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Dejan de lado la Oficina Anticorrupción y tratan una ley de integridad pública
El oficialismo no tomó las recomendaciones del Frente de Todos y buscará sancionar una ley que amplía y complementa los preceptos preexistentes de en la Ley de Ética Pública.
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Como anticipó Revista Qué, la legislatura porteña dejó afuera la creación de una Oficina Anticorrupción en la Ciudad y busca crear un régimen de Integridad Pública. Para poder sancionarla deberá negociar hasta último momento los votos de los radicales que buscan cambiar el texto de la ley para dar su voto positivo al proyecto de ley.
La iniciativa proyecta crear una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), “las que actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención”, se explicó en las comisiones.
El objeto de la norma es “trabajar sobre los principios y deberes éticos, las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y la aplicación de sanciones por incumplimiento de los deberes”, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder en materia judicial y manteniendo las funciones de los organismos de control ya creados y en funciones.
“La ley de ética pública de 2013 ha quedado corta en relación con los estándares internacionales”, indicó la diputada. “La integridad pública significa un estándar superior a la ética y requiere precisar las responsabilidades institucionales”, manifestó la autora del proyecto Cecilia Ferrero.
La iniciativa proyecta crear una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), “las que actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención”, se explicó en las comisiones.
El objeto de la norma es “trabajar sobre los principios y deberes éticos, las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y la aplicación de sanciones por incumplimiento de los deberes”, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder en materia judicial y manteniendo las funciones de los organismos de control ya creados y en funciones.
“La ley de ética pública de 2013 ha quedado corta en relación con los estándares internacionales”, indicó la diputada. “La integridad pública significa un estándar superior a la ética y requiere precisar las responsabilidades institucionales”, manifestó la autora del proyecto Cecilia Ferrero.