Revista Qué

26 Oct 2016 | Economía social y solidaria

Solicitaron la creación de un INAES

Legisladores porteños junto al Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CESBA) solicitaron Poder Ejecutivo la creación de un Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en el ámbito de la Ciudad. Además en la presentación se dio a conocer un proyecto de Ley para promover el desarrollo de la […]

Legisladores porteños junto al Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CESBA) solicitaron Poder Ejecutivo la creación de un Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en el ámbito de la Ciudad.

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Además en la presentación se dio a conocer un proyecto de Ley para promover el desarrollo de la Economía Social y Solidaria, sus prácticas cooperativas y a todos los actores que la integran, que fue presentado al Ejecutivo.

La presentación fue en el Salón Jauretche de la Legislatura porteña con la presencia de los legisladores impulsores de la iniciativa, Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico) y Gabriel Fuks (Corriente Nacional de la Militancia) y del titular del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Federico Saravia, conjuntamente con integrantes de cooperativas y organizaciones sociales.

En ese marco, Fuks destacó que la propuesta se hace en el contexto de “una crisis económica con recesión y una política de ajuste hace a los sectores populares”, entendiendo que existe un “renovado crecimiento de las formas autogestionarias de la economía social y solidaria”.

La iniciativa se debe a que hay que  “impulsar proyectos de fortalecimiento, consolidación y desarrollo de la Economía Social y Solidaria y de reconocimiento de sus derechos”, según mencionó el diputado Gabriel Fuks.

Además, el presidente de la Corriente Nacional de la Militancia,  recordó que durante las presentaciones de presupuesto en la Legislatura, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri, señaló “la necesidad de generar desde el Ejecutivo una política integral, junto a legisladores, organismos competentes y organizaciones sociales de la economía social”, a la que se refirió como “una fuerza viva muy importante en las economías de las ciudades”.

Producto del trabajo de la Asamblea del CESBA es que se elaboró un proyecto de declaración en el cual se propugna el desarrollo de iniciativas legislativas de Promoción y Fomento de la Economía de la Economía Social y Solidaria, recomendando al Ejecutivo la concreción de este órgano local, del que se hicieron eco los diputados Gabriel Fuks, Javier Gentilini (Frente Renovador), María Rosa Muiños y Silvia Gottero (Bloque Peronista) y Pablo Ferreyra (Frente para la Victoria).

Esta declaración está siendo acompañada por el mencionado proyecto de ley para la Promoción y Fomento de la Economía Social y Solidaria, cuyos autores son los mencionados legisladores Fuks y Camps, conjuntamente con el diputado Claudio Heredia (Bloque Peronista).

En sus disposiciones generales, la norma busca promover, desarrollar y fortalecer la Economía Social y Solidaria, estableciendo un marco jurídico común para quienes la integran, favoreciendo la institucionalización de sus valores y prácticas y visibilizando sus procesos de producción, comercialización, intercambio y consumo de bienes.

Definiendo a la Economía Social y Solidaria como un sistema integral que apunta al desarrollo del ser humano en el marco de la democratización de las relaciones económicas y promoviendo la primacía de los fines sociales por encima del capital, en un marco de gestión económica equitativa y beneficiosa para sus integrantes.

En este marco lo comunitario adquiere preponderancia a fin de garantizar el acceso a la previsión y la seguridad social para todos sus trabajadores, estableciendo una Comisión de Actualización Normativa para la Economía Social y Solidaria, con un registro de las instituciones que desarrollan esta actividad.

La propuesta es crear un Fondo de Financiamiento de la Economía Social y Solidaria, afectando al mismo un 5% de las utilidades producidas en concepto de juegos y apuestas en la Ciudad, brindando exenciones impositivas y el derecho a la Tarifa Social de los servicios públicos a las organizaciones inscriptas en el futuro Registro de Instituciones de la Economía Social y Solidaria.

Otro aspecto central es el establecimiento de un cupo de, al menos, 5% de las adquisiciones anuales de bienes y servicios por parte del Gobierno para ser adjudicadas a las Instituciones de la Economía Social y Solidaria.

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