Revista Qué

16 Sep 2015 | Comuneros PRO

Los intocables

Gozan de asombrosa libertad. La oposición intentó iniciar investigaciones en su contra pero la Procuración se niega a recibir pedidos individuales. Para ello, necesitan la aprobación de la Junta comunal, donde el PRO tiene mayoría.

Como los de Eliot Ness, los presidentes de algunas juntas comunales bien podrían ser “Los intocables de Eduardo Macchiavelli”, puesto que gozan de asombrosa libertad y difícilmente sean investigados, por lo menos en lo que respecta a los organismos de control extra judiciales. La falta de descentralización y las confusas responsabilidades de los miembros de la Junta Comunal generan el escenario perfecto.

Este año, dos casos dieron cuenta de ello cuando comuneros de la oposición recurrieron a la Procuración General de la Ciudad para que determine la legalidad de contrataciones aprobadas por los titulares de Caballito y Palermo, sin consideración del resto de la Junta, como lo estipula la legislación vigente y la Constitución de la Ciudad. Ambos pedidos quedaron en la nada. La explicación fue que la Procuración porteña no puede dictaminar sobre la legalidad de actos administrativos ante pedidos individuales, sino que tal solicitud debe llevarse adelante a través de un requerimiento orgánico, es decir, en representación de la Junta.

 

intocables

Actualmente, el PRO tiene mayoría en 10 de las 15 comunas de la Ciudad, por lo que resulta casi imposible que los siete miembros acuerden un pedido de informes sobre el desempeño legal o ilegal de su presidente.

La Procuración General es el organismo que ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad “en todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio, dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios”.

Su competencia abarca la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, las Sociedades del Estado, y las sociedades en las que la Ciudad tiene participación mayoritaria. Por ello, representantes opositores de la Junta Comunal 6, por un lado; y de la 14, por el otro, recurrieron a la Procuración para que determine si los presidentes comunales Marcelo Iambrich y Maximiliano Corach, respectivamente, incurrieron en una ilegalidad al ejecutar el presupuesto sin su consentimiento.

“De acuerdo a la Ley 1218 y el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad, la Procuración tramita pedidos de órganos, no individuales. Por ello, debe haber un requerimiento conjunto que no resulte en una autoimputación. Pero la consulta debe cursarse a pedido de la Junta Comunal”, explicó a Qué una fuente de la Procuración porteña que, ante la consulta de este medio, aclaró que no hay una reglamentación clara al respecto. Ni siquiera los comuneros que tramitaron los pedidos estaban al tanto de que necesitaban contar con la mayoría de la Junta para requerir una investigación de este tipo.

“Es una absoluta ridiculez”, señalaron, pero afirmaron que, a fin de cuentas, no los sorprendió porque el objetivo del PRO es mantener la dependencia de las Comunas a la órbita de la secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana que hoy maneja Eduardo Macchiavelli.

“Tienen una política en la que el único que vale es el presidente, que a su vez es un empleado de Macchiavelli. Las decisiones ya llegan con una bajada de línea”, señaló Diego Sokolowicz, comunero electo de Palermo por el FpV.

Sueldos y competencias

El artículo 25 de la ley de Comunas establece que los miembros de la Junta comunal “perciben por el desempeño de sus funciones una remuneración que, por todo concepto, es equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso bruto total, remuneratorio correspondiente a los diputados de la Ciudad” y agrega que “corresponde al presidente/a de la Junta comunal, un adicional por ejercicio del cargo, equivalente al diez por ciento (10%) de la retribución establecida precedentemente para los miembros de la Junta comunal.

COMUNEROS

De acuerdo al recibo de sueldo que publicó el legislador de Bien Común, Gustavo Vera, en septiembre de 2014 percibió la suma en bruto de $ 56.096. En esta línea, los comuneros cobraron 33.657,6 pesos mensuales, mientras que los presidentes de las Juntas comunales recibieron 37.023,36 pesos.

Con la aplicación de la legislación vigente a media máquina, es decir, sin una descentralización real de las funciones, los comuneros recibieron más de 33 mil pesos por mes sin poder desempeñar las competencias totales para las cuales fueron elegidos. Los reclamos de los comuneros de la oposición en este punto son constantes y hasta llevaron su preocupación a la Procuración de la Ciudad, sin tener suerte.

Mientras tanto, el proyecto de Muiños continúa a la espera de ser tratado por el resto de los legisladores que integra la Comisión de Descentralización, entre ellos, el diputado José Luis Acevedo, vicepresidente de la Comisión y hermano del presidente de la Comuna 13. Quienes pidieron la intervención de la Procuración también esperan, pero en este caso, la respuesta oficial de que su pedido no podrá ser puesto a consideración por el órgano de control estatal a menos que logren el aval del resto de los comuneros del PRO en pos de investigar los manejos de su propio presidente.

Proyectos polémicos

Desde que asumió su segundo mandato, Mauricio Macri intentó en dos ocasiones modificar la ley Orgánica de Comunas. En 2011 y 2013, envió a la Legislatura porteña un proyecto para sustituir y modificar ciertos artículos de la ley 1777 con el objetivo de avanzar en “el proceso de descentralización de la Ciudad, y una forma plena de democracia participativa, preservando la unidad política y el interés general de la Ciudad”. En líneas generales, la iniciativa preveía eliminar el patrimonio de las Comunas, imponer un “tope” por parte del gobierno porteño en la confección de cada presupuesto y recortar las competencias de sus representantes.

Pero el punto que generó mayor polémica fue la reforma del artículo 25 que fija las remuneraciones de los miembros de la Junta comunal. De acuerdo al texto enviado por el Poder Ejecutivo, sólo el presidente de la Comuna estaba en condiciones de percibir el salario equivalente al 60 por ciento del ingreso bruto total de un Diputado porteño, mientras que los demás comuneros, que también fueron elegidos por voto popular, debían desempeñar sus funciones “en forma honoraria”. Ergo, los presidentes comunales además de contar con el poder cuasi absoluto de la Comuna, serían los únicos que cobrarían un sueldo por ello. En ambas oportunidades, recibió el rechazo absoluto tanto de la oposición como gran parte de los vecinos que integran los Consejos consultivos que calificaron la medida como “un golpe de Estado contra las Comunas”. Ante las presiones, el gobierno decidió poner el proyecto en stand by.

Desde entonces, el PRO reforzó el discurso a favor de profundizar la descentralización de competencias exclusivas de las Comunas, tendientes a “asegurar la adecuada prestación de los servicios a los ciudadanos y de mantener la unidad política, presupuestaria y el interés general de la Ciudad y su gobierno”, tal como rezan los objetivos estratégicos de la secretaría que conduce Macchiavelli en el extracto del Presupuesto 2015. No obstante, la meta está lejos. Más aún cuando las Juntas comunales no tienen potestad en la ejecución de sus partidas financieras y los comuneros de la oposición no pueden denunciar ante la Procuración de la Ciudad los actos presuntamente irregulares de sus presidentes sin contar con el apoyo del resto de sus colegas.

LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN IMPRESA N° 49 DE QUÉ.

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