Revista Qué

28 Mar 2017 | Por la compra de armas a EEUU

Denuncian penalmente a Macri y Lousteau

Un grupo de diputados nacionales del Frente para la Victoria – PJ denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete Marcos Peña y al embajador en Washington Martín Lousteau por la compra de material bélico a Estados Unidos en forma secreta. De la adquisición de las armas, que fue revelada por el programa […]

Un grupo de diputados nacionales del Frente para la Victoria – PJ denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete Marcos Peña y al embajador en Washington Martín Lousteau por la compra de material bélico a Estados Unidos en forma secreta.

De la adquisición de las armas, que fue revelada por el programa El Destape, también son acusados el ministro de Defensa Julio Martínez y los diputados nacionales de Cambiemos Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, que habrían participado de las operaciones de compra en forma reservada.

La denuncia fue sorteada por la Cámara Federal este martes por la mañana con el expediente 3943/2017 y quedó en manos del juzgado criminal y correccional federal 7, a cargo de Sebastián Norberto Casanello.

Según los denunciantes, están “involucrados -prima facie- en los delitos de defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La presentación lleva la firma de los diputados nacionales Héctor Recalde, Luis Basterra, María Teresa García, Rodolfo Tailhade, Axel Kicillof, Verónica Mercado, Carlos Castagneto y Diana Conti. En la acusación, los querellantes sotienen que “queda claro que secretamente se están administrando una infinidad de recursos económicos del presupuesto nacional, con una informalidad y desprolijidad pocas veces vista, y que por entender pueden involucrar graves delitos. Y para ello se está omitiendo el cumplimiento de normas especificas que regulan la modalidad de planificación y posterior adquisición de armamentos destinados a la Fuerzas Armadas”.

Como medidas de prueba, le piden al juez que le pida informes a la canciller Susana Malcorra y al secretario General de la Presidencia Fernando de Andreis sobre “los listados de integrantes de la delegación oficial que acompañó al Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su visita de Estado a nuestro país en marzo de 2016” y la “agenda de reuniones del congresista estadounidense Peter John Visclosky en nuestro país”. Se trata del legislador norteamericano que recibe las solicitudes de compra de material bélico del extranjero y, según la denuncia, tuvo un aceitado intercambio con los diputados Amadeo y Laspina. Al respecto, también le piden a “la Dirección Nacional de Migraciones que informe los ingresos y egresos de Visclosky, Amadeo y Laspina, durante 2015, 2016 y 2017, informando fechas, origen, destino y toda información obrante en dicha dirección sobre los movimientos que se detecten”.

Además, piden el “inmediato secuestro de todas las actuaciones administrativas referidos a las negociaciones y compras de material aquí denunciadas del Ministerio de Defensa de la Nación, del Estado Mayor Conjunto del Ejercito, del Ejercito Argentino, de la Fuerza Aérea Argentina y de la Armada Argentina, como asi también de la Jefatura de Gabinete de Ministros.”

En el detalle de la compra de armamento más importante de los últimos 40 años, los diputados alertan que “se encuentra en un grado de avance tal que algunos ítems ya se habrían concretado (particularmente 12 aviones TEXAN de persecución de aeronaves)”. Con ese argumento advierten la urgencia de “investigar cómo se ha llevado a cabo el trámite, porque resulta sospechoso que un equipamiento militar de esa magnitud se haya realizado con absoluto secreto, con la intermediación de dos diputados nacionales de los cuales se desconoce su rol y sus competencias funcionales para llevar a cabo la misma, y lo que es más grave, como se decidió la compra del equipamiento a los Estados Unidos, y como fue adoptada esa decisión. Resulta evidente, que la compra no ha sido realizada en cumplimiento del plan anual de contrataciones del Servicio Logístico para la Defensa”, señala el escrito.

En el texto de la argumentación, los denunciantes se preguntan si “se realizaron las compulsas de precios entre otros oferentes de ese mercado a nivel internacional” y ¿Cómo se fijaron los precios y se adoptaron las decisiones respecto de los distintos oferentes del mercado?”. Al respecto, concluye que “por la forma en que el Poder Ejecutivo manejó el asunto, todo hace pensar que aquí no se administraron fielmente los recursos públicos y que se decidió su destino orientado a un solo proveedor desde el inicio del trámite, sin análisis de las propuestas más beneficiosas para nuestro país, tanto técnicas como económicas”. Por esa razón, dicen los querellantes, “es preciso investigar en profundidad el trámite administrativo para semejante adquisición, ya que resulta cuanto menos sospechoso que en tan escaso tiempo, secretismo, e informalidad, todo ello se haya hecho conforme la legislación vigente”.

Al tratarse de un bloque opositor, los diputados aclaran al juez que “no se cuestiona aquí la decisión política, aunque no se comparta. Tampoco se requiere conocer qué hipótesis de conflicto bélico maneja el Presidente de la Nación para semejante compra de material de guerra. Tampoco se discute la demencial decisión política de destinar esas sumas de dinero a la compra de armas, cuando el pueblo argentino sufre los efectos de la política económica de ajuste que implementa el presidente Macri. Ni siquiera la presumible falta de adecuación de las compras al plan anual de contrataciones de las fuerzas armadas”. Sin embargo “lo que aquí se cuestiona y de lo que se requiere una seria investigación es sobre la disposición de semejante cantidad de recursos económicos, y la posible malversación de dichos caudales. Asimismo, cómo fueron las negociaciones que entablaron los funcionarios públicos competentes, y cuáles entablaron los que a todas luces no fueron competentes para ello.

Respecto a los pedidos de ingreso y egreso de funcionarios norteamericanos al país, la denuncia señala que “no puede dejar de levantar sospechas que estas negociaciones se hayan mantenido entre la visita del ex presidente Barack Obama a nuestro país, y la posterior visita de dos diputados nacionales a un congresista de los Estados Unidos que ostenta un puesto jerárquico en la Comisión de Defensa y tiene un importante rol en la gestión del Programa de venta de armas a extranjeros de dicho país.  Asimismo, debe investigarse la relación que puede existir entre estas compras de material y la administración de las empresas del Estado que esta gestión de gobierno lleva adelante”, advierten los diputados, porque “dentro de las políticas de ajuste que este gobierno lleva adelante desde el 10 de diciembre de 2015, las empresas nacionales involucradas en la fabricación y desarrollo del material que hoy se estaría comprando a los Estados Unidos, no fueron ajenas y también sufrieron el recorte de personal y recursos. Siendo que gran parte del material que se estría adquiriendo en el exterior puede fabricarse en nuestro país. Entonces, en qué se basaron las decisiones que la administración nacional está tomando. ¿Se encuentra debidamente fundamentada la decisión de comprar el material afuera, mientras se deterioran empresas estatales especializadas que están bajo la órbita del mismo funcionario que decide estas compras? ¿Se ha buscado compatibilizar la adquisición de armamentos y equipos de comunicaciones con el mandato de “Promover la Industria Nacional con relación a la Defensa”?”, se pregunta la denuncia.

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