Revista Qué

2 Sep 2015 | La política habitacional

Desconexión y poca inversión

Cuatro organismos autárquicos se reparten las acciones de urbanización y mejoramiento de barrios y villas. Entidades como ACIJ, la Defensoría del Pueblo y el ministerio Público Tutelar ponen de manifiesto que existe una superposición de funciones. Eso también parece darse en otras dos dependencias estatales.

Deuda pendiente, el plan de urbanización de villas se encuentra desde la gestión macrista a cargo de un conjunto de dependencias que aparece en el último tiempo en el centro de críticas por la distribución “desordenada” de funciones, la “superposición” y la “licuación” de responsabilidades en sus tareas.

Así se desprende, por ejemplo, de los fundamentos de un proyecto de ley que presentó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para dar cumplimiento al derecho a la vivienda digna que garantiza la Constitución porteña y que se hace eco de informes anteriores que cuestionan los lineamientos de la política habitacional. Qué constató una situación similar en cuanto a los Espacios Verdes, en la que se chocan la secretaría de Atención Comunal y el ministerio de Ambiente y Espacio Público.

tapa

La lupa sobre lo que falta hacerse en materia de vivienda está puesta en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SEHCI), la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS) y la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS), organismos autárquicos, bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Económico.

Si bien hubo algunos avances en relocalizaciones puntuales y en mejoramiento de zonas pequeñas, la realidad marca que los grandes asentamientos poblacionales, con leyes de urbanización de por medio, siguen sin cumplirse y llenan de interrogantes las metas que tiene el gobierno porteño a futuro.

Todos los organismos trabajan en la zona Sur de la Ciudad con distintas tareas, según se trate de obras de emergencia, en el caso de la UGIS, o de la mejora del ambiente y trazado de calles, como hace la Corporación Buenos Aires Sur. La secretaría de Hábitat e Inclusión, promovida por Macri en 2011, tiende a actuar como un organismo de supra nivel coordinador, pero adolece de un programa de acción de común, de acuerdo a las organizaciones dedicadas al hábitat.

El Instituto de Vivienda, en tanto, es el responsable legal de la política habitacional, pero en los últimos años está muy lejos de cumplir esa función. Dejó tareas de urbanización y de soluciones en materia de hábitat para enfocarse en la regularización dominial, o en la entrega de créditos hipotecarios, función que, por caso, ocupa en la actualidad la totalidad su página web.

Las acciones de cada uno están regidas por el “Convenio Marco de Cooperación y Asistencia entre el ministerio de Desarrollo Económico, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y la Corporación Buenos Aires Sur SE”, firmado en febrero de 2008.

En ese documento el IVC delegó la gestión en las villas de Emergencia a la UGIS y a la CBAS. Por un lado, la primera está abocada a la atención de emergencia y el mantenimiento del hábitat en situaciones graves de villas; y por otro, la CBAS lleva adelante el programa de Regularización y Ordenamiento del PROSUR Hábitat para la urbanización de los asentamientos informales.

Pese a esta diferencia, el IVC se encarga de manera exclusiva de la adjudicación de viviendas, y la búsqueda del mejoramiento en los servicios básicos. No obstante, también se ha cruzado en las facultades con la UGIS al encarar obras pequeñas del Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios (PRIT).

De manera oficial, el titular del IVC dijo que esas acciones se debían como respuesta a pedidos judiciales, según se cita en un informe público de la Justicia, en el que además se da cuenta de la baja incidencia para la construcción de nuevas viviendas al pasar los años.

En suma, el ingreso de la secretaría de Hábitat, a cargo de la michettista Marina Klemensiewicz, no produjo el resultado esperado, ni siquiera para el ministerio Público Tutelar de la Ciudad. “No hace más que aumentar la profusión de instituciones y superposición de tareas. La política de urbanización sigue siendo implementada como una sumatoria de acciones desconectadas”, afirma la Defensoría basada en un análisis de 2014 de la Asesoría Tutelar.

Objetivo compartido

La “superposición” de funciones parece no ser una cuestión exclusiva de los sectores que se dedican a hábitat. Qué dio cuenta tiempo atrás de la superposición que había, por ejemplo en las tareas de cuidado y promoción de Espacios Verdes entre el ministerio de Ambiente y Espacio Público y la secretaría de Atención Comunal y Atención Ciudadana.

Cabe recordar (ver edición Nº 18, Voracidad verde) que bajo la cartera que dirige Edgardo Cenzón se ubica la dirección general de Espacios Verdes, mientras que en la secretaría de Atención Comunal, a cargo de Eduardo Macchiavelli, se encuentra la subsecretaría de Espacio Público Comunal, cuyas tareas tienen límites difusos.

De cualquier manera, el déficit habitacional emerge, en paralelo, como una realidad imponderable que amerita una rápida respuesta del Estado, que en la Ciudad afecta a 275 mil personas que no tienen vivienda propia, mientras más de un organismo trabaja en una misma zona de acción en una quincena de asentamientos precarios y una veintena de villas de emergencia.

