Revista Qué

3 Abr 2017 | Será el miércoles

Legislatura debatirá el traspaso judicial

La Legislatura porteña avanzará este miércoles en el debate en torno al convenio entre la Nación y la Ciudad para avanzar en el traspaso de la justicia ordinaria nacional a la órbita de la Ciudad, que contempla el acuerdo para una transferencia gradual de las competencias penales. Debido al paro general convocado para el jueves […]

La Legislatura porteña avanzará este miércoles en el debate en torno al convenio entre la Nación y la Ciudad para avanzar en el traspaso de la justicia ordinaria nacional a la órbita de la Ciudad, que contempla el acuerdo para una transferencia gradual de las competencias penales.

Debido al paro general convocado para el jueves por las centrales sindicales, las autoridades legislativas convocaron a sesión para el próximo miércoles.

Este tema iba a ser debatido en la sesión ordinaria del jueves último, pero fue suspendida a raíz de la muerte del titular del Consejo de la Magistratura porteño y ex diputado Enzo Pagani, cuyos restos fueron velados en el Salón Perón de la sede legislativa de Perú al 100.

El traspaso de los servicios de justicia de la Nación a la órbita de la ciudad contempla cuatro proyectos de ley.

Las iniciativas en tratamiento se refieren a la transferencia progresiva de la Justicia ordinaria penal, el fuero sobre relaciones del consumo, con los derechos del consumidor, la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble.

El primero de los proyectos establece que el Estado nacional transfiere y la Ciudad asume la competencia ordinaria en los conflictos de las relaciones de consumo.

La Ciudad recibe los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; tres Fiscalías ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo; tres Defensorías Públicas Oficiales ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo; seis vocalías de la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo; una Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, y una Defensoría ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo.

Por otro lado, se tratará el proyecto que ratifica el convenio interjurisdiccional de transferencia progresiva de facultades y funciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) en todas las materias no federales o de interés nacional, para ser ejercidas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires por el Organismo del Registro Público.

Además, en el marco de este traspaso, serán transferidas las funciones, competencias, órganos, entes, personal, servicios y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de seguimiento y/o de comunicación), convenios y contratos en ejecución con los que cuente y utilice la Inspección General de Justicia (IGJ).

Los legisladores debatirán también el miércoles en el recinto el convenio por el cual el Estado Nacional transfiere y la Ciudad asume la competencia penal no federal relativa a delitos contra las personas, el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, el orden público, la administración pública, la fe pública, y leyes complementarias.

Según se informó, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para investigar y juzgar los nuevos delitos de competencia penal ordinaria, aplicables en su ámbito territorial, que se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación, salvo que expresamente se disponga lo contrario, conforme lo establecido en el artículo 2° de la Ley N°26.702.

Finalmente, la Legislatura porteña también considerará el convenio interjurisdiccional de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) en todas las materias no federales, entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La transferencia involucra a todo el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP); las funciones, competencias, servicios y bienes y los contratos en ejecución que determinen las partes en las actas complementarias para cuya firma quedan autorizados el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministro de Gobierno de la Ciudad.

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