Revista Qué

15 Abr 2015 | Problemas con la Justicia

A ventilar los trapitos

Los precandidatos que buscarán suceder a Macri tuvieron o tienen problemas en la Justicia. De ellos, Rodríguez Larreta es el que más veces deambuló por Tribunales.

Todos ellos realizan promesas, buscan mostrarse como opciones viables, lo necesario para seducir a los votantes. El objetivo es simple: conseguir ser electos. Sin embargo, muchos de los candidatos que buscarán suceder a Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad poseen un historia ante la Justicia.

Según un racconto que realizó Qué, entre los principales políticos hay más de 10 causas penales, muchas de las cuales aún continúan en trámite.

El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, es quien mayor cantidad tiene. Desde 1998, tuvo que ingresar a los diversos tribunales de la Ciudad por diferentes tipos de causas.

La última que lo tiene como protagonista es la denuncia que realizó el apoderado del GEN, y primer precandidato a legislador porteño por SurGen, Juan Manuel Lugones, por uso indebido de fondos públicos. En su presentación judicial, Lugones sostiene que Rodríguez Larreta utilizó fondos del Ejecutivo porteño para promocionar su campaña. Para eso presentó ciertas propagandas oficiales de la Ciudad en las que se muestra el candidato en la inauguración de obras y demás. Fuentes judiciales confirmaron a Qué que esa causa no verá movimiento hasta pasadas las elecciones.

En 2010, el alcalde porteño envió a la Legislatura un convenio para la creación de un nuevo barrio con características muy similares a Puerto Madero. La idea era concederle a IRSA, la empresa que diseñó el megaproyecto llamado “Solares de Santa María”, la posibilidad para avanzar con este negocio que costará más de 600 millones de dólares. El gerente de Relaciones Institucionales de IRSA en ese entonces era Augusto Rodríguez Larreta, hermano del jefe de Gabinete porteño. En este contexto, se radicó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Nº 16, pidiendo que se lo investigue para verificar si cometió el delito de tráfico de influencias con el objetivo de beneficiar a la compañía en la que ocupaba un alto cargo su hermano.

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La construcción del Metrobus también lo tiene involucrado. Los costos de la obra generaron sospechas en varios sectores de la oposición. Facundo di Filippo, del Partido Social de la Ciudad, se encargó de llevar a la Justicia esas suspicacias y denunció penalmente a Mauricio Macri y a Rodríguez Larreta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación judicial fue motivada por “los sorprendentes costos que lleva la obra, especialmente la construcción de las estaciones/paradores, que tienen un costo unitario de más de $ 8.200.000”.

Pero estas no fueron las únicas causas que lo tuvieron como protagonista. Hace dos semanas, la Cámara Federal ordenó que se volviera a investigar a todos los sospechosos por la presunta estafa del Fondo Nacional de Capital Social (FONCAP), cuyo presidente era Rodríguez Larreta. Esta causa tuvo sus orígenes en 1998, cuando el ex presidente Carlos Saúl Menem, mediante el decreto 675/97, creó tal ente para “facilitar el desarrollo del sector de la microempresa de menores recursos a nivel nacional, con especial atención a las particularidades de cada región para promover el desarrollo del sector y propiciar la expansión de sistemas de garantía que faciliten el acceso a los servicios financieros”.

Ese ente concedió un préstamo de $ 1.122.000 a la Fundación Emprender. Según consta en el expediente, dicha ONG utilizó ese dinero para el pago de deudas bancarias. Tres años después de que se le otorgó el dinero, la fundación quebró. En el escrito, la Cámara consideró que el préstamo fue en realidad en favor de uno de los accionistas privados de la propia FONCAP.

La otra candidata del PRO de cara a las PASO, Gabriela Michetti no tiene causas judiciales en su contra. Sin embargo, una de sus ex colaboradoras fue denunciada recientemente por la ONG La Alameda, cuyo titular es el legislador y precandidato por Bien Común, Gustavo Vera. Se trata de la legisladora Lidia Saya. Según consta en el expediente judicial, en agosto de 2013 se contactó con Carlos Daniel Morales Comini, por orden de Michetti, quien habría recibido una carta de su parte. “Mi nombre es Lidya Saya, la señora Gabriela Michetti me dio su teléfono por una nota que usted le envió a ella hace ya como un mes me parece”, se presentó Saya. Quien invitó a Morales Comini a colaborar en la campaña electoral de Michetti que en ese entonces competía por una banca en el Senado de la Nación.

Morales Comini es conocido como “Kali” o “Coco”, y junto a su pareja María Adelaida Caroso habría regenteado al menos dos prostíbulos, uno en Esmeralda 770 2° C y F y otro en Santa Fe 1714 6° 606. En la casa donde vivía Caroso se secuestró una hoja manuscrita con nombres de mujeres, arancel, tiempo, hora y porcentaje; y otra hoja con la inscripción “pases”. Esa evidencia fue recolectada por el juez federal Ariel Lijo que realizó en octubre de 2013 una serie de allanamientos en la Ciudad en donde se rescató a 57 víctimas de trata de blancas. Ante esa evidencia, Lijo procesó a Morales Comini.

El precandidato por ECO, actual diputado nacional y ex ministro de Economía, Martín Lousteau también tuvo que recorrer Tribunales en su carrera política. Las primeras veces se originaron por su labor como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO). En 2006, la entidad bancaria fue investigada por la Unidad Funcional de Investigaciones de Delitos Complejos por la existencia de cheques mellizos que fueron utilizados para una presunta estafa de $ 28.000. Al momento de la explosión del escándalo, Lousteau se encontraba en Alemania, a donde había ido para ver el desempeño de la Selección argentina en el Mundial de fútbol.

Pero Lousteau también tuvo sus problemas cuando fue el titular de la cartera de Economía. El ex diputado Mario Cafiero y el abogado Ricardo Monner Sans solicitaron que se lo investigue junto con el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, y a las grandes compañías cerealeras, por calcular erróneamente el importe de la retención que descuentan al agricultor del precio de venta de su producción. La denuncia se formuló a partir de un trabajo de investigación llevado a cabo junto con el especialista cordobés Francisco Llorens.

Según este planteo, “este grupo de empresas, en su mayo-ría transnacionales, logra apropiarse de una sustancial diferencia en base a la existencia de un error en el precio fijado para el cálculo de los derechos de exportación publicados oficialmente por la Secretaría de Agricultura (SAGPyA) y por la falta de control cruzado tanto por parte de la AFIP como de la Aduana”.

LA NOTA COMPLETA, EN LA EDICIÓN N°27 DE QUÉ.

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