NI UNA MENOS
18/02
Femicidios: una legisladora del FdT exigió una reforma judicial "profunda"
La presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco, se movilizó para exigir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo e insistió en la necesidad de una reforma judicial y de las fuerzas de seguridad.

En medio de las movilizaciones para exigir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo, la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia y legisladora del Frente de Todos (FdT), Laura Velasco, exigió una reforma judicial “profunda” y en las fuerzas de seguridad con perspectiva de género.

La diputada participó de las movilizaciones que se llevaron a cabo en los Tribunales de todo el país y remarcó que “queremos que se apliquen políticas públicas con perspectiva de género y en todas las jurisdicciones tengamos ministerios de las mujeres, géneros y diversidad, así como existe en el plano nacional y en la provincia de Buenos Aires, para que se lleven adelante políticas específicas y con presupuesto contra la violencia de género”.

Además planteó “una reforma profunda de la Justicia y las fuerzas de seguridad desde una perspectiva feminista” y advirtió acerca de que “según datos del Observatorio Ahora que sí nos ven, entre el 1 de enero y el 9 de febrero del 2021, se cometieron en nuestro país 38 femicidios. El 12% fueron llevado a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad”.

“Lamentablemente, los casos continúan; como el de Ivana Módica en Córdoba, en el que el principal sospechoso es su pareja, piloto de la Fuerza Aérea provincial; el de una docente en Formosa, asesinada por un policía y un doble femicidio en Santiago del Estero”, añadió.

Sobre esa misma línea, Velasco explicó que “por eso es urgente que se apliquen las leyes Micaela para la formación de todas nuestras fuerzas de seguridad y de la Justicia y que avancemos con la Educación Sexual Integral (ESI)  para transformar nuestra sociedad desde una perspectiva de respecto e igualdad de género” y aseveró que “necesitamos avanzar en tener mecanismos que den respuesta a las mujeres y disidencias que hacen denuncias y que piden ayuda frente a casos de violencia, y que esa respuesta del Estado sea rápida y efectiva”.