Revista Qué

28 Sep 2015 | Pedidos de informes

Interrogantes con espera

Los distintos bloques opositores presentan periódicamente solicitudes de datos para conocer la gestión del gobierno porteño. Buscan respuestas rápidas a cuestiones que, en algunos casos, son urgentes pero se estancan en comisiones o tardan las contestaciones. La discusión en medio de hechos polémicos.

“Depende de la suerte que tenga”, afirmó un conocedor del paño legislativo. La Legislatura porteña aprobó el 24 de abril de 2014 un pedido de informes acerca del incendio del depósito de la firma Iron Mountain en la que hubo 10 muertos, pero la respuesta llegó casi un año después, el 26 de febrero, lo que generó controversias de todo tipo.

La solicitud, que había sido aprobada por todo el conjunto de los legisladores porteños, le encomendaba al gobierno de la Ciudad responder en un plazo de 30 días. En el medio, se cumplió el primer aniversario de la tragedia, y hubo una intimación por carta de diputados para que Mauricio Macri diera explicaciones al respecto.

El caso se convierte en un ejemplo paradigmático de lo que puede llegar a ocurrir con un pedido de informes. Si bien no es algo intrínseco de la realidad política de la Ciudad y atraviesa a distintas administraciones, incluso más allá de los colores políticos, la respuesta tardía sobre ese hecho azoró a propios y extraños.

“Les recuerdo a todos los legisladores que la Ciudad respondió un año después cuando le preguntamos por Iron Mountain; no confiamos sólo en un pedido de informes”, disparó sema-nas atrás en plena sesión el diputado del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, que exigió la interpelación de funcionarios por otra tragedia, la muerte de un adolescente en Villa Soldati por la falta de mantenimiento del complejo habitacional estatal.

Si no se trata de una tragedia o de un caso que haya alcanzado relevancia mediática, los pedidos de informes quedan en tratamiento, a veces por largo tiempo, en comisiones. Con las cámaras y micrófonos encima, las solicitudes se pueden despachar más rápido, pero no parece ser la regla.

En la sesión del 17 de septiembre se aprobaron once pedidos de informes que se presentaron en todos los casos en marzo de este año, ni bien arrancó el período de sesiones ordinarias. De esa cantidad, cinco pertenecen a la devenida macrista Cristina García, titular del monobloque Confianza Pública Democrática, que en ese momento requirió informes sobre distintos contratos y acciones desplegadas por la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).

“Cuando los proyectos pueden llegar a tocar algún tipo de interés generalmente no pasan, salvo que haya una fuerte presión social”, opinó Alejandro Bodart. En diálogo con Qué, el diputado del MST – Nueva Izquierda destacó que en caso de prosperar pueden llegar a demorarse varios meses.

“Muchas veces se convierte para el oficialismo en una válvula de escape al tratar de evitar que los funcionarios vengan a dar una explicación”, señaló Bodart. En efecto, el kirchnerismo y el resto de la oposición presionaron en tres ocasiones este año para requerir la presencia de funcionarios, bloqueada por la falta de los dos tercios necesarios en cada caso.

circuito pedido de informes

Eso puede demostrarse con el caso Niembro. A falta de las manos necesarias, el Frente para la Victoria acordó en primera instancia la aprobación de un pedido de informes sin discursos sobre las contrataciones de distintas reparticiones estatales con La Usina SRL, la firma de Fernando Niembro, que se aprobó en la sesión del 10 de septiembre.

Una semana después, y en medio de la estela de controversias que dejó la renuncia del comentarista deportivo a la candidatura como diputado nacional, el FpV intentó sin éxito aprobar una interpelación a los funcionarios. “Tienen falta de tradición legislativa, aún no se cumplió el plazo del pedido de informes”, contestó en rueda de prensa, el vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristián Ritondo.

 

Casos

 

El diputado sabbatelista José Cruz Campagnoli requirió el 27 de abril información respecto del taller clandestino ubicado en la calle Páez 2796, en el que murieron dos niños en un incendio días antes. La Fundación La Alameda había alertado sobre su funcionamiento ilegal y ese fue el motivo por el que se intentó también avanzar en una interpelación.

De todas formas, la Legislatura porteña aprobó el pedido el 14 de de mayo con un plazo de 30 días. La respuesta -cuatro cajas- llegó el 7 de julio, casi dos meses después. “Nunca responden en plazo. De hecho, esta vez contestaron rápido”, afirmaron a este medio desde el despacho de Campagnoli, abocado ahora al análisis de la documentación enviada.

