Revista Qué

7 Oct 2015 | Desde la Justicia

Exigen a Legislatura garantizar la Tribuna Popular

Se trata de un derecho que habilita a que ciudadanos puedan hacer uso de la palabra frente a los diputados en las sesiones. Figura en el Reglamento Interno de la Legislatura pero no se ha reglamentado en más de 15 años.

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ordenó a la Legislatura que garantice de inmediato el ejercicio de la Tribuna Popular,  para que distintos ciudadanos puedan realizar planteos sobre distintas cuestiones, antes del comienzo de las sesiones, con la presencia de los diputados.

Se trata de una derecho se encuentra reconocido en los artículos 76 y 77 del Reglamento interno de la Legislatura y son operativos del artículo 1 de la Constitución de la Ciudad que establece la Ciudad “organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa”.

Sin embargo, esos artículos no han sido reglamentado en 15 años y generó el rechazó el año pasado de la Red Interparques, que presentó un recurso de amparo al recibir la negativa de hacer uso de esa atribución en la previa de la sesión en la que se iba a votar la autorización para la colocación de Bares en Parques.

En efecto, la Red Interparques y Plazas realizó la campaña llamada ‘Parques Sin Bares’ en el marco del debate por el proyecto de ley impulsado por el PRO y apoyado por legisladores de FAUNEN para la instalación de bares en parques.

“Nuestro derecho fue violado, no nos permitieron hablar y, por esta razón, presentamos la acción de amparo”, fundamentaron. “La Legislatura negó el ejercicio de este derecho con el argumento de que no se encontraba reglamentado y durante quince años se presentaron distintos proyectos de reglamentación que no fueron tratados ni aprobados en el recinto”, resaltó.

Con la Tribuna Popular, las personas que soliciten hacer uso de la palabra podrían “expresar sus posiciones, ideas, problemas o propuestas a la totalidad del Cuerpo Legislativo, a todos los legisladores de la Ciudad reunidos para iniciar una sesión legislativa”.

legislatura 2Si bien el juez de grado, el representante de la Legislatura y el Fiscal ante la Cámara entendieron que el Parlamento no está obligado a cumplir su reglamento, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativa manifestó una opinión distinta, a través de los votos, los jueces Hugo Zuleta y Gabriela Seijas.

“Nadie está por encima de la ley y todos están sujetos a la misma ley, administrada por los mismos tribunales. (…)El cuerpo legislativo puede darse su propio reglamento y debe cumplirlo. Si la norma prevé que los habitantes de la Ciudad tienen derecho a participar en las sesiones de la legislatura mediante el instituto de la Tribuna Popular, ese derecho importa correlativas obligaciones para las autoridades de la Legislatura, quienes deben garantizar su ejercicio”, manifestó el Tribunal.

Por otra parte, los magistrados de la Cámara cuestionaron la demora en la reglamentación de ese artículo que habilita mayor participación popular, al tiempo que defendió la utilización del recurso de amparo que promovió la Red de Interparques. “El núcleo del principio del Estado de Derecho es que todas las personas y autoridades dentro del Estado, públicas o privadas, están obligadas a cumplir y tienen derecho a los beneficios de las leyes sancionadas”.

“En síntesis, el reglamento interno de la legislatura es norme vigente, y prevé el derecho a participar del debate en sesión plenaria mediante el instituto de la Tribunal Popular. La negativa a implementar esta posibilidad fundada en la omisión de la reglamentación viola los límites razonables para demorar la puesta en vigencia efectiva de las normas. El incumplimiento de la obligación de la legislatura  de implementar lo necesario para poner en ejecución su propio reglamento interno en un lapso excesivamente prolongado configura una conducta ilegal y carente de justificación”.

 

Cuestión concreta

 

La Asamblea Interparques, por su parte, se refirió a la cuestión que motivó el amparo y criticó “el mal manejo de las plazas y parques de la Ciudad, el constante sacrificio de los espacios verdes, y la restricción al uso del espacio público tiene entre sus principales causas el impedimento de que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones respecto a los espacios públicos y verdes”

“Por eso iniciamos esta acción judicial para profundizar la democracia participativa y que podamos llevar nuestras peticiones y reclamos sobre el estado de los espacios públicos a la Legislatura de la Ciudad”, enfatizaron.

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