En efecto, la interconexión está puesta en duda por la Defensoría del Pueblo y organismos como ACIJ, que realizó un detallado informe en 2012 sobre las políticas públicas en el que cuestiona tanto los lineamientos como la falta de recursos para una de las problemáticas actuales más graves como la falta de vivienda digna.

“No existe un organismo y un sistema que centralice y planifique las políticas de vivienda de la Ciudad y asigne y priorice recursos presupuestarios, sino que existen muchos organismos que de manera desarticulada realizan tareas aisladas que no cooperan en la construcción de una política social y en remediar la crisis habitacional, sino que constituyen meras iniciativas sin incidencia”, detalló ACIJ en su lapidario informe de hace tres años.

No es menor reseñar que al segundo trimestre de 2015, el gobierno de la Ciudad había ejecutado el 0% del programa Reparación, Integración y Transformación de Villas, dependiente del IVC, que tenía un crédito anual vigente de 1.735.000 pesos. Y, el propio IVC -tal como dio cuenta este medio- ejecutó para entonces el 25% de su presupuesto a mitad del año.

vivienda

“La política del gobierno porteño frente a la emergencia habitacional no ha tenido la escala y la dimensión suficiente para abordar la problemática. La gran pregunta es qué lugar se le da a la política de vivienda, porque se deja librado el suelo al mercado formal, semi-informal e informal, mientras se retrae la inversión estatal”, afirmó a Qué Pablo Vitale, responsable del área Derecho a la Ciudad de ACIJ.

Vitale dio cuenta de que desde la producción de su informe hasta ahora nada ha cambiado. Las intervenciones son confusas. En Piletones, por ejemplo, hay obras mayores a cargo de la Corporación Buenos Aires Sur, de la UGIS, y la SEHCI. Pero no es el único caso. “Todos estos organismos trabajan y se superponen con el cordón sur de la ciudad”.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad se hizo eco de este trabajo y presentó a fines de junio un proyecto de ley de Integración socio – urbana de villas en el que, basado en la misma crítica sobre la política habitacional, propone un fondo fiduciario que tiende a dotar de recursos para las acciones que garanticen el derecho a una vivienda digna.

La iniciativa, presente en la Comisión de Vivienda, propone que el Fondo se integre, entre otros ítems, a partir de una contribución adicional específica del 15% sobre el impuesto Inmobiliario correspondiente a predios baldíos, el 2% de los fondos establecidos en el Presupuesto general de Gastos y Cálculo de Recursos, y el 10% del valor de la enajenación de los bienes inmuebles vendidos por el gobierno porteño.

Varios, en un mismo lugar

Villas 31, y 31 bis, Villa 21 – 24, Los Piletones, y Ciudad Oculta son algunos de los lugares en los que se cruzan los organismos. Sin contar, como se encargan de recalcar desde ACIJ, que frente a otras contingencias como problemas en el agua son otros los organismos a los que se debe recurrir, como AySa.

“Se sabe a nivel interno lo que cada uno hace pero es difícil hacia fuera desentrañar lo que cada sector hace y, en la práctica, por ejemplo, se hace muy difícil que los vecinos puedan reclamar”, afirma a este medio Jonathan Baldiviezo, referente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad.

Para Baldiviezo no existe una superposición pero tiene en claro que un organismo debe centralizar la tarea de la vivienda, como alguna vez la tuvo el Instituto de Vivienda para urbanizar las villas. “Debería haber un organismo para centralizar todas las funciones como un ministerio de Vivienda”, cita. Se trata, en efecto, de una iniciativa recurrente en la Legislatura porteña pero que aún no ha pasado de la mera mención de la planilla temática de comisiones.

villas

El ministerio Público Tutelar de la Ciudad observó en su documento de trabajo “Procesos de urbanización de villas de la CABA. Los casos de villa 19-INTA, villa 20 y Los Piletones”, que data de febrero de 2014, “un continuado descenso de la participación del Instituto de la Vivienda tanto en el presupuesto planificado como en el gasto devengado” en el período 2008 – 2012.

En ese sentido, cuestiona, al mismo tiempo, que haya un crecimiento del presupuesto asignado a otros organismos, “en especial, la Unidad de Gestión e Intervención Social, que desempeñan tareas que no hacen a la urbanización, sino a la atención de la emergencia”.

“Donde uno pone la plata, define las prioridades”, suelen decir referentes de organizaciones sociales. Para el año en curso, la UGIS tiene un presupuesto de 320 millones, más que la secretaría de Hábitat, que tiene 240, y que la CBAS, organismo a cargo de las obras de urbanización, que tiene 134. A su vez, el IVC tiene más de mil millones.

En el medio, las distintas leyes de urbanización que se aprobaron en más de 20 años siguen sin aplicarse. Y más allá de papeles, de lo que se trata es del cumplimiento de derechos, derechos que aún esperan.

LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION IMPRESA N° 47 DE QUÉ.

Compartir
?