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El peronismo le hizo un guiño a Larreta y destacó una ley propia
La Legislatura porteña llevó a cabo una reunión informativa con funcionarios del gobierno que explicaron un proyecto de ley que busca fortalecer la economía social y popular en la Ciudad.
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Se trata de un proyecto del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que busca potenciar el valor productivo de los barrios populares y de toda la Economía Social y Popular, un universo que abarca a unas 500 mil personas en la Ciudad.
De sancionarse, la ley de Promoción y Fortalecimiento de la economía popular y social organizará las bases de su actividad productiva, promoverá el desarrollo local, la generación y la sostenibilidad de puestos de trabajo autogestivos y el acceso a nuevos mercados a estas unidades productivas.
En ese sentido, los legisladores del Frente de Todos que participaron de la reunión conjunta destacaron la intención del proyecto y reconocieron que si bien suelen ser críticos de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, esta ley "está bien orientada".
El proyecto establece la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social, que posibilitará a sus inscriptos participar de los procesos de compras públicas del Estado a partir de la introducción de incentivos, buscando fortalecer las capacidades para su desarrollo autónomo luego del estímulo inicial.
Además, podrán acceder a financiamiento mediante un programa que será lanzado a través del Banco Ciudad, el cual otorga líneas de crédito que les permitirá aumentar su capacidad productiva. Y se creará un fondo público-privado a través de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad para financiar proyectos productivos, tendiendo un puente entre ambos sectores y otorgando la posibilidad a individuos y a Unidades Productivas de la Economía Social y Popular de acceder a nuevas formas de financiamiento.
La iniciativa también plantea beneficios impositivos para facilitar la formalización laboral, generando un marco gradual y sustentable. Se propone una exención de ingresos brutos por un plazo de hasta 3 años.
Para el armado del proyecto se realizó un análisis de los sectores de la Economía Social y Popular con mayor potencial para crecer e integrarse a las cadenas de valor de la Ciudad. Se trata de siete sectores que ya se encuentran funcionando pero que lo hacen debajo de su potencial, en la informalidad o con barreras sistémicas que limitan su crecimiento, como el bajo acceso al financiamiento, el poco desarrollo de su capacidad productiva o los pocos canales de comercialización a los que acceden. Estos sectores son: textil, alimentos, logística, cuidados, economía verde, construcción y comercio.
De sancionarse, la ley de Promoción y Fortalecimiento de la economía popular y social organizará las bases de su actividad productiva, promoverá el desarrollo local, la generación y la sostenibilidad de puestos de trabajo autogestivos y el acceso a nuevos mercados a estas unidades productivas.
En ese sentido, los legisladores del Frente de Todos que participaron de la reunión conjunta destacaron la intención del proyecto y reconocieron que si bien suelen ser críticos de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, esta ley "está bien orientada".
El proyecto establece la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social, que posibilitará a sus inscriptos participar de los procesos de compras públicas del Estado a partir de la introducción de incentivos, buscando fortalecer las capacidades para su desarrollo autónomo luego del estímulo inicial.
Además, podrán acceder a financiamiento mediante un programa que será lanzado a través del Banco Ciudad, el cual otorga líneas de crédito que les permitirá aumentar su capacidad productiva. Y se creará un fondo público-privado a través de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad para financiar proyectos productivos, tendiendo un puente entre ambos sectores y otorgando la posibilidad a individuos y a Unidades Productivas de la Economía Social y Popular de acceder a nuevas formas de financiamiento.
La iniciativa también plantea beneficios impositivos para facilitar la formalización laboral, generando un marco gradual y sustentable. Se propone una exención de ingresos brutos por un plazo de hasta 3 años.
Para el armado del proyecto se realizó un análisis de los sectores de la Economía Social y Popular con mayor potencial para crecer e integrarse a las cadenas de valor de la Ciudad. Se trata de siete sectores que ya se encuentran funcionando pero que lo hacen debajo de su potencial, en la informalidad o con barreras sistémicas que limitan su crecimiento, como el bajo acceso al financiamiento, el poco desarrollo de su capacidad productiva o los pocos canales de comercialización a los que acceden. Estos sectores son: textil, alimentos, logística, cuidados, economía verde, construcción y comercio.