Revista Qué

8 Sep 2015 | Salud Mental

Polémica: Ciudad se resiste a la aplicación de una ley nacional

La Procuración presentó una medida cautelar para impedir el funcionamiento del Órgano de Revisión de Salud Mental en la Ciudad. El ente ya había realizado observaciones por irregularidades en el Borda y en el Moyano.

La Procuración General de la Ciudad disparó la polémica al oponerse mediante un amparo al funcionamiento en territorio porteño del organismo nacional que lleva adelante la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, que busca garantizar el respeto de los derechos de los usuarios de hospitales psiquiátricos.

La presentación judicial generó una onda de rechazos en distintos organismos. En concreto, se propone impedir en la Ciudad del funcionamiento del Órgano de Revisión Nacional (ORN), creado por la ley de Salud Mental 26.657, que es la fija recomendaciones y lineamientos para el alcance de la ley.

El procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, fundamentó su rechazo al cuestionar los resultados de los monitoreos realizados en 2014 en los hospitales José T. Borda y Braulio Moyano, en los que se dio cuenta de serias irregularidades que exponen la gestión sanitaria del gobierno de Mauricio Macri.

Entre otras, se observó internaciones de larga data, vulneración del derecho a la intimidad, muertes dudosas, falta de dispositivos y apoyos que posibiliten la inclusión comunitaria, y déficit de infraestructura y de recursos humanos que afectan el tratamiento de los usuarios.

Con su presentación, la Procuración busca dejar sin efecto, según trascendió, dos recomendaciones emitidas por el Órgano de Revisión: la que solicita que se investiguen “las muertes ocurridas en las instituciones de salud mental del país” y la que sugiere la “prohibición de la aplicación de electroshock”.

La situación de alguna manera expone al gobierno porteño. El ORN ya le había solicitado a la gestión de Mauricio Macri la adecuación de los servicios evaluados de acuerdo a los “estándares impuestos por la Ley Nacional de Salud Mental”.

En un comunicado, el Órgano de Revisión sostuvo que la acción judicial interpuesta por el Gobierno de la Ciudad procura “obturar el camino hacia la desmanicomialización”, uno de los objetivos claves de la ley sancionada en 2010 y cuya reglamentación se presentó el año pasado.

A partir de esa normativa, el ORN tiene actuación en todo el país y debe cumplir con los más altos estándares jurídicos internacionales establecidos “en los Principios de Salud Mental de la ONU y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un organismo de protección de derechos humanos, de promoción y de monitoreo que procura restituir la integridad y la dignidad de las personas con  discapacidad psicosocial”.

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En el Borda se detectaron varias irregularidades

“El intento por desconocer las funciones y los alcances del ORN por parte del gobierno porteño afecta directamente el desempeño sin restricciones que, por ley, posee el organismo e implica la postergación del pleno ejercicio de los derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires. La situación resulta aún más grave si se considera el deber que tiene el Estado argentino en la atención y en el tratamiento de las personas con padecimiento mental, y su obligación de respetar el derecho a la vida y a la integridad personal”, sostuvo el ente.

Desatada la polémica, la Asociación de Trabajadores del Estado, a través del su área de Salud Mental, manifestó su “absoluto repudio” a la medida de la Procuración, encargada de defender los intereses del gobierno porteño, y que pidió la “no intervención” del organismo nacional.

“Como sindicato comprometido con la implementación plena de la ley 26657 repudiamos las acciones  del procurador,  y la falta de políticas públicas en materia de salud mental. Nos resulta alarmante  la falta de dispositivos sustitutivos al manicomio y  la falta de presupuesto que poseen los escasos programas y dispositivos en la ciudad autónoma de buenos aires”, detallaron en un comunicado.

Cabe destacar que esta polémica se suma al conocido conflicto que mantuvo Macri con el Hospital Borda, cuando la Policía Metropolitana por orden del Gobierno de la Ciudad demolió el Taller Protegido N° 19 de la entidad, pese a la resistencia del personal en medio de una cruenta represión que le valió al gobierno porteño distintos procesamientos.

Por otro lado, este año en medio de una ola de despidos en el área de Salud Mental, distintos profesionales dieron cuenta de los escasos recursos y la falta de profesionales que trabajan en la cuestión.

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