Revista Qué

16 Jul 2015 | Áspero debate

Fracasó pedido K por el operativo de Bonadío

El Frente para la Victoria pidió incluir en el temario del día un pedido de informes sobre el rol de la Policía Metropolitana en el operativo en Río Gallegos, desplegado por el caso Hotesur. El PRO salió a responder y rechazó las críticas de intencionalidad política.

El PRO impidió en la sesión de este jueves un pedido de informes del Frente para la Victoria para conocer detalles del operativo judicial de Santa Cruz para pedir información sobre distintos aspectos contables de las firmas vinculadas a la empresa Hotesur, caso de presunto lavado de dinero que salpica al gobierno nacional.

En un áspero debate en el que el vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristián Ritondo, bajó al recinto para protagonizar un cruce con los diputados kirchneristas Paula Penacca, Gabriela Alegre, José Cruz Campagnoli, que protestaron por la utilización de efectivos de la Policía Metropolitana.

Según trascendió, el kirchnerismo denuncia que el jefe de gobierno pagó con fondos públicos una cifra de entre 450 mil y 10 millones de pesos para que los efectivos porteños participaran de un operativo que compromete a la jefa de Estado y a su hijo Máximo Kirchner, precandidato a diputado nacional.

legislatura porteña 2Sobre el cierre del temario propuesto para el día, Paula Penacca pidió incluir en el orden del día el expediente 1552/15 para conocer los motivos de la participación de la Metropolitana en las firmas Austral Construcciones, Loscalzo y Delcurto y Kank y Costilla, vinculadas a la firma Hotesur, que maneja hoteles propiedad de la familia de Cristina Fernández de Kirchner.

“No desconocemos que hay una obligación de acudir de la Justicia, pero esta medida deja desprotegidos a la Ciudad. Se están anteponiendo los intereses de la corporación judicial y la corporación mediática antes que los de la Ciudad que debe defender el Jefe de Gobierno”, consignó Penacca.

Inmediatamente, Ritondo, ya estaba preparado para responder desde el PRO. “Más que un pedido de informes, tienen que hacer una presentación judicial”, cuestionó al tiempo que desestimó las críticas K. “Si hay un requerimiento judicial lo paga el Estado y esto es así acá y en otras provincias” resaltó.

Asimismo, Ritondo resaltó que la Policía Metropolitana, tal como se aprobó, “está a disposición del juez que lo requiera”. “Intentar mezclar a la Metropolitana con los fondos públicos, es desconocer cómo funciona esto acá y en otros lugares”

A su vez, el diputado del PRO aprovechó para reclamar el traslado de la Policía Federal y contestó a las críticas K sobre la desprotección ciudadana al afirmar que hasta que eso ocurra “la responsabilidad de la seguridad es del estado Nacional”.

A esto, la titular del bloque K se metió en la discusión y consideró que “no había ninguna obligación de que la Ciudad se hiciera cargo de este operativo” para llevar adelante, según dijo, “un show”. “Bonadió debería de haber recurrido a las policías federales de Santa Cruz”, agregó y subrayó que el operativo “no era un asunto de competencia de la Ciudad”.

Por otro lado, destacó que la Metropolitana suele decir que no tiene efectivos para intervenir en casos de amenazas, a pesar que se trata de un delito transferido, y en cambio, contrarrestó esa decisión con el envió de oficiales al sur.

“54 efectivos policiales para leer dos libros de actas, la única explicación que tiene es que se trata de una operación política montada”, afirmó José Cruz Campagnoli de Nuevo Encuentro, y, en el mismo sentido, Jorge “Quito” Aragón sostuvo que se trata de un “despropósito” esa cantidad de efectivos.

El ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, legislador del Frente Progresista y Popular, recordó sus tiempos de fiscal y sostuvo que para la misión encomendada hubieran podido ir “dos ó tres secretarios del juzgado”. “Más no da, pero claro, no iba a tener trascendencia mediática”.

El diputado michettista Alejandro García cuestionó el pedido del Frente para la Victoria y apuntó contra el posicionamiento del bloque demandante. “Se cumple una orden judicial porque respetamos la división de poderes, respetamos la República. No busquemos argumentos para no avanzar con las causas judiciales”.

En tanto, Héctor Huici, también del PRO, recordó los detalles del caso Hotesur y subrayó que “la industria hotelera se suele utilizar para lavado de dinero”. “Para el Gobierno, el Poder Judicial independiente es un obstáculo”, resaltó.

Por otro lado, el diputado K Gabriel Fuks reivindicó el derecho a pedir información sobre la acción del Gobierno. “Queremos saber. Han ido 50 efectivos de un cuerpo efectivo. Cuál es el problema de saber. Lo que se solicita es que se precise sobre cuánto demandó el operativo y cómo respondió el Gobierno”.

 

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