Revista Qué

27 May 2015 | Dilemas de gestion

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Dos recientes hechos trágicos mancharon la imagen impoluta que quiere dar el PRO. Un taller clandestino donde murieron dos niños y un geriátrico, en el que fallecieron cuatro adultos mayores configuran un estado de situación en el que emerge la falta de controles. El Jefe y la Vice, concentrados en los votos.

Envuelto en un contexto electoral de alto voltaje, el gobierno de la Ciudad quedó comprometido en los últimos días con la sucesión de hechos trágicos y la falta de controles en locales habilitados, mientras las máximas autoridades ejecutivas se encuentran de campaña, antecedente costoso hacia julio y octubre.

Abocado a la carrera presidencial, Macri dispuso en los últimos días un esquema de reuniones de gabinete cada 15 días y pidió a los que están metidos en sus propias campañas “privilegiar” la gestión y salir al territorio los fines de semana. Cuidar las formas, ante todo.

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Sin embargo, la muerte de dos niños en un taller clandestino en Flores y la de cuatro ancianos en un geriátrico expuso la gestión de forma inusitada. No es el único caso, un poco más atrás en el tiempo, Gastón, un chico de 13 años, murió ahogado en un pozo ciego en la villa Rodrigo Bueno, la misma que debe ser urbanizada por orden judicial y de la que el alcalde reniega.

Macri sale a hacer campaña días hábiles por el interior del país. De hecho, reservó los primeros días de cada semana para inmiscuirse en el problemático y siempre controvertido Conurbano, al que todos los políticos acuden en busca de votos en la cercanía de los comicios.

Vidal también tiene vía libre. Como ningún otro candidato a la Provincia, hizo pie en la mayoría de los distritos, pero el ingeniero presidenciable quiere apuntalarla sobre todo en el Gran Buenos Aires, la madre de todas las batallas, terreno clave para llegar a la Casa Rosada.

Quien emerge entonces, ahora mucho más visible, es el “candidato natural” Horacio Rodríguez Larreta. Catalogado como el “gerente de la gestión” es quien controló desde mucho antes del período electoral los diferentes resortes de la administración, por eso las concesiones que Macri tuvo para con él antes de las PASO.

“Su gran acierto es haber coordinado la gestión y dejar plasmada una impresión colectiva a la labor de los dife-rentes ministerios”, resaltan desde el PRO. El propio jefe de Gabinete se adjudicó en campaña tener en su cabeza todo lo que ocurre en la Ciudad. “Gestión”, su latiguillo de batalla.

Pero también por esa razón quedó expuesto. Las llamas efervescentes de su contundente triunfo en las PASO con casi diez puntos de ventaja sobre Gabriela Michetti duraron pocas horas, extintas al día si-guiente con la muerte de Rolando y Rodrigo en un taller clandestino.

El jefe de Gabinete se apresuró a decir que no había denuncias. Pero la Fundación La Alameda lo dejó en off side cuando quedó al descubierto que ya había presentaciones que daban cuenta de la trata de personas en ese depósito de la calle Páez 2796 y otros locales del barrio de Flores.

“Ni siquiera fueron a tocar el timbre a ver qué pasaba”, cuestionó el referente de la organización y diputado porteño, Gustavo Vera. La Fundación lo denunció en septiembre de 2014, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) consultó a la Ciudad que, a través de la dirección de Protección del Trabajo, contestó que no había inspeccionado.

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“El problema es que sin denuncia, uno no puede mandar un inspector” dijo primero Larreta. Después, amplió y justificó que “sin orden de la Justicia, la Ciudad no puede hacer nada”. “Salvo que el fiscal nos pida que hagamos algo, no podemos hacer nada. Sólo nos hizo una pregunta, y fue si este lugar tenía habilitación. Le dijimos que no, y listo”, expresó a Radio Latina.

Su rol en medio de la polémica derivó en otra complicación judicial. Vera lo acusó de violación a los deberes de funcionario público y encubrimiento, denuncia que recayó en el juzgado federal N° 12.

Detrás de él, el que intenta llevar un poco de orden es el economista Franco Moccia, el “preceptor de los ministros”. De bajo perfil, plantea exigencias a varios ministros, pese a que no sirvan para despantanar el escenario actual.

Por responsabilidad directa en los últimos hechos, el subsecretario de Trabajo Ezequiel Sabor; y el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión, se llevan todas las miradas de la oposición que piden una rápida respuesta a la cuestión, e incluso exigieron su citación en la Legislatura para rendir cuentas.
Las fechas tampoco ayudan a la ola amarilla. Gómez Centurión concu-rrió el lunes 18 de mayo a la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura para dar explicación de los controles a la polémica firma Iron Mountain, casi un año después de que los diputados comenzaron a reclamar su presencia.

