Revista Qué

4 Nov 2015 | Se suman las críticas

Denuncian hostigamiento en el área de Salud Mental

Trabajadores del Hospital Ameghino reclamaron el cese de la persecución y hostigamiento a las autoridades del área. Denunciaron un vaciamiento del plantel de personal que repercute en la atención a los usuarios.

Con el respaldo de diputados opositores, trabajadores del Centro de Salud Mental Ameghino denunciaron una campaña de hostigamiento y de persecución por parte de autoridades del área de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de suspensiones laborales.

Los trabajadores dirigieron sus críticas contra el coordinador de redes de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, Andy Blake, al que acusaron de “agresión y patoterismo”, luego de los reclamos por las distintas situaciones que elevaron a la Dirección, bajo el control de la Ministra de Salud, Graciela Reybaud.

“El 21 de octubre, mientras reclamábamos tres cargos de psicólogos que fueron suspendidos y ocho retenidos, Blake se encerró en su oficina y al ver que no nos íbamos salió y se dirigió a mí a los gritos, increpándome e intentando provocarme, buscando una reacción de mi parte que no obtuvo”, afirmó la trabajadora Liliana Hilario.

En una conferencia de prensa en el auditorio del Centro, ubicado en avenida Córdoba al 3200, los trabajadores expusieron sus críticas con el acompañamiento de los diputados Gabriela Alegre (FPV), José Campagnoli (Nuevo Encuentro-FPV), Marcelo Ramal (PO); trabajadores de los hospitales neuropsiquiátricos Borda y Moyano y del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, entre otros.

salud mental ameghino

“Venimos haciendo reclamos desde hace décadas, pero desde el 2010 se profundizó la crisis en el Ameghino y pasamos de tener 450 profesionales a 260, que son los que hay en la actualidad: no llaman a concursos, suspenden los cargos y las vacantes que hay son destinadas a gente cercana al PRO”, denunció Hilario, según consigna la agencia Télam.

Hilario, presidente de la Asociación de Profesionales del Ameghino, amplió las consecuencias de la falta de personal –reclamo original contra el GCBA– y sostuvo que la retención y la suspensión de cargos “pone seriamente en riesgo la capacidad de atención y hasta pone en riesgo la continuidad de funcionamiento del hospital”.

“Hay claramente un desinterés, una política de vaciamiento que afecta directamente a los sectores más vulnerables que es el que se atiende en hospitales públicos”, consignó la representante de los trabajadores, quien se comprometió a denunciar la “mugre debajo de la alfombra” de la gestión PRO.

En ese sentido, el diputado de Nuevo Encuentro José Cruz Campagnoli señaló que la disminución de profesionales es un problema de larga data y criticó la falta de oportunidades que existen para discutir esta problemática y otras como el cuidado de las personas y de los pasantes con la directora de Salud Mental de la Ciudad, María Concepción Grosso

“Este es un problema en el conjunto de los hospitales de la Cuidad porque hay una disminución del presupuesto destinado a la salud pública: si uno quita dinero es porque no lo tiene como prioridad y ahí están las consecuencias”, destacó Campagnoli.

El delegado de ATE, Marcelo “Nono” Frondizi, citó los problemas que ya tiene el gobierno de la Ciudad. “Esta política de agredir no es nada nueva en el macrismo, hace tres años lo vivimos en el Borda, donde la policía de Macri reprimió a pacientes, familiares, profesionales y periodistas, y forma parte de una política de desmantelamiento del hospital público”, aseguró por su parte Marcelo “Nono” Frondizi, delegado de ATE.

 

Antecedentes

Este año, varios contratados del del Hogar Nueva Pompeya, dependiente de la Dirección de Salud Mental denunciaron la no renovación de contratos de psicólogos como una virtual forma de despidos, en medio de la reducción de plantel profesional, sin mayores explicaciones.

Por otro lado, la Ciudad se opuso hace semanas mediante una medida cautelar a la injerencia del Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental en la Ciudad, al que han adherido la mayoría de las provincias argentinos. El gobierno porteño enfrenta observaciones a incumplimiento de la normativa como la persistencia del sistema de electroshock.

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