Revista Qué

19 May 2015 | Justicia

Derrumbe en Beara: Diez implicados al borde del juicio oral

En ellos se encuentra el maestro mayor de obras, Gustavo Amarú, quien firmó y aprobó los planos del entrepiso que en 2010 se vino abajo y terminó con la vida de dos jóvenes.

Cuatro años después del trágico derrumbre del boliche Beara, diez implicados en la causa se enfrentan a un inminente juicio oral y público. Entre ellos se encuentra el maestro mayor de obras, Gustavo Amarú, quien firmó y aprobó los planos del entrepiso que en la noche del 10 de septiembre de 2010 se vino abajo y terminó con la vida de dos jóvenes.

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“Hay diez como Amarú. Él apeló a Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal el fallo de Cámara” y de esta manera, “avaló el fallo para todos”, explicaron fuentes judiciales a Qué. Tal como fue publicado en la edición N°12 de Revista Qué,  con doce obras en simultáneo, Amarú sólo declaró dos autos, ambos fabricados en la década del ‘70, no tiene residencia real en la Cuidad y sus dos domicilios comerciales son locales abandonados, lo que supone que Amarú es sólo un “presta nombre”.

En tanto, Madrea solicitó a la jueza Alicia Iermini que dicte los procesamientos de tres ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el fatal episodio. Se trata del por entonces titular de Habilitaciones, Martín Farrell; del ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas, y del arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones, Isaac Rasdolsky.

La magistrada sobreseyó a los implicados sin siquiera haber sido indagados. Sin embargo, la Cámara del Crimen revocó el fallo, por lo que Madrea reiteró el pedido de procesamiento previa indagación por el presunto delito de “estrago doloso por derrumbe de edificio agravado por haber causado la muerte de dos personas y cohecho pasivo”.

“Reitero que se dicte auto de procesamiento respecto de Rasdolsky, Farrell y Saikaukas, a los efectos de equiparar las situaciones procesales ya resueltas de manera firme y que prontamente pueda ser elevada una gran parte de la investigación a juicio oral”, afirmó el fiscal.

Además de su responsabilidad política, los tres ex funcionarios están sospechados de haber recibido altas sumas de dinero para que el espacio cuente con la habilitación para operar como “Local de fiestas privadas”.

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