Revista Qué

27 Oct 2016 | tras fallo judicial

Denucian al juez Zelaya por legalizar Uber

Una ONG denunció que el juez Miguel Zelaya, quien dictaminó que el funcionamiento de la empresa UBER era lícito, incurrió en “violación de los deberes de funcionario público, abuso de poder y encubrimiento” al emitir ese fallo ya que se excedió en sus funciones debido a que la causa estaba radicada ante el juez Ariel […]

Una ONG denunció que el juez Miguel Zelaya, quien dictaminó que el funcionamiento de la empresa UBER era lícito, incurrió en “violación de los deberes de funcionario público, abuso de poder y encubrimiento” al emitir ese fallo ya que se excedió en sus funciones debido a que la causa estaba radicada ante el juez Ariel Lijo.

An illustration picture shows the logo of car-sharing service app Uber on a smartphone next to the picture of an official German taxi sign in Frankfurt, September 15, 2014. A Frankfurt high court will hold a hearing on a recent lawsuit brought against Uberpop by Taxi Deutschland on Tuesday. San Francisco-based Uber, which allows users to summon taxi-like services on their smartphones, offers two main services, Uber, its classic low-cost, limousine pick-up service, and Uberpop, a newer ride-sharing service, which connects private drivers to passengers - an established practice in Germany that nonetheless operates in a legal grey area of rules governing commercial transportation. The company has faced regulatory scrutiny and court injunctions from its early days, even as it has expanded rapidly into roughly 150 cities around the world. REUTERS/Kai Pfaffenbach (GERMANY - Tags: BUSINESS EMPLOYMENT CRIME LAW TRANSPORT)

La presentación, que recayó en el Juzgado Federal 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, fue hecha por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y alcanza también al fiscal Jorge Ballestero, que se pronunció contra la existencia de delito. Zelaya se pronunció en una demanda promovida por el Sindicato de peones de Taxis específicamente contra los choferes que manejan vehículos sin el registro especial y sin el control que el gobierno de la Ciudad impone a los taxistas.

En su escrito ante la justicia federal, el titular de la Fundación, Fernando Míguez recordó que su fundación denunció ante el juez Lijo a Uber por evasión impositiva y a las autoridades porteñas, incluyendo al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, por “incumplimiento de sus deberes”, por no oponerse al funcionamiento de esa plataforma de transporte en la Argentina.

La Fundación destacó en la denuncia ante Martínez de Giorgi que el juez Lijo adoptó medidas de prueba y que entre los denunciados están, además de Rodriguez Larreta, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. La ONG remarcó que “Uber es una empresa que no está registrada en la IGJ, los usuarios pagan con tarjetas de crédito de bancos nacionales y toda esa plata no tributa impuestos”.

“¿Cómo puede ser que ningún organismo de control detectara operaciones sospechosas? Se trata de una empresa que no tributa pero que a la vez pagó de arranque multas de 70.000 pesos por cada uno de los autos que les fueron secuestrados. ¿Cómo ingresó ese dinero al país?”, se preguntó Miguez.

Uber es una empresa trasnacional cuyo dueños serían los empresarios estadounidenses Garret Camp, Travis Cordel Kalanic y David Plouffe, quienes –según la fundación– habrían integrado la comitiva del presidente Barak Obama en su visita a la Argentina en marzo pasado.

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