Revista Qué

5 Oct 2015 | Informe

Las espadas de Damocles

Como sucede con el kirchnerismo, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, también tiene varios funcionarios judiciales que le generan dolores de cabeza con sus fallos. Coimas, falta de obras, irregularidades en dependencias, son algunos de los delitos que los magistrados y fiscales investigan

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, cuenta desde hace tiempo con varios “guiños” por parte de la Justicia en diferentes fueros. Sin embargo, en muchas causas sufre del acecho de una “espada de Damocles”.

Aunque en el PRO hagan un culto de presentarse ante la Justicia por cualquier altercado que haya, lo cierto es que eso coexiste con una preocupación por parte del líder del partido amarillo para evitar figurar en varias causas. “Hay que llegar al inicio de la  campaña con esa causa cerrada”, le dijo Macri a sus dos operadores judiciales por excelencia, el presidente de Boca Juniors y referente de los radicales PRO, Daniel Angelici, y al apoderado del partido, José Torello, a fines de 2014.

Es que la tregua entre el Gobierno nacional y Comodoro Py preocupó al jefe de Gobierno porteño.

La causa a la que se refería es la de las escuchas ilegales que lleva adelante el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.

El último revés fue a principios de año, cuando los abogados de Macri solicitaron su sobreseimiento. El magistrado consideró “prematura” la desvinculación de Macri de la causa sin antes analizar un pedido de informes que se hizo a los Estados Unidos en torno a una empresa vinculada con las escuchas en la gestión del titular de la Ciudad.

Se trata de un exhorto que realizó el 14 de agosto del año pasado, relacionado con la empresa Ackerman Group LLC Security & Investigative Consultants, que aparece como contratada por Franco Macri. Macri está todavía procesado (aunque de momento excluido del juicio oral y público) por las presuntas escuchas ilegales, que en ese caso concreto apuntan a su cuñado, Néstor Daniel Leonardo. Mauricio Macri siempre negó la acusación, e incluso su padre reconoció en el expediente que había sido él quien contrató a Ackerman para que investigara a Leonardo, quien cortejaba a una de sus hijas recientemente fallecida, Sandra Macri, pero para Casanello no existen pruebas que avalen esos dichos y por eso envió el exhorto a la Justicia norteamericana.

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Por ahora, las diferentes instancias a las que apeló Macri recibieron fallos adversos.

Como no logró ser sobreseído, el líder del PRO llegó a la conclusión de que la mejor estrategia es sostener que se trata de “una causa armada”.

Pero en los tribunales nacionales también hay una causa que lo preocupa. Se trata de la investigación por el derrumbe del entrepiso del boliche Beara, que ocurrió en 2010 y que ocasionó la muerte de dos mujeres que habían  concurrido.

Desde un principio, la hipótesis del fiscal Andrés Madrea era la existencia de un “pacto espurio” entre los dueños del local y los responsables de las habilitaciones, entre ellos, el entonces director de Habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control, Martín Farrell.

Luego de ser removido de su cargo, el Ejecutivo porteño intentó impulsar la candidatura de Farrell para cubrir un juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario que finalmente no prosperó.

Sin embargo, después de cinco años de investigaciones, y dos fallos de la Cámara del Crimen en los que se criticó la labor de la jueza de la causa, Alicia Iermini, Farrel junto con otras 23 personas, entre las que se encuentran ex funcionarios, ex agentes de la Policía Federal, y los titulares del local, fueron procesados.

Pero ese no fue el único caso que tuvo y que involucró a autoridades porteñas.

En lo que respecta al fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. En el último tiempo hubo tres jueces que tuvieron en vilo al macrismo. El primero, el juez Andrés Gallardo, es quien ostenta el perfil más alto. El magistrado nunca habría ocultado su simpatía hacia el kirchnerismo, no obstante ello en Tribunales sostienen que fue un juez molesto también para el ex jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. La última, y por la cual tuvo que afrontar un proceso, que terminó por ratificarlo en la causa, fue una investigación por una serie de irregularidades en las morgues de la Ciudad. “Los argumentos del gobierno porteño eran inviables, lo que quiere hacer es ganar tiempo para no exponerse públicamente en esta causa y no pagar el costo político que le pueden generar los resultados de una investigación de esta naturaleza”, dijo el juez Gallardo. Como consecuencia de la exposición, y de los embates del macrismo para deponerlo de su cargo, Gallardo se encuentra de licencia hace varios meses. “Los jueces tienen que trabajar en un ambiente lindo, yo paso más horas acá que en mi casa.