“Es una práctica muy engorrosa la presentación de los pedidos de informes. Primero se discuten en comisión de asesores, luego pasan por el recinto, y después hay que esperar la respuesta. Todo ocurre en una Legislatura, donde muchas comisiones se reúnen de ma-nera muy irregular”, señaló a Qué, el diputado del FIT, Marcelo Ramal.

Desde el espacio de Energía Ciudadana Organizada (ECO) rescatan la he-rramienta del pedido de información como una forma de “presionar” para el cumplimiento de distintas cuestiones, pero no dejan de expresar con desagrado la demora. “En general contestan, pero tardan”.

Por su parte, desde el gobierno de la Ciudad minimizan las diferencias que puede haber sobre el tema. Y, por el contrario, destacan que en algunos casos hay oficinas enteras, como en el ministerio de Educación, que “lo único que hacen es responder informes”.

 

 

Sobre convenio del juego

 

El proyecto de Inés Gorbea y Paula OLiveto (ECO) aborda distintas cuestiones y pide el “instrumento” mediante el que se notificó a Lotería Nacional SE la voluntad de no renovar el convenio sobre la fiscalización y control del Juego de 2003. Se busca “obtener toda la información respecto de la no renovación de la prórroga dispuesta”.

Se aprobó el 4 de junio.

Se respondió el 28 de julio.

 

Mantenimiento de la línea C

Es un informe relativo al mantenimiento general de las formaciones de la Línea “C” de Subterráneo presentado por el diputado Marcelo Ramal (Frente de Izquierda) presentado el 1º de abril de 2014.

Entre otros puntos, se requería el plan de reparaciones generales suscripto entre Metrovías y SBASE, las empresas intervinientes y los costos de cada una de las obras detalladas.

Tardó cuatro meses la respuesta.

 

Show de Violetta

El pedido lo hizo Fernando Muñoz (hoy monobloque Liberación – FpV) en marzo de 2015.

Sobre el show realizado el 21 de diciembre de 2014 en Avenida Figueroa Alcorta y Pampa.

Los gastos se autorizaron por el decreto 556/10 que habilita contrataciones directas por “emergencia”.

Al parecer, las empresas adjudicatarias comparten accionistas.

Está trabado en comisión.

 

 

“Alquilar se puede”

Gustavo Vera (Bien Común) presentó un proyecto en relación a los gastos publicitarios que demandó la presentación del programa presentado este año, que tuvo sólo 10 beneficiaros en los primeros meses.

El PRO resistió en la Comisión de Vivienda la respuesta, dado que era “muy prematuro” hablar sobre la cuestión.

La iniciativa ingresó por Mesa de Entradas el 20 de julio y está estancada.

 

 

Licitaciones de la Jefatura

Maximiliano Ferraro (CC) requirió detalles sobre las contrataciones que otorgó la titular de la Unidad de Proyectos Especiales, Construcción de Ciudadanía y Cambio Cultural, Paula Uhalde, a Fernanda Cohen Sabban, que pasó de empleada a proveedora, sin dejar pasar el tiempo necesario según la ley de Etica. Se presentó el 3 de marzo y aún continúa en discusión en comisión.

 

Contratación en festival de moda

Fernando Muñoz y Aníbal Ibarra pidieron detalles de la contratación del servicio de organización del evento denominado La Ciudad de Moda 2015 para la firma Diada SA, vinculada a Julieta Spina, mujer de Augusto Rodríguez Larreta, ex viceministro de Gobierno.

El caso explotó porque al parecer Spina se autorreferenciaba como Directora de Contenidos del GCBA.

Está trabado en comisión desde el 2 de marzo.

 

El Consejo de Salud Mental

La diputada Virginia González Gass (Partido Socialista Auténtico) pidió el 3 marzo de este año saber las acciones llevadas adelante por el Consejo General de Salud Mental (COGESAM) y que informe las reuniones formales realizadas, así como la instancia en que se encuentra el reglamento de convocatoria del órgano en cuestión.

La solicitud se encuentra en análisis todavía.

 

SBASE y la firma catalana TMB

Cristina García (Confianza Pública Democrática) requirió indagar sobre el contrato de auditoría integral de SBASE sobre la firma catalana TMB en 2013 y con la empresa RATP de asesoramiento en infraestructura, en 2014.

La iniciativa surge a raíz de que SBASE “no sigue las recomendaciones de los metros que contrata”, se aclara en el pedido, presentado el 18 de marzo.

Se aprobó en la sesión del 17 de septiembre.

 

LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN IMPRESA Nº 50

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