Revista Qué

17 Sep 2015 | Tucumán

Tucumán: el rol del Congreso ante una posible intervención

Para que no exista una situación de acefalía, la controversia debería saldarse antes del 28 de octubre. El partido de Gobierno se encuentra en condiciones de intervenir Tucumán, ya que cuenta con mayoría en ambas cámaras.

Luego de que la Justicia tucumana decidiera anular los comicios de la elección para Gobernador, comenzaron a surgir hipótesis sobre la probabilidad de que la Legislatura y el Poder Ejecutivo de esa provincia queden acéfalos.

Para que no exista una situación de acefalía, la controversia debería saldarse antes del 28 de octubre, día en que debe efectuarse el cambio de Gobierno y la renovación de la composición política de la Legislatura tucumana.

Sin embargo, las versiones trascendidas en diversos medios de comunicación omitieron señalar que, en última instancia, la decisión de la intervención federal recae sobre el Congreso de la Nación, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional.

El artículo 60 de la carta magna habilita al Gobierno federal a intervenir “en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.

Juan Manzur

Pero el inciso 20 del artículo 99, precisa que el PEN solo “decreta la intervención federal a una provincia o a la Ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento”.

La decisión, entonces, corresponde al Parlamento, quien de acuerdo al inciso 31 del artículo 75 de la Constitución puede “disponer la intervención federal a una provincia o a la Ciudad de Buenos Aires” y “aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo”.

Lo cierto es que el partido de Gobierno se encuentra en condiciones de intervenir Tucumán con el pretexto de “garantizar la forma republicada de gobierno” dado que cuenta con la mayoría simple que se requiere en ambas cámaras del Congreso para dictar la ley de intervención.

La última vez que el Parlamento aprobó una intervención fue en 2004, cuando peronistas y radicales acordaron ponerle fin al gobierno del matrimonio Carlos y Mercedes Aragonés de Juárez en Santiago del Estero.

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