Revista Qué

29 Abr 2015 | Operatividad PRO

Una tercerización más y van…

El gobierno de la Ciudad designó a las empresas que aportarán operarios a dos plantas de residuos y un centro de información de reciclaje. El costo total ronda los 150 millones de pesos.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del ministerio de Ambiente y Espacio Público que conduce Edgardo Cenzón, designó a las empresas ganadoras del Concurso Público Nº1/2015 que llevarán a cabo el servicio de “operación y mantenimiento” de dos plantas de residuos y el Centro de Información y Promoción del Reciclado, todos ubicados en el centro verde de la “Vieja usina”, Av. Varela y Chilavert, frente a la cancha de San Lorenzo.

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El contrato es por cuatro años, por lo tanto se extiende más allá de la gestión del actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, y el costo total es de 150 millones de pesos. De esta manera, el Pro vuelve a tercerizar un servicio que podría cubrir con empleados propios. Además, las firmas ganadoras, a pesar de tener algunos trabajos realizados en lo que hace a medio ambiente, tienen poca experiencia en brindar recursos humanos.

 

La empresa Butterfly

Sustentabilidad SA tiene como función principal el servicio empresarial pero en su página web ofrece consultoría ambiental pero también en el área de la comunicación, la legislación, y la energía. Una firma todo terreno. Está manejada por dos jóvenes, César Escandarani, que cursa estudios en Ciencias Ambientales en la USAL, mientras que Matías Rosenberg es un estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires.

Esta consultora, de cinco años de antigüedad y con un capital de tan sólo de 12.000 pesos, ganó el concurso para brindar servicios en el Centro de Información y Promoción del Reciclado a un precio final de 50.400.000 millones de pesos, alrededor de 1 millón por mes.

Eva SA es una empresa constructora dedicada al área de residuos, pero no se especializa en proveer de recurso humano. También es contratista del gobierno nacional en la ciudad de Rosario en Santa Fe y en Gualeguaychú. En territorio bonaerense está ligada a los partidos de Baradero y Bahía Blanca. Su página web se encuentra “en construcción” y no hay registros de sus titulares. A pesar de ello, en total se llevará durante los próximos cuatro años casi 100 millones de pesos por los servicios prestados al gobierno porteño.

Se trata del contrato de operarios para el mantenimiento de la planta de tratamiento de restos de poda. El precio final adjudicado es de $ 58.356.966, siendo un costo mensual que ronda los 1.200 millones de pesos. También está incluida la planta de residuos orgánicos, con un presupuesto final de $41.021.848,78. En ambos casos la empresa ganadora fue Eva SA, con una ganancia de $ 99.378.815,61.

El macrismo afirma que proporcionará a las firmas las instalaciones, las naves industriales, los predios y la maquinaria. En el mismo terreno, frente a la cancha de San Lorenzo en Villa Soldati, se encuentran la planta de áridos, la de residuos orgánicos, la de poda, la planta de reciclado y tratamiento de botellas PET y los centros verdes.

Sin embargo, los tres espacios en las que se le designaron empresas que brindarán recursos humanos aún no comenzaron a funcionar. La planta de residuos de poda se supone que está en marcha desde el 1 de abril, pero la de residuos orgánicos y el centro de información tiene fecha de funcionalización para mediados de año.

De hecho, en el Boletín Oficial emitido días atrás se llamó a licitación pública Nº 196/2015 para la obra del centro de información y promoción del reciclado con un presupuesto que ronda los 22 millones de pesos. La apertura de sobres está pautada para mediados del mes de mayo, con lo cual la construcción y su funcionamiento puedan estirarse más allá de junio próximo.

En la misma línea, desde revista Qué se publicó un informe meses atrás de los gastos originados para la construcción y el mantenimiento de la planta de reciclaje y tratamiento de botellas PET.

Concretamente, a través del ministerio de Ambiente y Espacio Público a cargo de Edgardo Cenzón, se aprobó el pliego y se llamó a licitación pública para la “provisión, instalación y puesta en marcha, llave en mano, de una línea automática completa para la recepción, separación y preparación de materiales reciclables para su posterior comercialización, con su correspondiente operación y mantenimiento”.

Del monto final de 68,8 millones de pesos, se desprenden $ 40.000.000 para la construcción de la planta en un plazo de 8 meses y 28.800.000 pesos para el mantenimiento mensual por un período de 4 años. Finalmente, el gobierno de la Ciudad terminó adjudicando a la Unión Transitoria de Empresas Ecomac Ambiental SA- Coinsa Construcciones SA por 28.000 pesos y la otra parte en moneda extranjera haciendo un total de U$D 5.880.000 mil.

Plantas abultadas

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con gran cantidad de personal público. Sin embargo, debe recurrir a empresas privadas para contratar operarios para sus plantas de residuos orgánicos y de restos de poda y el centro de información del reciclaje.

El Ejecutivo cuenta con más de 120 mil trabajadores, con policías y maestros incluidos, y sin contar al personal judicial. Sin embargo, vuelve a recurrir a la tercerización de servicios para mantener y llevar adelante la tarea de tres estructuras propias, que podría cubrir con mano de obra municipal. El costo es alto, 150 millones de pesos, que además es creciente si se toma en cuenta que luego el gobierno debe controlar el buen funcionamiento y la calidad de la prestación de las firmas. Toda una tarea que se puede evitar contratando mano de obra estatal.

A esto se la suma que las empresas contratadas poseen poca experiencia en lo que hace a recursos humanos. Eva SA, una constructora, y Butterfly Sustentabilidad SA, una consultora que ofrece asesoramiento en varios rubros y de poca experiencia en el mercado, son las ganadoras del concurso, por el que se alzarán con una cifra millonaria, por brindar un servicio cuya calidad, al no tener antecedentes, está en duda.

Por último, el macrismo contrata operarios para mantener estructuras que aún no tienen fecha certera de finalización de la obra en construcción. Estaría pagando por la contratación de recurso humano que aún no tiene el lugar físico donde ejercer el trabajo. Varias aristas de una adjudicación poco clara.

LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN IMPRESA Nº 29 DE QUÉ

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