Revista Qué

12 Oct 2015 | Vencimiento del plazo constitucional

Macri, denunciado por no enviar el Presupuesto

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un amparo para que se le ordene al gobierno porteño la presentación inmediata del presupuesto. Destaca que se lesiona el derecho a la información y la participación.

El gobierno porteño quedó expuesto en la Justicia por la demorar el envío del Presupuesto 2016 más allá del plazo que estipula la Constitución de la Ciudad, que fija el 30 de septiembre como tope, a raíz de un amparo que presentó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para exigir que se presente de inmediato

Como dio cuenta Qué, el PRO retrasa la presentación del Presupuesto de manera de postergar su tratamiento y la difusión de su contenido, en medio de una campaña virulenta en la que la gestión de Mauricio Macri ha quedado envuelta en críticas. El objetivo es evitar los cuestionamientos.

Sobre esa manera, ACIJ le solicitó el 9 de octubre al Poder Judicial que dictara una medida cautelar para ordenar al Poder Ejecutivo que presente el proyecto de Presupuesto 2016, de manera inmediata, ante la Legislatura. La causa (Exp. A38856-2015/0) tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad, a cargo de la jueza María Elena Liberatori.

ACIJ afirmó que el gobierno “ha violado su obligación y no ha remitido, hasta la fecha, el proyecto correspondiente” y remarcó que la Constitución porteña como la Ley de Administración Financiera establecen que el proyecto debe presentarse antes del 30 de septiembre.

“La ley de presupuesto tiene una gran trascendencia, no sólo porque evidencia los compromisos y deuda-publica1prioridades del gobierno, sino también porque se relaciona de modo inescindible con el ejercicio efectivo de los derechos, en tanto éstos exigen para su implementación de la asignación y ejecución de recursos públicos”, resaltó la organización en un comunicado.

Para ACIJ, la demora decidida por el gobierno porteño “lesiona el derecho a la participación, a la información y al debido proceso presupuestario” y, fundamentalmente, impide “el debate y discusión en tiempo oportuno sobre las proyecciones presupuestarias del Poder Ejecutivo para el próximo año, debido a que ni siquiera pueden conocerlas”.

“Se frustra toda posibilidad de que los integrantes del Poder Legislativo discutan y debatan, en el plazo constitucionalmente previsto, las previsiones presupuestarias para el próximo ejercicio, así como el derecho de todos/as los/as ciudadanos/as a participar de esas discusiones, que ya deberían estar teniendo lugar en el Poder Legislativo”, resaltó la organización.

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