Revista Qué

24 Oct 2015 | Negocios PRO

Las veredas de Macchiavelli

El secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana está contra las cuerdas. Una comunera del Frente para la Victoria lo denunció por contrataciones irregulares para la reparación de aceras. Habría beneficiado a dos empresas por más de 47 millones de pesos.

Los comuneros del Frente para la Victoria están en pie de guerra contra la gestión del PRO al frente de la Ciudad. Tras advertir en reiteradas ocasiones los manejos poco transparentes de los presidentes de las Juntas Comunales, esta vez fueron por más. La representante de la Junta Comuna 13 (Belgrano, Núñez y Colegiales), Julieta Costa Díaz, presentó una denuncia penal contra el secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli, por presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la reparación de veredas, a las que calificó de “escandalosas”.

De acuerdo a la denuncia a la que tuvo acceso Qué, el funcionario aprobó entre febrero y julio de este año 24 contrataciones directas para la refacción de aceras de distintas zonas de la Ciudad para las que puso a cargo a Ecomlat SA y Derby Eland SA, por el monto total de $ 47.092.769. Cada una de las firmas se alzó con 12 contrataciones que, en todos los casos, son apenas menores al monto máximo autorizado por decreto para este tipo de operaciones.

macchiavelli

El destape de la olla fue el escándalo desatado por los negocios entre el gobierno de la Ciudad y el comentarista deportivo Fernando Niembro, a través de La Usina Producciones SRL. Es que, en ambas situaciones, están involucrados millones de pesos y operaciones por fuera de licitaciones. “Cuando pasó lo de Niembro, a nosotros no nos resultó extraño, porque ya veníamos advirtiendo sobre estos manejos. Es un patrón del PRO”, apuntó Costa Díaz en diálogo con este medio. Desde que asumió como representante de la Comuna 13, inició un seguimiento de los pasos de Eduardo Macchiavelli.

En este caso en particular, las 24 contrataciones para refacción de veredas fueron divididas en grupos de cuatro, algunas por zonas y otras por comunas, por lo que se presume que Macchiavelli desdobló y fraccionó el llamado del mismo objeto contractual para evitar la licitación.

“Todo ello parece sugerir la posibilidad de un direccionamiento de las múltiples adjudicaciones a los mismos beneficiarios y una deliberada voluntad de eludir el procedimiento de la licitación, en tanto instancia de máxima publicidad y estrictos controles”, reza la denuncia radicada en el Juzgado de Instrucción N° 11, a cargo del juez subrogante Pablo Raúl Ormanechea.

Además, resalta que “por el tipo de servicios contratados el GCBA estaba obligado a llevar adelante una licitación pública (ley 2095). Sin embargo, eligió el camino de la falta de transparencia”.

Macchiavelli habría incurrido en el delito de “Cohecho o tráfico de influencias”, tipificado en el artículo 256 del Código Penal que expresa que el “funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

Empresas en la mira

ECOMLAT se constituyó como Sociedad Anónima en 2006 entre Alejandro y Pedro Monti con el objeto de representar a firmas extranjeras para la comercialización de productos en la República Argentina y en otros países del mundo, en especial máquinas y herramientas de la industria metalúrgica requeridos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, a excepción de explosivos y armas. A comienzos de 2013, ambos socios modifican su estatuto para dedicarse a la construcción, reforma y reparación de obras públicas y privadas. No tiene página web ni teléfono de contacto. En el último año, ECOMLAT ganó una sola licitación pública, en la que casualmente se impuso ante otro competidor: Derby Eland SA.

Esta firma se conformó en el mismo año para la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. El director y socio es Héctor Cristian Santander, quien a su vez es titular de Santabros, una empresa dedicada al diseño, marketing y desarrollo de aplicaciones y que entre sus clientes figura el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto Santabros como Derby Eland SA se inscribieron bajo el mismo domicilio fiscal: Vuelta de Obligado 2332.

Los negocios de ECOMLAT SA y Derby Enlad SA con el gobierno de la Ciudad no son nuevos. En el período de mayo a noviembre de 2014 le facturaron a la secretaría de Gestión Comunal $ 27.914.000 por la reparación de veredas. Derby Eland SA lo hizo por $ 11.948.000 y ECOMLAT SA por 15.966.000 de pesos.

Ante la consulta de Qué al respecto, Macchiavelli eligió el silencio. “Nunca dice nada. Si ni siquiera nos convocó a una reunión, sería raro que conteste”, consideró la comunera del Frente para la Victoria.

Previo a recurrir a la Justicia, los comuneros K presentaron un pedido de informes al Ejecutivo porteño en el que pusieron a consideración las contrataciones poco transparentes y apuntaron a una premeditada decisión de evitar el procedimiento de licitación pública. Es que, si de reparación de veredas se habla, no es la primera vez que sucede. En la Comuna 14, por ejemplo, se contrató a Lausi Vía Pública para la refacción de aceras por el monto de $ 3.996.675. La firma de Eduardo Osvaldo Lausi tiene como principal actividad la publicidad y la propaganda en la vía pública. Es más, de acuerdo a su sitio web, es el único servicio que presta.

Macchiavelli en la mira

En tan sólo 15 días, el funcionario a cargo de las comunas porteñas recibió dos denuncias penales. A comienzos de octubre, Macchiavelli y el ex director general de Obras Comunales, Guillermo Raffo, fueron denunciados por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Es porque Raffo suscribió un contrato por 2.276.000 pesos con la empresa constructora Indhal SRL y, pocos meses más tarde, habría recibido un auto, propiedad de la empresa ganadora.

Raffo fue despedido de su cargo en agosto de este año, envuelto en una serie de sospechas por corrupción. Macchiavelli, en tanto, quedó incolucrado al desempeñarse como su superior y, por lo tanto, tendría un grado de conocimiento acerca de las maniobras. De prosperar ambas denuncias, el secretario de Gestión Comunal deberá comparecer ante la Justicia Federal para presentar la debida declaración indagatoria. Al parecer, tiene mucho que explicar.

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