El arte me apasiona en todas sus manifestaciones: soy una apasionada de la pintura, de la música. Y en todos los aspectos de la vida, cuanto más sensible es un ser humano, mejor. En la Justicia necesitamos gente sensible”. Esa fue la reflexión que realizó en una entrevista a la revista Democracia otra de las juezas que tienen a maltraer a Macri, la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, Patricia López Vergara. La magistrada fue recusada recientemente por el gobierno de la Ciudad en la causa por la muerte de un joven en Villa Lugano, que cayó desde un complejo habitacional que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), debía refaccionar. Por último, se encuentra la jueza del mismo fuero Elena Liberatori, quien se convirtió en “la enemiga número uno” judicial del PRO. Eso sí, puertas adentro de Uspallata reconocen que “es la más seria de todos”.

Con la Presidencia en juego, Macri se encuentra preocupado por el avance de muchas de estas causas, como también la aparición de nuevas “irregularidades” de su administración.

 

 

Cadáveres desaparecidos y aulas containers

 

En el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario, hay dos causas que todavía molestan al macrismo. Una de ellas por la desaparición de 200 cadáveres en las morgues porteñas.

Allí ordenó allanar las correspondientes a los 33 hospitales porteños. Como consecuencia, fue recusado hasta por el Tribunal Superior de Justicia. La investigación ahora se encuentra en la Justicia ordinaria. Entre las irregularidades que denunció Gallardo, se encuentra que varios de los cadáveres no se encontrarían en las morgues indicadas en los registros hospitalarios.

También pasó por sus manos la causa por las aulas containers, en especial las instaladas en la Escuela de Lenguas Vivas. Allí Gallardo ordenó, a principios de 2014, la clausura de dichas aulas debido a que consideró que se trababa de “containers o módulos metálicos, de medidas extremadamente reducidas con una puerta de acceso y una sola ventana pequeña”.

Sin embargo, luego de ser apartado por una recusación, la causa regresó a su juzgado. Esta vez, tras descubrir que el ex rector del establecimiento sufrió dos descargas eléctricas al ingresar al aula, determinó la clausura definitiva e intimó al gobierno de la Ciudad a que modifique la situación.

 

La jueza recusada por “enemistad”

 

El allanamiento que ordenó la jueza Patricia López Vergara en las oficinas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad tuvo su costo: el gobierno porteño la recusó al aludir una supuesta “enemistad”, en base a fallos anteriores de la magistrada.

Según se desprende del escrito, el macrismo sostiene que “el resentimiento por parte de López Vergara está dado a partir de llevar adelante la semana pasada un seudo allanamiento” -tal como adelantó Qué- con acompañamiento de la Policía Federal Argentina, lo que implicaría una enemistad manifiesta y un desprecio por las instituciones de la Ciudad”.

Sin embargo, López Vergara rechazó las causales de recusación planteadas por el macrismo. En relación a los antedecentes que cita el escrito recusatorio, sostuvo que su actuación se limitó a la “verificación de su cumplimiento” y en ese sentido, remarcó que el fallo de realización de obras fue dictado por “el entonces juez subrogante Hugo Ricardo Zuleta”.

Por otro lado, López Vergara también expuso a la Cámara que la información requerida al IVC fue entregada “voluntariamente” y “sin que resultase necesaria la ejecución de fuerza alguna” y rechazó la crítica de la utilización de la Policía Federal.

 

 

Boliches y corralones

 

La coimas en el boliche Beara, la falta de controles en las cámaras de alta tensión y los “negociados” con el corralón de un presunto narco son algunas de las causas que en el último tiempo pasaron por las manos del titular de la Fiscalía de Instrucción N°14, Andrés Madrea.