Fue el mismo día en el que se conoció la muerte de cuatro ancianos por un incendio en el hogar San Marcos de Belgrano. El siniestro reabrió la polémica al respecto y desnudó otra vez dudas.

Julieta Costa Díaz, integrante de la comuna 13 que abarca a Belgrano, Núñez y Colegiales, denunció que el geriátrico “no figura en el registro de establecimientos de la actividad, cuyo dueño original falleció y quien maneja la instrucción es la sucesión con uno de sus herederos”.

Además, precisó que se desconoce quién lo dirige y volvió a poner el dedo en una llaga PRO: los controles. “Según el propio gobierno de la Ciudad el 1º de diciembre de 2014 se labró un acta con una serie de modificaciones entre ellas poner puertas metálicas que actúen como cortafuegos. El geriátrico tenía 45 días para hacerlo, 90 días después de vencido ese plazo, nadie del gobierno de la Ciudad había vuelto a pasar”, consignó Costa Díaz.

En paralelo, la Auditoría de la Ciudad publicó días atrás un informe sobre falencias en el programa de Atención Gerontológica Hospitalaria y Domiciliaria del ministerio de Desarrollo Social correspondiente a 2013. Entre otros puntos, verificó “prolongados tiempos promedio de espera” para recibir asistencia de un auxiliar gerontológico que ubicó en unos seis meses.

Pero, acaso más importante, es que determinó que no se encuentran registrados en el Registro Unico y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad “26 de los 44 casos de AGD analizados (Asistentes Gerontológicos Domiciliarios) (59%), siendo este registro obligatorio para el desempeño de los
auxiliares”.

La suma de los hechos revela más que agujeros para una gestión que promete reconstruir la confianza de los organismos de control a nivel nacional. Y las opiniones de la oposición no se quedan en eufemismos. “Esta es una política de Estado”, afirmó el diputado del FIT Marcelo Ramal. “Cuanto menos controles hay, menos costos tienen los empresarios en relación a blanquear trabajadores o llevar adelante las reparaciones que impidan que existan siniestros. Es una política deliberada”.

MAs que un minuto

“No alcanza con un minuto de silencio” dijo Esteban Mur, padre de Rolando y Rodrigo. Hacía refe-rencia al pedido que hizo el bloque PRO en el inicio de la sesión en la que la oposición intentó aprobar sin éxito la citación de Sabor y Gómez Centurión.

La problemática de los talleres clandestinos es una cuestión de fondo. El Jefe de gobierno adeuda hace seis años la reglamentación de la ley 3019 que busca la regularización de los talleres y declara la “Emergencia laboral y de infraestructura en la micro y pequeña empresa de las industrias de la indumentaria, calzado y afines”.
Un informe de la Auditoría General porteña consignó, por caso, que en 2010 no se realizaron inspecciones a talleres de indumentaria “en función de la ley 3019”, y en un modo más general apuntó que el 87.82% de las multas impuestas por la dirección de Protección del Trabajo “no fueron cobradas”.

Basada en otro estudio del mismo organismo, la legisladora K Claudia Neira consignó que en 2013 se realizaron sólo “un 25% de las inspecciones programadas”. “La inspección laboral en la Ciudad es un ‘descontrol’ absoluto”, opinó.
En su informe sobre Trata Laboral en Argentina de 2014, la Protex ubica al distrito de Macri en el segundo lugar -detrás de la Provincia de Buenos Aires- y afirma que los talleres clandestinos se concentran en el sur de la Ciudad “nutriéndose de trabajadores migrantes de la República Plurinacional de Bolivia, en casas particulares que se adaptan para el trabajo, con un espacio para vivienda de los trabajadores”.

De acuerdo a la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad y la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la comuna 7 del sur -donde murieron Rolando y Rodrigo- es la que mayor crecimiento del trabajo ilegal tuvo, según la sistematización realizada por el FpV (de 28,7% en 2008 a 33,3%).

Por otro lado, las actas labradas en inspecciones disminuyeron considerablemente a pesar de que la tasa de trabajo ilegal se mantuvo constante en los últimos años. A partir de una respuesta de la Legislatura, se desprende una caída en los controles: en cuanto a normativa laboral del 30%, y para el trabajo infantil, del 57%.

El debilitamiento de la inspección laboral queda sobre el tapete. “Esto muestra el rostro inhumano del PRO” dijo a Qué el legislador José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro). “Hay un gobierno que respalda los sectores empresarios y se desentiende de los sectores más vulnerados”, apunta.

Los baches son varios. Hay una denuncia por estafa a trabajadores del subte y la polémica habilitación a un local como prostíbulo. Mientras se desarrolla un proceso electoral, los referentes de Macri están abocados a recolectar votos, por más que en el camino haya un imprevisto, que a lo mejor, en realidad sí pudo haber sido previsto.

LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION IMPRESA N° 33 DE QUÉ.

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