Revista Qué

23 Jun 2015 | Competencias penales

Con Lijo y Bonadío, el PRO exigió la transferencia

Ritondo y el fiscal Ocampo encabezaron una jornada para discutir el tercer paquete de transferencias penales. Como anticipó Qué, se trata de un debate proyectado para la segunda parte del año.

Con dos jueces que tienen a cargo causas espinosas para el kirchnerismo, el macrismo volvió a reclamar a Nación la transferencia completa de las competencias penales, de cara a un debate que, tal como anticipó Qué, se proyecta para después de las elecciones locales y donde el tema central son los recursos.

En una actividad en la Legislatura, el PRO logró reunir detrás del reclamo a los jueces federales Ariel Lijo, Marcelo Martínez Di Giorgi y Claudio Bonadío, el Fiscal Federal Jorge Di Lello y a la funcionaria de Naciones Unidas Lucía Gómez Consoli.

En concreto, se trata de jornadas de debate sobre el paquete de transferencia de los delitos de lesiones graves, incumplimiento de deberes de funcionario público, tenencia de arma de guerra, y estupefacientes anclados en la ley nacional 26.702 de 2011, que el Frente para la Victoria promovió y logró sancionar en el Congreso sin el consentimiento del PRO.

J 07El vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristian Ritondo y el Fiscal General de la Ciudad, Martín Ocampo, encabezaron la jornada que generó resquemores en el Frente para la Victoria. Lijo, es el que tiene la causa “Ciccone” que implica a Boudou, en tanto que Bonadió lleva adelante la causa de Hotesur por la que se investigan irregularidades en los hoteles de CFK.

De todas maneras, los funcionarios judiciales se centraron en el reclamo de Macri. El fiscal federal Jorge Di Lello se remontó a la primera parte de la Transferencia de las Competencias Penales bajo la ley 25.752 de 2003 y señaló que hay que dejar de lado “las discrepancias”, “algo que la Argentina necesita”.

Por su parte, Lijo sostuvo que “la transferencia de competencias penales desde la Nación a la Ciudad no es un capricho, tiene que ver con respetar lo que dice la Constitución Nacional. Hay que dejar de lado los tecnicismos y concentrarse en la creatividad a la hora la hora de abordar procesos judiciales”.

En tanto, Bonadió señaló que si bien es un grupo minoritario de provincias que implementaron la ley 26.702, pidió que los legisladores tengan en cuenta los datos duros sobre la cantidad de drogas que se judicializan”. “El Ministerio Público Fiscal muchas veces queda saturado ante la cantidad de causa que se presentan. Hay mucha improvisación en esto”.

En la presentación, Ritondo consideró que la Ciudad debe tener las mismas competencias que cada uno de los distritos del país, “manejando su propio servicio de Justicia y Seguridad”. Defender la autonomía es defender el federalismo, porque la ciudad de Buenos Aires es un estado dentro del estado confederado”, fundamentó.

Poro otra parte, el fiscal general Martín Ocampo apuntó “la transferencia redundará en un servicio de justicia más amplio para los vecinos. Al investigar delitos que hasta entonces eran competencia de la justicia nacional, el denunciante podrá buscar una solución en una estructura descentralizada y amigable como la de la Fiscalía de la Ciudad”.

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