Revista Qué

4 Jun 2015 | Competencias penales

Las diferencias del traspaso

El PRO se puso como plazo fin de año para sacar una ley que complete la transferencia de las competencias penales entre la Nación y la Ciudad. La posición del FpV y el debate por el Código Penal.

De cara a un nuevo mandato ejecutivo, la Legislatura se encamina a tratar en la segunda parte del año las transferencias de las competencias penales que restan pasar de la Nación a la Ciudad, un debate reabierto a raíz de la discusión por la aplicación progresiva del Código Procesal Penal.

El PRO se impuso como plazo fines de este año. La idea es recibir al nuevo presidente y al nuevo jefe de go-bierno con una cuestión saldada. En ECO existe la misma intención, mientras que en el Frente para la Victoria, identificado en el Gobierno nacional, la vocación es la misma, pero la discusión toma otro ribete.

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Se trata del tercer paquete de competencias penales que debe recibir el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: en especial, todos aquellos delitos contra la administración pública, las lesiones, y aquellos vinculados al narcotráfico o a los estupefacientes.

Pero los recursos y el plazo son la espina de la discusión. En 2011 el Congreso sancionó la ley 26702 por la que transfería ese paquete y que la Legislatura de la Ciudad debía convalidar “sin limitaciones ni reservas”, tal como se consigna en su artículo 8. Ese es el quid de la cuestión.

Acorde con esa norma y bajo la misma premisa, el kirchnerismo planteó un debate en ese sentido en el último tiempo aunque encontró resistencia del PRO que cuestionó la sanción “unilateral” del Parlamento nacional al tiempo que exigió fondos; situación que empantanó la cuestión.

En el medio, el presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Juan Manuel Olmos, demandó en 2013 la inmediata aprobación de ese convenio. “La excusa de que el traspaso se haga con los recursos, no puede ser el impedimento para avanzar, menos en una ciudad donde el proyecto de Presupuesto enviado para el año próximo supera los 60 mil millones de pesos”.

La discusión por la aplicación progresiva del nuevo Código Procesal Penal que también repercute en la Ciudad reabrió el tema. El macrismo y los bloques de Energía Ciudadana Organizada (ECO) reclaman la transferencia de recursos y se plantan con que el traspaso sea gradual bajo la bandera de la “autonomía”.

Ahora el kirchnerismo medita los pasos dados y evalúa cambios. La cercanía de la renovación legislativa y la intención del PRO provocaron reuniones más aceitadas entre los tres espacios .Y, ahora, el FpV estudia la manera de resolver la cuestión de los recursos, mientras existe un consenso mayoritario en torno de un proceso gradual.

“Hay que sentarse a discutir y agotar todas las instancias para poder consensuar un proyecto en conjunto. Muchas veces el proyecto que surge no es necesariamente el ideal o el que uno quiere, pero es el posible en una coyuntura”, dijo a este medio la diputada K María Rosa Muiños, autora de uno de los proyectos en danza.

La mayoría de las iniciativas coincide en un traspaso gradual de las competencias en el término de tres años, algo que no figura en la ley nacional. Según estimaciones del PRO, la transferencia de una vez representa el traslado automático de 30 mil delitos a investigar por año, idéntico volumen al que hoy tiene frente así el Poder Judicial con los delitos ya transferidos.

En términos económicos el movimiento de causas es estimado en el macrismo entre los 250 y los 300 millones de pesos, pero no hay esperanzas de que lleguen los fondos. “La transferencia debe hacerse con recursos porque así lo marca la Constitución pero si en las dos transferencias anteriores no llegaron, porqué lo van a hacer ahora”, afirmó a esta revista el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el macrista Helio Rebot.

Hay cinco proyectos en discusión. Tres del kirchnerismo presentados por María Rosa Muiños, María Rachid y Aníbal Ibarra, otro de la legisladora Paula Oliveto Lago de la Coalición Cívica y el interbloque ECO, y un último proyecto presentado por el propio Rebot, además de una iniciativa similar del Consejo de la Magistratura.

A diferencia de las restantes iniciativas, Rebot propone distanciarse de la ley 26702 y autorizar al jefe de Gobierno porteño a firmar un nuevo convenio con el Gobierno nacional que implique un traspaso consensuado, carácter que además avale una transferencia gradual.

“Hay un debate incipiente que recién comienza y que nosotros queremos dar con el tiempo de discusión y análisis necesario. Es un tema de mucha complejidad que requeriría una decisión de la Legislatura en la segunda mitad del año”, señaló a Qué Francisco Quintana, titular de la Comisión de Justicia.

El debate se prevé así para después de las elecciones del 5 de julio. No obstante, ECO y el PRO parecen alinearse en una posición conjunta. Para Paula Oliveto Lago, presidenta del bloque de la Coalición Cívica, no hay duda de que la transferencia debe ha-cerse con recursos. “Atestar los juzgados de causas y sin recursos es mandar al fracaso una transferencia que puede ser muy buena”, consideró a este medio.

Pasos

Dado el debate, el objetivo será llevar el proyecto al recinto. La atención está puesta en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. El PRO tiene la presidencia de ambas pero sólo controla con escaños propios la de Asuntos Constitucionales, por donde la iniciativa con más avales pasará en segundo lugar.

LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN IMPRESA N° 34 DE QUÉ.

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