Revista Qué

26 Abr 2015 | Causa que sigue en pie

Borda: a dos años de la represión

A pesar del tiempo, el gobierno porteño no construyó el Taller Protegido que demolió entonces pese a una orden judicial. Las autoridades políticas acusadas fueron sobreseídas pero, en paralelo, empleados del hospital siguen procesados. El Observatorio de Derechos Humanos elaboró un informe en el que reitera la ilegalidad del procedimiento y exige respuestas a las Justicia.

Este 26 de abril se cumplen dos años de la represión de en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda que dejó varios heridos cuando la Policía Metropolitana por orden del Gobierno de la Ciudad demolió el Taller Protegido N° 19 de la entidad, pese a la resistencia del personal.

Según se reconstruyó entonces, alrededor de 400 efectivos ingresaron ilegalmente al Borda, luego de cortar las cadenas de un portón sobre la calle Pedriel, donde funcionaba el taller que daba terapia ocupacional a los internos, quienes fabricaban muebles para distintos organismos estatales.

Por el hecho, la Sala IV de la Cámara Criminal confirmó semanas atrás el sobreseimiento del jefe de gobierno Mauricio Macri, la vicejefa María Eugenia Vidal y al Jefe de la Metropolitana, Horacio Giménez, aunque pidió seguir investigando al ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín.

Pero, en paralelo, seis trabajadores del Hospital siguen procesados. Jorge López, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 30 determinó a fines de ese 2013, además del sobreseimiento de las autoridades locales el procesamiento para trabajadores por “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”, algo que repudian distintas organizaciones sociales y políticas.

El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad elaboró un informe en ocasión del segundo aniversario en el que resalta la ilegalidad del procedimiento que llevó adelante la Policía Metropolitana: “la Sala II en lo Contencioso Administrativo había dictado una medida cautelar que mantenía suspendida la construcción en dichos terrenos por no cumplir con las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano”, se cita en el informe.

Pero no es el único motivo. El objetivo del Gobierno de la Ciudad de comenzar la construcción del Centro Cívico en ese predio y los edificios linderos nunca se debatió en la Legislatura, ni tampoco se llamó a licitación. Sin embargo, ese día los efectivos ingresaron con varias cuadrillas de operarios con maquinaria de demolición para derrumbar el taller.

“Ante este despliegue de fuerza, y arbitrariedad, los pacientes, trabajadores de la salud y de prensa, legisladores, y ciudadanos que se convocaron en el lugar para exigir explicaciones, fueron violenta y desproporcionadamente reprimidos, provocando 33 heridos, 6 de ellos eran pacientes, con perdigones de goma, cachiporras, gas pimienta y patadas. Además se produjeron decenas de detenciones”, apunta el ODH.

El accionar porteño quedó expuesto ese mismo día por un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad tildó de ilegal el procedimiento y multó a los funcionarios responsables con 20 mil pesos por “mala fe procesal” y reimplantó la medida cautelar para detener las obras que, vaya paradoja, sigue vigente, a pesar que el taller ya no está en pie.

borda represiónSin embargo, el ODH repudió esa decisión y exigió que se persiga la atribución de responsabilidad sobre “quienes condujeron y llevaron adelante la represión ilegal en el Borda, el Comisario Inspector Horacio Alberto Giménez, Jefe de la Policía Metropolitana, de Ricardo Pedace, Subjefe de la Policía Metropolitana, y del Ministro de Seguridad del G.C.B.A., Guillermo Montenegro, además de la vicejefa María Eugenia Vidal.

Por otra parte, el organismo denunció que a dos años de la demolición, el Gobierno de la Ciudad no cumplió con la orden judicial de construir un nuevo Taller Protegido, “ni en remover las placas de asbestos (chapas de fibrocemento) que se encuentran a cielo abierto”. “La peligrosidad de esta sustancia altamente cancerígena, se incrementó por la demolición, y transformación del material en polvo, que provoca mayor exposición y riesgo para la salud”, consignó.

Para el organismo es un hecho que en el procedimiento se violaron “todos los protocolos y tratados internacionales que protegen a los enfermos mentales por tratarse de personas altamente vulnerables por su discapacidad psicosocial”, cuyos derechos se encuentran protegidos por la ley nacional 26.657 de Salud Mental y su equivalente porteña la 448.

“Desde el Gobierno de la Ciudad se intenta erigir a este operativo en uno de los hitos de la ley y el orden, cuando todas las evidencias advierten que se trató de un concurso sistematizado de vulneraciones de derechos humanos reconocidos en las leyes de la Ciudad, su Constitución, la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, se resalta en el informe.

En paralelo, en la Legislatura Porteña se presentó en los últimos días un proyecto de ley para la reconstrucción del Taller N° 19 y que la Ciudad garantice su correcto funcionamiento. Habrá que esperar si el oficialismo decide darle curso en las comisiones y luego en el recinto.

El legislador Pablo Ferreyra (Seamos Libres), autor de la iniciativa, subrayó que el gobierno porteño no amplió desde el hecho el Sistema de Talleres Protegidos de Rehabilitación de Salud Mental.

Compartir
?