En lo que respecta a la primera, a lo largo de cinco años de investigación, encontró, luego de una serie de allanamientos, evidencia con la que se comprobaría el pago de soborno por parte de los dueños de la sociedad que explotaba el boliche a funcionarios porteños para conseguir las habilitaciones pertinentes, aún cuando no se cumpliera con los requisitos necesarios.

Todos los cañones apuntaron hacia el director de Habilitaciones, Martín Farrell, cuya firma aparece en el expediente de la sociedad. Además, Farrell fue advertido por una inspectora de lo que acontecía en dicho local e hizo caso omiso.

Dos fallos de la Cámara del Crimen fueron necesarios para que la jueza de la causa, Alicia Iermini, quien supo investigar la muerte de Walter Bulacio no tuviera más remedio que procesar a Farrell junto a otros ex funcionarios porteños.

 

Las causas en las villas

 

Luego de las denuncias por falta de obras de infraestructura en Villa Lugano, la jueza porteña Elena Liberatori ordenó al gobierno de la Ciudad que adopte medidas de seguridad ante “la situación de extremo peligro” que, según un informe de Defensa Civil porteña, viven los habitantes de la Torre I de Villa Lugano por el riesgo existente a raíz de la deficiente instalación eléctrica y la ausencia de seguridad contra incendios.

La resolución de la magistrada surgió tras un recurso de amparo presentado por los vecinos que, entre otras irregularidades, denunciaron que las paredes del edificio, situado en Cafayate 5290, estaban electrificadas por la precaria instalación existente.

La magistrada sostuvo que tras el relevamiento de Defensa Civil “se desprende que existe un riesgo eléctrico inminente” y que la Torre 1 de Lugano “no cuenta con medidas de seguridad contra incendios”.

Según la respuesta que Defensa Civil le dio a la magistrada “la instalación eléctrica, cableado, llaves de luz y luminarias se encuentran fuera de toda normativa vigente” y que se observan “repetidas condiciones peligrosas que pueden terminar en un inminente accidente de consecuencias graves o fatales”.

 

 

Los vínculos de Macri con “La 12”

 

La megacausa en la que se investigó a la barra del club Boca Juniors, apodada “La 12”, por “asociación ilícita” tuvo varios ribetes judiciales, entre ellos la evasión, durante casi un año, de uno de los principales referentes de dicho grupo, Maximiliano Mazzaro.

Poco después de que el jefe de la Policía Federal, el Comisario Mayor Román di Santo, fue amenazado de muerte por la mencionada barra, el fiscal de la causa, Andrés Madrea, y el juez habrían encontrado indicios suficientes para probar la complicidad de varios funcionarios del club de la rivera. Entre ellos, se encontraba el jefe de Seguridad, el fiscal federal y ex ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli.

Inmediatamente, los operados judiciales del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, como del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, comenzaron a mover la maquinaria.

Madrea fue el primero en ser desplazado, mientras que Del Campo pudo sostenerse en la investigación hasta mediados de este año, cuando fue apartado por la Cámara del Crimen, lo que generó el repudio del secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, quien solicitó varias veces que se dé marcha atrás con la medida para no “desechar la investigación”.

 

Las escuchas ilegales

 

En 2009, Ciro Gerardo James, un abogado y miembro de la Policía Federal fue detenido por orden del juez federal Norberto Oyarbide, quien tenía evidencia sobre una red de espionaje que había montado, presuntamente a petición del ex comisario Jorge “Fino” Palacios.

Esas escuchas habían sido ordenadas por dos jueces de Posadas, que fueron removidos de sus cargos.

La investigación condujo al jefe de gobierno, Mauricio Macri, que habría utilizado ese procedimiento para “escuchar” a uno de los referentes de los familiares del atentado a la AMIA, Sergio Burstein, y a integrantes de su familia. Cinco años después de iniciada la investigación, la causa recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, luego de que la Cámara de Casación Penal apartó a Oyarbide.

Casanello, un juez que tendría afinidad con el kirchnerismo, tuvo como primera medida dar marcha atrás con la elevación a juicio. Sin embargo, ese fue el único “guiño” que realizó para con el Jefe de gobierno.

Desde entonces, se negó a sobreseerlo y sostiene, a su entorno y a sus colegas, que el exhorto que espera de Estados Unidos le proveerá de información clave para avanzar en la investigación.

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