Revista Qué

19 Nov 2016 | concesiones

Si el Norte fuera el Sur

Un informe presentado por el FpV-Nuevo Encuentro en la Legislatura porteña, al que tuvo acceso Qué, realiza un exhaustivo análisis sobre el sistema de concesiones de la Ciudad de Buenos Aires, –más de 200- para uso comercial, donde las empresas pagan un “canon irrisorio” por la explotación de negocios millonarios. Además, estiman en el Presupuesto […]

Un informe presentado por el FpV-Nuevo Encuentro en la Legislatura porteña, al que tuvo acceso Qué, realiza un exhaustivo análisis sobre el sistema de concesiones de la Ciudad de Buenos Aires, –más de 200- para uso comercial, donde las empresas pagan un “canon irrisorio” por la explotación de negocios millonarios. Además, estiman en el Presupuesto 2017 que la recaudación por ese rubro “va a ser la mitad, en términos reales, de los valores obtenidos por el Estado en el año 2008”.

Concesiones #110

El informe señala que el sistema de concesiones en la Ciudad de Buenos Aires no se caracteriza por estar administrado “bajo criterios de equidad, orientados a gestionar el patrimonio de los porteños en beneficio del conjunto”, sino que, por el contrario, “el oficialismo ha instaurado una lógica que refuerza el proceso de la fuerte polarización que posee la Ciudad”, por lo que el Gobierno “garantiza los negocios de un conjunto de empresarios en detrimento del fisco”, y “hace la vista gorda ante las irregularidades de los concesionarios”. Esto quiere decir que, “en lugar de concesionar predios, otorga ‘permisos de uso’, para “evitar” los procesos de licitación y “bloquear la participación de la Legislatura”.

En ese contexto, el FpV expresa que los efectos negativos en términos de equidad, que se generan por esta situación, podrían corregirse si se implementara una adecuada política de compensaciones que exigiera que los concesionarios retribuyeran al Estado de la Ciudad un porcentaje de la explotación de los terrenos de mayor valor. Sin embargo, el FpV señala que “la orientación del Ejecutivo porteño parece ir justamente en el sentido contrario, considerando el bajísimo canon que muchas empresas abonan por concesionar terrenos en la zona norte de la Ciudad, como ocurre con el predio de Costa Salguero.

Por otro lado, el informe señala que “existen fuertes irregularidades en los contratos de concesión y permisos de uso oneroso, destinados a explotación comercial. De un universo de 207 contratos dedicados a esta categoría, contabilizados a diciembre de 2015, 77 se encuentran vencidos (37 %), al tiempo que 32 están en proceso de adjudicación (15 %), y 82 son los vigentes (40 %). Si bien estos datos deberían ser públicos, no hay información del estado de 16 inmuebles (8 %)”.

Como consecuencia de esta situación, “los ingresos que el fisco porteño recauda en materia de concesiones se han reducido de manera notable en los últimos 9 años”, denuncia el FpV-NE.

En efecto, a pesar de que en el mensaje del Proyecto de Presupuesto 2017, que el oficialismo ha enviado a la Legislatura Porteña, se sostiene que ‘se seguirán manteniendo actualizados los contratos de concesión y permisos’, la realidad, manifiesta el in-forme, es que “la previsión de recaudación para dicho año representa, en términos reales, la mitad de los fondos ingresados en 2008 (primer año de gestión PRO en la Ciudad).

La cifra, no obstante, es superior a la de años anteriores, cuando la recaudación por este concepto fue de apenas un tercio respecto de la del 2008.

Por otro lado, las irregularidades en las concesiones por parte del Gobierno porteño son de larga data, ya que las mismas también fueron observadas por la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, en un informe sobre los predios bajo autopista en el año 2011. La auditoría denuncia que la Dirección General de Concesiones de la Ciudad “no realizaba evaluaciones periódicas a los concesionarios, que existían cánones impagos y concesiones vencidas, donde no se había dictado ningún acto administrativo ordenando la desocupación”. En términos generales, señala la Auditoría, “había inactividad del Ejecutivo porteño frente a los incumplimientos contractuales por parte de los concesionarios. Los valores de los cánones estaban desactualizados”.

En línea similar, el Colectivo por la Igualdad – organización política y social de la Ciudad- constató, en su informe de 2012, que casi un tercio de las concesiones en ese año “se encontraba en condiciones de ocupación irregular, dado que estaba vencido el plazo de los permisos, y que los cánones abonados eran inferiores a los correspondientes (y que en numerosos casos los concesionarios no los abonaban)”. Además, existía una “llamativa repetición de permisionarios, como el caso de los sitios bajo la autopista 25 de Mayo y los de las playas de estacionamiento subterráneas”. Asimismo, señala el Colectivo:  “Se abonaban cánones diferentes en predios de naturaleza similar y que, en el caso particular de la Costanera, se estaba incumpliendo la imposibilidad jurídica de otorgar concesiones, establecida por su incorporación al ‘Distrito de Urbanización Parque’ y por la Ordenanza N°46.777”, que establece la prohibición, “en la rambla costera Costanera Norte, del otorgamiento de permisos de ocupación, uso y explotación, cualquiera sea su índole”.

Finalmente, el FpV-NE enfatiza en que la información recabada por la Auditoría y por el Colectivo por la Igualdad “confirma que, efectivamente, el régimen de concesiones en Capital Federal ha si-do puesto al servicio de los intereses de un conjunto de empresas que se valen de la complicidad del Ejecutivo porteño para conseguir negocios fabulosos, usufructuando los predios de mayor valor de la Ciudad, pagando cánones irrisorios, incumpliendo con el marco regulatorio y sin tener que rendir cuentas ante ninguna autoridad de control”.

Además de todo esto, el in-forme afirma que “la Legislatura porteña ha sido excluida de estos procesos por parte del Poder Ejecutivo”.

LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN #110 DE REVISTA QUÉ

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