casas. La red pluvial funciona pero con irregularidades ante la falta de cloacas.

En declaraciones a Qué, García Tuñón sostuvo que hay una reunión en agenda con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y los vecinos del barrio donde figura primera la queja por la falta de avances en las obras. Al mismo, tiempo señaló que el macrismo aduce vandalismo en la bomba central para explicar la demora de la instalación de agua potable

“El argumento es vandalismo pero un solo hecho, encima de hace tiempo, no puede explicar así el retraso. Pensamos que la Ciudad no está poniendo el dinero necesario para las obras porque aún no se han hecho las conexiones con las casas. Creemos que no hay disposición política”, afirmó García Tunón.

De acuerdo a la ley sancionada que se vincula a la de Medio Ambiente, el Ejecutivo porteño está obligado a adecuar la infraestructura para “el correcto funcionamiento de red de desagües cloacales; de distribución de energía eléctrica y de gas natural”.

En tanto, Walsh, precandidata a vicejefa de gobierno por Camino Popular, cuestionó la excesiva demora. “¿Cómo es posible que a 11 años de la sanción de una Ley de Emergencia para el Barrio Carrillo no se haya podido resolver el tema de las cloacas?”, se preguntó en las redes.

La justicia porteña ordenó en 2013 a la Ciudad que realice las obras pendientes. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario resolvió rechazar una apelación del gobierno porteño tras sentencias judiciales en instancias anteriores. En el dictamen resaltó los artículos 17 y 31 de la Constitución de la Ciudad para “dar prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales, sin recursos o con recursos escasos”.

Compartir
?